Fallo judicial amenaza proceso electoral: Legisladores en la encrucijada
- La Asamblea Legislativa Plurinacional se enfrenta a decisiones cruciales tras el dictamen de la Sala Constitucional de Pando.
La Asamblea Legislativa Plurinacional ha recibido una notificación de impacto este martes, derivada del fallo emitido por la Sala Constitucional de Pando, que revoca la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Este pronunciamiento, que sacude los cimientos del proceso electoral, plantea un desafío fundamental para los legisladores, quienes deberán decidir el rumbo a seguir en medio de una encrucijada jurídica.
La determinación de la Sala Constitucional surge tras una audiencia celebrada hace una semana, donde se concluyó que los derechos de una postulante indígena de Pando fueron vulnerados, demandando así la realización de un nuevo proceso de preselección. Este veredicto ha suscitado reacciones encontradas entre los actores políticos, generando un ambiente de incertidumbre respecto al futuro de las elecciones judiciales.
El senador Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, ha expresado su rechazo contundente hacia el fallo judicial, calificándolo de inconstitucional y como una afrenta a los derechos de los demás postulantes que continúan en la contienda por cargos de magistrados. En sus declaraciones, Rejas lamenta la paralización del proceso electoral como consecuencia directa de esta decisión judicial.
«Estos señores vocales de la Sala Constitucional de Pando han logrado, lamentablemente, detener nuestro proceso en estos momentos y, por ende, suspender temporalmente las elecciones judiciales», manifestó Rejas, destacando la gravedad de la situación.
El Senador del MAS ha anunciado la realización de un informe para evaluar las acciones a tomar en conjunto con el pleno de la Asamblea, dejando entrever la posibilidad de desobedecer la resolución de la Sala Constitucional. Entre las alternativas barajadas se encuentra la emisión de una ley corta de manera urgente, así como la no acatamiento de la determinación judicial, argumentando que esta vulnera los derechos de los postulantes en competencia.
Las denuncias de presunta colusión entre el Gobierno y los jueces, esgrimidas por los sectores «evistas» y opositores, han exacerbado aún más la controversia en torno a este fallo. Se señala que esta resolución estaría motivada por intereses políticos y la búsqueda de beneficios mutuos entre ambas partes.
Desde la oposición, la senadora Silvia Salame ha manifestado su posición contraria a la emisión de una ley corta, argumentando que la única salida viable es continuar con el proceso de preselección, dado que la normativa de convocatoria ya ha superado un control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Salame hace hincapié en la importancia de ponderar el control de constitucionalidad que respaldó la ley de preselección, frente a la resolución de la Sala Constitucional de Pando, la cual aún está sujeta a confirmación.
En medio de esta disputa jurídico-política, la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra ante una encrucijada de decisiones trascendentales, cuyo desenlace determinará el futuro del proceso electoral y, en última instancia, la legitimidad del sistema judicial boliviano.