Desde 2014, YPFB adjudicó $us 8.788 MM a firma que está bajo la lupa en 4 países
Desde 2014 hasta 2022, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adjudicó al menos 8.788,2 millones de dólares a la internacional Trafigura, firma que está bajo la lupa en cuatro países. Ese monto corresponde a 32 contratos referidos al suministro de diésel oil y otros aditivos e insumos.
La documentación de dichas adjudicaciones está publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Los procesos fueron revisados por Página Siete entre el 21 y 24 de febrero.
“El año pasado hemos hecho una denuncia y hemos solicitado información a YPFB para ver si hay algún tipo de irregularidad. No tenemos respuesta, está en investigación. De forma personal también estamos investigando, cuando haya resultados los presentaremos”, señaló el diputado Hernán Hinojosa, del MAS.
En junio de 2022, el legislador cuestionó las adjudicaciones a esta empresa, por los antecedentes en otros países. Hizo la denuncia en medio de una escasez de diésel que, de acuerdo con lo dicho por YPFB, se debió a un problema logístico, por lo que se anunció una auditoría a la cadena de importación de combustibles.
En las últimas semanas, cuestionamientos similares fueron emitidos por exautoridades, legisladores y otros actores. Una vez más, se dan en un momento en el que YPFB se encuentra bajo la mira por diferentes temas.
“Durante las últimas semanas hemos recibido, yo diría , ataques que los calificaríamos como terrorismo mediático. No se puede calificar de otra manera a analistas o pseudoperiodistas que quieren, todos los días, poner en jaque a la población, para asustarla”, indicó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz.
Página Siete solicitó a Trafigura una entrevista o un pronunciamiento ante las acusaciones; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
8.788 MM a Trafigura
Entre el 21 y 24 de febrero Página Siete identificó y revisó 104 contratos firmados en los últimos nueve años, referidos al suministro de hidrocarburos líquidos, diésel oil o insumos y aditivos. Unos 32 se adjudicaron a Trafigura.
Eso no quiere decir que sean las únicas contrataciones hechas a la firma. Debido a que la búsqueda se hizo con un objeto de contratación específico, es posible que haya muchas otras bajo otros objetos, nombres u empresas que forman parte del grupo Trafigura. De las 32 adjudicaciones, 15 fueron concretadas entre diciembre de 2013 y octubre de 2019, es decir durante la presidencia de Evo Morales. En ese lapso los contratos firmados sumaron 6.351,1 millones de dólares.
Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, bajo la presidencia de Jeannine Añez, se firmaron cinco de dichos contratos. El monto total fue de 585,4 millones de dólares. En YPFB, durante este año hubo al menos tres presidentes. Todos cambiados por denuncias de corrupción, talón de Aquiles de los titulares de Morales.
Ya en la gestión de Luis Arce (de noviembre de 2019 a la fecha) se firmaron 11 contratos. El monto total adjudicado asciende a 1.851,7 millones de dólares.
Se puede ver que Trafigura trabaja con el Estado desde hace varias gestiones y se adjudicó al menos 8.788,2 millones de dólares. Aunque antes solía ser la única proveedora en una adjudicación, con el paso de los años fue compartiendo los ítems con otras empresas.
Aunque en algunos casos hay varios proponentes, no están catalogadas como licitaciones públicas. Sin excepción, las “fichas del proceso de contratación” están registradas como “Otras Modalidades”. En varias, en los contratos se habla de “contrataciones por excepción”.
En la revisión, también se observó que además de Trafigura, Vitol es otra de las proveedoras recurrentes de YPFB desde hace varios años. Dicha firma también es cuestionada en otros países.
¿Por qué observa los contratos?
Uno de los casos de corrupción más grandes y conocidos en Ecuador es “Sobornos y preventas en Petroecuador 2010-2021” (caso Nilsen Arias). El pasado 16 de febrero, la Fiscalía ecuatoriana vinculó a tres de los principales eslabones de la red a tres empresas comercializadoras en el rubro de hidrocarburos, haciendo un total de 10 procesados a los que se les prohibió la enajenación de sus bienes.
Seguramente se pregunta qué tiene que ver esa noticia con las contrataciones de YPFB en Bolivia. Y es que las tres empresas vinculadas por sus exrepresentantes son: Gunvor, Vitol y Trafigura. Fundada en 1993, Trafigura Pte. Ltd es una empresa multinacional de comercialización de productos básicos, constituida en Singapur. Es la comerciante privada de metales más grande del mundo y la segunda en el rubro del petróleo.
Opera a través de una red compleja de más de 100 filiales en todo el mundo, con oficinas operativas principales en Ginebra y Singapur. Sólo en Bolivia los contratos fueron firmados desde Trafigura Pte. Ltd., Trafigura Chile Limitada y Trafigura Beheer BV. Eso sin contar otras empresas que forman parte del grupo empresarial y que están en la lista de proveedores del Estado como Impala Terminals Paraguay SA o Puma Energy Panamá.
El mencionado caso Petroecuador (porque hay más de uno) no sólo se investiga en el país sudamericano. Desde 2020, la justicia de Estados Unidos indaga en las redes de Nilsen Arias, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017, y otros dos funcionarios y empresarios, los hermanos Peré.
De acuerdo con un documento emitido, los tres crearon varias empresas en paraísos fiscales. Éstas eran usadas para lavar el dinero de los sobornos que las multinacionales pagaban, para intermediar los negocios de Petroecuador.
La acusación formal de EEUU contra Arias menciona a 16 personas y 17 empresas, firmas comercializadoras o intermediarias. Si bien el nombre de ellas se mantiene en reserva, legisladores ecuatorianos sostienen que se trata de Petrochina, Petrotailandia, Unipec, Vitol, Ancap, Omantrading y Trafigura.
Una investigación de El Universo y Connectas identificó 17 empresas offshore ligadas a los hermanos Peré en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Estados Unidos. Una de ellas recibió sobornos de otra empresa pantalla en Paraguay que está, presuntamente, ligada a Trafigura. Pero ni en Paraguay, Ecuador o Estados Unidos la justicia comprobó o juzgado alguna irregularidad sobre esta relación. Hasta el momento.
En Brasil y México
Pero no son las únicas dos investigaciones en las que la internacional está en la mira. En diciembre de 2018, desde la Fiscalía de Brasil afirmaron públicamente que las empresas Glencor, Vitol y Trafigura pagaron más de 30 millones de dólares a empleados de la estatal Petrobras, para “asegurar negocios”.
Estos sobornos, pagados entre 2009 y 2014, están incluidos en las investigaciones de Lava Jato; el caso de corrupción más grande y sonado de Brasil.
De acuerdo con reportes de prensa del vecino país, entre 2004 y 2015, Trafigura realizó cerca de 966 operaciones comerciales con Petrobras. El costo total habría sido de 8.700 millones de dólares. La firma fue involucrada por el testimonio de uno de los intermediarios, quien nombró a su codirector de comercio de petróleo J.L. y su director de operaciones M.W.
En la región
Por su dimensión y el contexto político de la región, el caso fue como un terremoto que se replicó en otros países como Argentina, México o Colombia. Se abrieron investigaciones que no siempre dieron resultados.
México es otro de los países que puso a Trafigura en la mira. No sólo por presuntos sobornos. Hay al menos tres contratos entre la firma y Pemex, que fueron observados por presuntas ventajas dadas a la internacional. Se desconoce el fin de la denuncia.
A finales de septiembre de 2021, la Secretaría de Energía (Sener) de México anunció la suspensión de cinco permisos otorgados a Trafigura para la importación de gasolinas y otros productos. La autoridad no explicó entonces las razones por las cuales tomó la medida.
Semanas después, el presidente Manuel López Obrador indicó que “famosas” empresas extranjeras transportaban combustible de contrabando. En su alocución mencionó a Trafigura.
La firma negó las acusaciones y presentó toda la documentación necesaria para restablecer sus permisos.
¿Trafigura vetada?
Aunque varios de los denunciantes afirman que la transnacional está vetada en varios países, la verdad es que opera en todos pese a los antecedentes.
“Solicité información a YPFB para ver si hay alguna irregularidad. Estamos investigando”.
Hernán Hinojosa, diputado
“Durante las últimas semanas hemos recibido ataques que los calificamos como terrorismo”.
Franklin Molina, YPFB
Desde privilegios al hijo de Arce, hasta la escasez; denuncias caen sobre YPFB
En las últimas semanas, en medio de una pugna que crece al interior del partido de Gobierno, llueven las denuncias en contra de algunas entidades estatales, especialmente YPFB. Tráfico de influencias, escasez e irregularidades son algunas.
La semana pasada el diputado Héctor Arce, del MAS, denunció que en el tema de la explotación del litio hubo “negociados en la oscuridad”. Apuntó al hijo del presidente Luis Arce, Marcelo Arce, como artífice de la irregularidad.
“Presumimos que hubo negociados bajo la oscuridad y debajo de la mesa para favorecer a algunas empresas. El hijo de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, Marcelo Arce, está a la cabeza de estos negociados. Incluso, en plena campaña, aparentemente el hijo ya estaba negociando, porque sabían que iba a ser presidente”, aseguró el legislador oficialista, en una rueda de prensa.
Apoyó su denuncia en correos electrónicos, fotografías y un audio de las reuniones entre Arce hijo y los ejecutivos de la empresa adjudicada. El caso fue remitido al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y al mismo mandatario.
A días de esta conferencia, el exministro de Gobierno Carlos Romero denunció en una entrevista, con un medio televisivo y otro digital, presuntas irregularidades y acaparamiento en la contratación de las proveedoras de combustibles, específicamente Trafigura. Afirmó que hay sobreprecios y otros aspectos que deben ser investigados.
Adicionalmente, desde la gestión pasada hay momentos en los que se siente la escasez de combustible en diferentes surtidores del país, especialmente en el oriente. La alerta corrió por las redes sociales y se especuló que el desabastecimiento se debía a la falta de pago a la proveedora Trafigura.
Desde YPFB se negó esta última denuncia y se hizo hincapié en que la empresa cumple con todas las normas. No se pronunció sobre las primeras dos.
La carga de las importaciones
El monto adjudicado a Trafigura por el suministro de combustibles, como el diésel, es millonario. Pero éste corresponde sólo a una de las proveedoras. El monto total para todo el abastecimiento es uno de los gastos más pesados para el Estado. Eso sin contar las subvenciones.
Por ello el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, afirmó que se busca bajar la importación del combustible.
“Con una inversión de 387 millones de dólares, se avanza en el proyecto integral que incorpora dos plantas de biodiésel, cada una con una capacidad de 1.500 barriles por día. Pero también se contará con una planta con tecnología HVO, conocida como biodiésel de segunda generación”, indicó la autoridad durante la “Rendición final de cuentas públicas 2022”, realizada el viernes.
La autoridad espera que como resultado principal, el país empiece a producir el combustible ecológico, para sustituir las importaciones de las que hoy depende.
Resaltó que la subvención de combustibles representa un impacto bastante fuerte para la economía del país.
“Entre la subvención de gasolina y combustibles, estamos hablando de un presupuesto estimado de mil millones de dólares, solamente en términos de subvención. Eso más allá de lo que significan los recursos por la importación, que son costos adicionales que representan una carga bastante pesada”, manifestó Molina.
Desde 2006, YPFB tuvo 14 presidentes
La corrupción en YPFB no parece ser algo extraño. Desde 2006 han pasado por su presidencia 14 servidores públicos. Al menos ocho fueron observados y removidos de su cargo por presuntos actos de corrupción.
De enero a julio de 2006, el cargo fue ocupado por Jorge Alvarado. Fue destituido por un contrato lesivo al Estado. En agosto se posesionó a Juan Carlos Ortiz, reemplazado abruptamente, en enero de 2007, por Manuel Morales Olivera, quien fue destituido por 44 contratos petroleros irregulares.
En marzo de 2007, asumió el cargo Guillermo Aruquipa. En 2008 fue relevado con denuncias de nepotismo. Un año después fue aprehendido por la conformación irregular de la sociedad mixta YPFB y Sipsa.
En marzo de 2008, se posesionó a Santos Ramírez. Su gestión terminó en enero de 2009, tras el asesinato de Jorge O’Connor cuando iba a entregar una coima para adjudicarse la planta de Río Grande.
En 2009, Carlos Villegas asumió la presidencia y se mantuvo en el cargo hasta su muerte en 2015. Fue sustituido por Guillermo Achá; su salida se dio en junio de 2017, tras la firma de un contrato irregular para la compra de taladros.
En su lugar, Óscar Barriga entró como interino de la estatal hasta la renuncia de Evo Morales en 2019.
La gestión transitoria de Jeanine Añez no fue la excepción. En un año hubo cuatro ejecutivos.
En noviembre de 2019, el primero fue José Luis Rivero. En diciembre, fue destituido al decir que la estatal estaba quebrada. Lo sustituyó Herland Solíz, quien luego fue relevado por despidos masivos y tres contratos irregulares.
En mayo de 2020 se posesionó a Richard Botello. Dejó el cargo en octubre, por motivos de salud. Lo sustituyó la primera presidenta de YPFB, Katya Diederich.
El primer ejecutivo de la gestión de Luis Arce fue Wilson Zelaya. Se alejó del cargo en diciembre de 2021, por motivos de salud. Desde entonces el cargo lo ocupa Armin Dorgathen Tapia.
Fuente: Pagina Siete