Mercurio: sólo 90 de 190 toneladas importadas se van a la minería legal

Hasta 2014, el país importaba 10 toneladas de mercurio, pero desde 2015 esta cifra se disparó hasta llegar, en promedio de los pasados siete años, a 192 toneladas anuales. Este compuesto, altamente contaminante, se emplea en la explotación de oro, pero sólo 90 toneladas se emplean en el país de forma legal. El restante se va a la minería ilegal o pasa por contrabando a otros países de la región.

“Desde el 2015, Bolivia está importando, en promedio, 192 toneladas de mercurio por año. Algunos estudios del propio sector minero estiman que entre 60 y 90 toneladas se requieren para el sector formal. Se asume que el excedente es algo como que va a la minería ilegal o se vende de forma ilegal a los países vecinos”, declaró Óscar Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

¿Para qué sirve el mercurio?

El mercurio se emplea para separar oro de las rocas o sedimentos en los que se encuentra. En Bolivia este metal líquido se usa, principalmente, para la minería de oro “artesanal”, pero según el Cedib existen entre 1.200 y 1.300 cooperativas que emplean este producto en la Amazonia. “En particular el norte de La Paz, los Yungas, a lo largo del río Beni y Madre de Dios son las principales zonas auríferas, pero también hay minería aurífera en Santa Cruz en municipios de San Ramón, Guarayos, San Javier y en la mina San Simón, del Beni”, agregó el investigador.

La entidad boliviana en coordinación con la universidad de Cartagena llevó adelante un monitoreo a las comunidades indígenas que viven a lo largo de las cuencas Madre de Dios y Beni, como afirmó Jesús Olivero, docente de esta casa de estudios. “La gran mayoría de las personas tienen niveles de mercurio por encima de lo que es recomendable (una parte por millón). Nosotros encontramos que las concentraciones, en promedio, están entre cinco a 10 partes por millón y consideramos que el nivel de contaminación es moderado a bajo”, afirmó.

Incluso Olivero dijo que hay indicadores más altos y halló una persona que tenía 100 partes por millón de mercurio. “Esta persona trabaja en una balsa en la cuenca Madre de Dios, pero esto significa una alerta para identificar estos problemas en las personas que están más expuestas”, advirtió.

El experto dijo que con menos de una parte por millón la persona ya puede tener problemas neurológicos, luego vendrán problemas cardiovasculares y renales. El Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, alertó hace un mes que las mujeres Esse Ejja presentaron niveles “extremadamente” altos de mercurio en sus cuerpos.

“Un estudio reciente revela que las mujeres en edad fértil de este pueblo tenían una carga corporal de mercurio extremadamente alta, este es un pueblo que no se dedica a la extracción de oro ni actividades industriales y la única exposición al mercurio que se le conoce es a través del pescado”, mencionó Orellana durante su intervención en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El incremento de las importaciones de mercurio va en ascenso, pese al convenio de Minamata, que entró en vigor el 16 de agosto de 2017 y establece que los Estados parte deberán realizar una serie de tareas para prevenir los daños causados a la salud por el mercurio. Campanini destacó que Bolivia e convirtió en el principal importador de mercurio del mundo y pese a los convenios suscritos, los controles son “insuficientes o casi nulos”.

Falta de control

Cedib El investigador Óscar Campanini advirtió que no se controla cuánto ingresa, dónde llega, dónde se almacena y dónde dispone el mercurio, pese a que la Ley del Medio Ambiente -de 1990- tiene medidas para que el Estado pueda controlar su internación.

Conclusión Desde el 2018, los ministerios de Medio Ambiente y de Minería desarrollaron un proyecto de decreto supremo que busca controlar la importación. “Este esfuerzo fue truncado en tres ocasiones por las instancias superiores de aprobación de proyectos de decreto (Udape) por presión del sector cooperativista”.

Fuente: Pagina siete