Gobierno dispone que multas a bancos vayan a la renta dignidad

Las multas que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) cobra a bancos y otras entidades reguladas serán utilizadas para financiar el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), así como también otros proyectos de inversión y programas sociales. Expertos señalan que esto muestra que el Estado tiene problemas de iliquidez y busca nuevas fuentes de financiamiento para proyectos.

Esta disposición está incluida en el Decreto Supremo 4783, publicado la semana pasada, que también dispone que las empresas públicas y con participación mayoritaria del Estado aporten un porcentaje de sus utilidades y dividendos al Tesoro General de la Nación (TGN) para financiar proyectos de inversión.

El FRUV recibe recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), dividendos de las empresas capitalizadas y nacionalizadas, y los rendimientos de sus inversiones con los cuales garantiza el pago de la Renta Dignidad y de los gastos para funerales de sus afiliados.

Según información de la Memoria Institucional de la ASFI, en 2021, las multas impuestas al sistema financiero alcanzaron los 26,8 millones de bolivianos.

En 2021, el pago de la Renta Dignidad a sus 1,18 millones de beneficiarios demandó 4.723,7 millones de bolivianos y se estima que este año demandará Bs 5.834 millones.

De acuerdo con el presidente del Colegio de Economístas de Tarija, Fernando Romero, esta medida podría generar susceptibilidad en el sistema financiero porque se estarían utilizando capitales privados para financiar proyectos públicos.

“Esto puede crear cierta susceptibilidad en la banca privada, ya que financiaría con dineros privados políticas públicas, que deben ser analizadas en sus competencias y dentro del marco legal vigente”.

Asimismo, indicó que la medida demuestra que el Gobierno está buscando nuevas formas de financiar sus proyectos y el FRUV, ante la caída de las utilidades de las empresas y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en los últimos años.

“Esta medida demuestra, de cierta manera, iliquidez del Estado boliviano y una baja de las fuentes de financiamiento tradicional para estos fines; cabe recordar que las utilidades de las empresas nacionalizadas no son de las más óptimas; incluso hay varias con pérdida, y el IDH, durante el 2014-2021, descendió en un 60%, que también se constituye en un fondo para apoyar económicamente a la FRUV, la cual ha presentado déficits operativos”, expresó.

Por su parte, el analista Jaime Dunn agregó que la norma da a entender que el Gobierno no sólo busca recaudar recursos a través de la ASFI, sino que en un futuro también podría echar mano de los recursos provenientes de las multas cobradas por otras entidades fiscalizadoras, como la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), entre otras.

“Como se han reducido los ingresos del IDH por la caída de los precios, también se han reducido los ingresos del FRUV, por esto se están viendo alternativas de mantener la vigencia del fondo y de darle una sostenibilidad en el tiempo”, explicó Dunn.

Fuente: Pagina Siete

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