Gobierno anuncia protección a autoridades electorales tras amenazas de sectores evistas
Aguilera y Ríos denuncian intimidación contra vocales del TSE y oficiales militares, y garantizan seguridad ante intentos de amedrentamiento
Las principales autoridades del Ministerio de Gobierno anunciaron este viernes que se desplegarán medidas de protección y resguardo para los vocales electorales y todas las personas que han sido amenazadas por grupos afines a Evo Morales, en el marco de las movilizaciones que buscan forzar su habilitación como candidato presidencial.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, aseguró que el gobierno no permitirá que se impongan acciones de intimidación que atenten contra la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo del proceso electoral. “Desde el gobierno boliviano garantizamos la seguridad física de quienes han sido hostigados por intereses personales”, declaró en alusión a Morales.
Durante la semana, dirigentes evistas como Enrique Mamani advirtieron públicamente que conocen los domicilios y nombres de los familiares de vocales del Tribunal Supremo Electoral, como Óscar Hassenteufel y Tahuichi Quispe, amenazando con difundir esa información si no se libera a los 26 aprehendidos tras los enfrentamientos en la plaza Abaroa, ocurridos el jueves.
A estas amenazas se sumó el diputado Héctor Arce, del ala evista del MAS, quien acusó al general José Illanes Riveros de presuntamente conformar un grupo de élite para detener a Morales, advirtiéndole que conocen detalles de su vida personal y la de su familia. El miércoles, también se reportaron intimidaciones hacia oficiales de las Fuerzas Armadas en el trópico de Cochabamba.
Aguilera también denunció que los cocaleros del Trópico estarían siendo obligados a participar en las protestas en La Paz bajo amenaza de sanciones económicas por parte de sus federaciones. “Si no asisten al TSE, deben pagar una multa”, afirmó.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, respaldó las declaraciones de su viceministro y advirtió que existe una clara intención de conspirar contra las elecciones de agosto. Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo garantizará que el pueblo boliviano pueda votar en paz y libertad.
“Vamos a hacer cumplir la ley con firmeza y respeto a los derechos humanos. La protesta no puede convertirse en un pretexto para vulnerar otros derechos”, enfatizó Ríos, al reiterar el compromiso del gobierno con la estabilidad democrática y la seguridad nacional.