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Lunes, 29 de septiembre.- La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FFAA) no cumplen el Decreto Supremo 29.543, emitido en abril pasado por el presidente Evo Morales, para restringir la tenencia y uso de armas de fuego y municiones de uso policial, militar y civil.

En las últimas movilizaciones de sectores sociales afines al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), las organizaciones campesinas mostraron públicamente armas y municiones que tenían en su poder e incluso advirtieron con usarlas, sin embargo, ninguna de las dos instituciones hizo nada por confiscarlas.

El pasado 22 de septiembre, miles de productores de hoja de coca, afines al Gobierno, llegaron en marcha hasta el penal de San Pedro protestando contra el prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández, quien guarda detención preventiva por los sucesos del 11 de septiembre en ese departamento. Varios grupos de cocaleros portaban machetes, escopetas, fusiles y cachorros de dinamita.

Los cocaleros amenazaron con enviar 2.000 jóvenes para defender la unidad del país y para lograr la aprobación del nuevo texto constitucional. Este sector exhibió sus armas frente a los efectivos policiales que resguardaban el penal de San Pedro; ninguno hizo nada para decomisar el armamento.

En los distintos puntos de bloqueo a Santa Cruz, que sectores sociales “masistas” comenzaron el 15 de septiembre pasado y que ingresó en cuarto intermedio el 23 de septiembre, también se observó a los manifestantes portando escopetas, fusiles y dinamita. Estas armas y municiones tampoco fueron decomisadas.

El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, dijo públicamente a la ANF, que “en todos los puntos de bloqueo los campesinos están armados de palos, machetes, dinamita y fusiles Máuser”.

En cambio, el 15 de septiembre pasado, las Fuerzas Armadas sí confiscaron armamento bélico (una ametralladora, una escopeta, cuatro rifles, dos revólveres y varias cajas de cartuchos, balas y petardos), según informó el Gobierno, en casas particulares en la ciudad pandina de Cobija.

El presidente de los fiscales de Bolivia, Milton Mendoza, dijo que la Policía y las Fuerzas Armadas son las encargadas de hacer cumplir el decreto que prohibe la tenencia de armas, sin que sea necesaria una orden del Ministerio Público.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Pablo Caballero, reconoció, el pasado jueves, que la Policía no había decomisado ningún armamento ni municiones a sectores sociales. Según dijo, se daría la instrucción para hacer cumplir el decreto.

Sin embargo, para el fiscal Mendoza, por la coyuntura que vive el país no hubiera sido prudente decomisar ese armamento. “Ha visto lo que ha pasado con los fiscales (de Santa Cruz), lo propio podía pasar con la Policía y las Fuerzas Armadas”, manifestó.

El pasado 22 de septiembre, un grupo de fiscales dirigidos por el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, intentaron conversar con campesinos afines al gobierno que marchaban de Yapacaní a la capital cruceña, sin embargo, fueron agredidos y tuvieron que huir.

Desde que se aprobó el Decreto Supremo 29.543, hasta la fecha el gobierno recuperó y confiscó armamento en tres oportunidades. La primera fue la entrega voluntaria de 11 armas por comunarios de la provincia Omasuyos de La Paz.

El 8 de julio, efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), decomisaron en la tranca de Bulo Bulo en Santa Cruz, tres cajas que contenían armamento militar que era trasladado a la capital cruceña.

Fuente: El Diario