Cancillería rechaza «interpretaciones engañosas» sobre declaración que protege la salud y los derechos sexuales de niñas y mujeres
La Cancillería rechazó las «interpretaciones engañosas» que pretenden mostrar como un intento de «promoción del aborto» a una declaración suscrita, entre varios países, para la protección de la salud, los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, durante la crisis por el coronavirus, pues el documento «coincide» con los derechos fundamentales y las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza las engañosas interpretaciones que pretende mostrar esta declaración internacional como un intento de promoción del aborto», señala parte de un comunicado emitido por esa cartera de Estado.
El 6 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia suscribió, junto a más de 59 países, una declaración conjunta, promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que reconoce la protección de la salud, los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en la crisis del COVID-19.
En esa línea, la Cancillería afirmó que dicha declaración es «coincidente» con los derechos fundamentales y las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE), incluyendo el derecho a la salud, la prohibición de la discriminación fundada en la orientación sexual, el derecho a no sufrir violencia sexual y la prevención de la violencia de género.
El documento fue firmado luego que la ONU gestionó el encuentro entre las autoridades diplomáticas con el fin de establecer lineamientos de trabajo conjunto. Asimismo, se convocó a todos los actores para apoyar la respuesta a la emergencia sanitaria, pero sobre todo para coadyuvar a los países más vulnerables. Se trató de un encuentro virtual en el que participó la canciller Karen Longaric.
En ese entendido, la Cancillería sostiene que dicha declaración resalta que la humanidad se enfrenta a una amenaza sin precedentes, como consecuencia de la enfermedad, que tiene un impacto devastador en todo el mundo, en los sistemas de salud, las economías y en la vida de sus habitantes.
También establece que la pandemia afecta a las mujeres y a los hombres de modo diferente; empeora las desigualdades que sufren las mujeres y las niñas e incrementa la discriminación de grupos marginados, como las personas con discapacidad y las poblaciones que viven en extrema pobreza.
«Hay riesgo de que se violen los derechos humanos de las mujeres y las niñas», señala el documento.
Por ello, el acuerdo plantea que la participación de las mujeres y las niñas, y su protección, deberían ser centrales en los esfuerzos para detener la enfermedad.
Asimismo, alerta que las medidas restrictivas diseñadas para limitar la propagación del virus han aumentado el riesgo de la violencia doméstica, incluida la violencia de pareja.
«Es necesario implementar medidas específicas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas», señala la declaración.
Indica que los sistemas de salud y de protección social, así como los sistemas legales que protegen a las mujeres y a las niñas se han visto debilitados por la respuesta al virus.
En esa línea, propone que las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial y los de protección contra la violencia de género, deben declararse prioritarios.
En tanto, afirma que se debe otorgar la protección social y garantizar la salud, los derechos y bienestar de los y las adolescentes durante el cierre de las escuelas por la emergencia sanitaria.
También, reitera el compromiso de la inmediata puesta en práctica de la declaración sobre el acceso universal a los servicios de salud.
«Las enfermedades respiratorias en mujeres embarazadas, particularmente las infecciones por COVID-19, deben ser atendidas con urgencia debido al mayor riesgo de resultados adversos durante el embarazo y el parto», establece el documento.
Red Central/AQZ/LM/VCT