Exministro de Minería de Evo Morales es aprehendido por demanda millonaria en caso de litio
Estado Boliviano presenta demanda contra exfuncionarios del gobierno de Evo Morales por daño económico en proyecto de litio.
23 de abril de 2024 (FmBolivia).- La tarde de este lunes, Luis Alberto Echazú, exministro de Minería y principal impulsor del proyecto de explotación e industrialización del litio durante el gobierno de Evo Morales, fue aprehendido tras una demanda presentada por el Estado Boliviano contra 11 exfuncionarios por un daño económico que supera los 425 millones de bolivianos.
La demanda penal, interpuesta por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), señala a 10 exdirectivos y a una empresa contratista por problemas detectados en 18 piscinas evaporíticas que no pueden entrar en operaciones, afectando la provisión de materia prima a la planta de carbonato de litio.
El hermano de Echazú, Jorge Echazú, confirmó la aprehensión y expresó desconocimiento sobre los cargos específicos que enfrenta.
El pasado 18 de abril, YLB activó la denuncia penal ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la construcción de las piscinas industriales, que se suman a los obstáculos que han retrasado el proyecto de explotación e industrialización del litio, anunciado como exitoso durante el gobierno anterior.
La presidenta de YLB, Karla Calderón, acompañada del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, y del procurador del Estado, César Siles, informó que la denuncia es resultado de una auditoría técnica interna que reveló incumplimientos en las especificaciones técnicas, deterioro de las geomembranas instaladas y uso indebido de las piscinas industriales.
Estas irregularidades, detectadas durante el reinicio de la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio en 2021, han ocasionado un grave perjuicio económico y de gestión en el circuito industrial de piscinas del complejo del litio en el salar de Uyuni.
La demanda presentada por YLB busca que se investigue y se sancione a los responsables por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato, en un caso que representa un importante revés para uno de los proyectos emblemáticos del gobierno anterior.