Problemas técnicos y legales retrasan facturación electrónica
Dificultades tecnológicas, administrativas y hasta legales retrasarán la implementación del Sistema de Facturación Electrónica (SFE), según dos expertos en el área legal tributaria y contable. Ambos dudan que en agosto pueda arrancar el nuevo esquema.
El SFE implementado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) debía entrar en vigencia el 1 de marzo, sin embargo, fue aplazado “por lo menos hasta agosto”, luego de que el Ministerio de Economía diera curso a las impugnaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Cámara Nacional de Industrias (CNI), Boliviana de Aviación (BoA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“La implementación del SFE demandará a los contribuyentes mejorar sus condiciones tecnológicas, eso quiere decir mejores conexiones de internet y equipos, además de la obtención de nuevos sistemas de facturación y eso tiene un costo que va a afectar sobre todo a los pequeños negocios y aunque el SIN ofrezca dotar de un sistema de facturación electrónica de manera gratuita, éste se deberá adaptar a cada tipo de negocio”, indicó un auditor que prefirió mantener su nombre en reserva.
Como otra dificultad, apuntó al incremento de los costos administrativos para la aplicación del nuevo sistema, ya que su uso demandará un proceso de aprendizaje por parte de los empleados, con el correspondiente gasto de tiempo y recursos.
“Actualmente, con todas las resoluciones del SIN y la obligación de envío de información que demanda la administración tributaria se ocupan cerca de 1.025 horas anuales y la aplicación del SFE subirá esa cifra, generando mayores costos para las empresas”, agregó.
Otro de los expertos consultados, quien también prefirió no dar su nombre, señaló que más allá de estos problemas, existen vacíos legales respecto al uso de la firma digital, necesaria para una de las modalidades de facturación electrónica y respecto a las opciones de notificación que plantea el SIN.
“Los problemas tecnológicos y administrativos son importantes y pueden ser resueltos con el tiempo, pero el mayor impedimento para poder aplicar el SFE es la falta de una legislación adecuada para la validación de la firma digital y sobre las nuevas modalidades de notificación que plantea impuestos”, observó.
El experto en derecho tributario indicó que actualmente no hay manera de validar o desvirtuar una firma digital en un proceso judicial. Asimismo, las nuevas modalidades de notificación de impuestos no tienen un respaldo legal, lo que puede derivar en multas injustificadas para los contribuyentes.
“En materia fiscal no hay legislación sobre la firma digital, hay un vacío legal sobre cómo se va a validar. Si vamos a un juicio, cómo se va a hacer valer o desvirtuar esa firma, en segundo lugar dicen que las notificaciones van a ser a través de correos electrónicos y WhatsApp y obviamente eso no tiene respaldo legal, por que posiblemente el contribuyente haya cambiado de teléfono o de correo electrónico o se trata de una persona que no usa estos medios digitales”, puntualizó.
Ambos expertos señalaron que es poco probable que el SFE pueda ser aplicado exitosamente en agosto, si es que no se solucionan estos problemas mediante la coordinación con el sector privado.
“El problema es que no se ha coordinado con los contribuyentes, simplemente se ha intentado aplicar un nuevo sistema sin ahondar en las particularidades de cada uno de los actores”, explicó el auditor consultado por este medio.
Economía acepta sólo dos de 22 observaciones
El Ministerio de Economía y Finanzas aceptó sólo dos de las 22 observaciones que hicieron dos cámaras y dos empresas estatales que presentaron impugnaciones al Sistema de Facturación Electrónica (SFE).
Además pidió aclarar seis artículos de la Resolución Normativa de Directorio 101800000026 del Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) que establece la vigencia del SFE.
“Debido al grado de complejidad normativa y técnica del sistema de facturación, la implementación del mismo en el plazo previsto para el primer grupo no es razonable, por lo que el SIN deberá evaluar y fijar un plazo mayor de acuerdo con las características del sistema y las condiciones técnicas u otras de los usuarios”, precisa la resolución 30 del 18 de enero del Ministerio de Economía y Finanzas.
Según la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el Sistema de Facturación Electrónica genera cargas adicionales para quienes se encuentran correctamente empadronados y, a su vez, de manera indirecta delega facultades que son reconocidas al propio ente recaudador, lo cual agrava las obligaciones, no sólo formales encomendadas por el sistema tributario a los contribuyentes.
Además el SIN estableció un plazo de adecuación irracional y sin considerar un período de prueba ni una socialización.
Pagina Siete.