Cuatro proyectos de ley y un decreto supremo presentados desde 2013 han sido señalados como posibles amenazas a la libertad de prensa en Bolivia. Estos proyectos incluyen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Información Responsable, la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el artículo 281 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Derechos Humanos, presentados por el Movimiento al Socialismo (MAS), así como el Decreto Supremo 4231 emitido por el gobierno transitorio.
El último proyecto normativo, el artículo 281 que trata sobre la difusión e incitación al racismo o la discriminación, fue enviado en marzo al vicepresidente David Choquehuanca por el presidente Luis Arce para ser tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los cinco incisos del parágrafo I de la norma establecen sanciones de hasta siete años de cárcel para quienes difundan ideas de superioridad racial, promuevan o justifiquen el racismo o cualquier forma de discriminación, pronuncien o difundan discursos de odio basados en motivos racistas o discriminatorios, o inciten a la violencia o persecución por motivos similares.
Además, el enunciado II de la norma indica que las sanciones se agravarán en un tercio en el mínimo y una mitad en el máximo, y que los servidores públicos que cometan tales hechos serán inhabilitados por uno a tres años.
Los defensores de la libertad de prensa han expresado su preocupación por estas medidas, argumentando que podrían ser utilizadas para reprimir la disidencia y coartar la labor periodística. Por su parte, el gobierno ha asegurado que estas iniciativas buscan garantizar el respeto a los derechos humanos y combatir la discriminación en todas sus formas.