Tiburones contra peces gordos: Sosa y Fernández se acusan por corrupción
Personal de las gestiones de la exalcaldesa Angélica Sosa y del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, están enfrentados en una dura batalla en el ámbito político y jurídico, con acusaciones que, por un lado, hacen referencia a un “Plan Tiburón”, y del otro lado, hablan de “cacería de peces gordos”, a raíz de varios hechos de corrupción que provocaron un daño millonario al municipio cruceño.
Primero, Sosa, detenida en Palmasola por el caso ítems fantasmas, escribió cartas que fueron publicadas el fin de semana en redes sociales de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT). En ellas, acusa a Fernández y sus asesores de impulsar el “Plan Tiburón” para desprestigiarla y de esa forma tapar los hechos de corrupción del actual alcalde.
Para la exalcaldesa, Fernández debe ser investigado por cómo logró ser candidato a la Alcaldía cuando tenía una sentencia condenatoria por un caso de una deuda al Estado que supera los 50 millones (no especifica si son bolivianos o dólares); por el pacto de gobernabilidad que impulsó con su partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS) a cambio de cuotas de poder y pegas; y por el reciente tema del contrato irregular de recojo de basura en el municipio. La Fiscalía anunció que analizará las cartas de Sosa.
Ante esas denuncias, la directora de Transparencia de la Alcaldía de Santa Cruz, Adriana Pedraza, salió al paso para negar las sindicaciones, a las que calificó como un despropósito que busca politizar y desinformar a la ciudadanía.
“No existe ningún Plan Tiburón, por eso me van a disculpar, pero es que me causa mucha risa, lo que sí yo sé y les puedo demostrar, pero con pruebas, es que existe una cacería de peces gordos”, apuntó Pedraza, en relación con 18 procesos por corrupción activados contra exfuncionarios de la anterior gestión municipal, incluida Sosa.
Informó que el año pasado la gestión de Fernández interpuso denuncias contra más de 40 personas implicadas en corrupción, hechos detectados en diferentes reparticiones del anterior ejecutivo municipal.
Pedraza dijo que los procesos tienen que ver con más de 1.200 contrataciones irregulares realizadas de 2009 a la fecha, destrucción de bienes en el frigorífico municipal, compra con sobreprecio del vertedero, compra con sobreprecio de camas, desaparición de bienes, entre otros.
“Si se toma en cuenta solamente 17 procesos, tenemos más de 300 millones de bolivianos (de daño económico)”, especificó.
Respecto a la pasantía que hizo la hija de Sosa (Camila Perovic Sosa) en 2016 por la cual recibió 10.506,13 bolivianos, la directora dijo que no hay ningún contrato por pasantías, sino que se trata de un contrato laboral.
“Está dentro de los contratos fantasmas, porque jamás registró ingreso y salida, tampoco existía un marcado biométrico ni un liberado. Estuvo trabajando por dos meses percibiendo un sueldo de más de 5 mil bolivianos. No importa si devolvió o no devolvió (el dinero), el ilícito se cometió, que se sancione por la vía que corresponde”, manifestó.
Por su parte, el concejal de UCS Maykol Negrette dijo a Gigavisión que las acusaciones de Sosa son un “show político” que busca sindicar “a todo el mundo”, porque no quiere hundirse sola. “Son las últimas patadas de ahogada de la señora Sosa desde el penal de Palmasola”, dijo.
Sin embargo, Joadel Bravo, abogado de la exalcaldesa, refirió que las denuncias que hizo Pedraza contra su defendida no tienen sustento y sólo tienen la intención de que pase desapercibida la inasistencia de Jhonny Fernández ante la Fiscalía para comparecer por el caso ítems.
El alcalde Fernández debía declarar ayer como testigo por el caso ítems fantasmas, pero no lo hizo, ya que cuenta con una baja médica porque dio positivo a coronavirus. Es la segunda suspensión, la primera fue el 29 de diciembre de 2021, en ese momento, el alcalde alegó que tenía una agenda recargada. Pedraza dijo que Fernández declarará una vez se recupere y recordó que él mismo pidió ser citado para aportar más pruebas.
El concejal de Demócratas Manuel Saavedra dijo que todas estas denuncias deben investigarse y las mismas reflejan que hubo un pacto entre SPT, UCS e incluso el MAS, que cogobernaban en el municipio y se daban “pegas” a cambio de no fiscalizar, por eso no se conocían esos casos. “En el Concejo no se fiscalizó, sólo se levantaba la mano”, refirió.
El Plan Tiburón que era tirar mi cadáver político a los tiburones para tapar la corrupción del alcalde Jhonny Fernández
En la anterior gestión hubo un cogobierno de todos contra todos (…). Eso de recibir pegas a cambio de no fiscalizar nos ha hecho daño
Estamos en una caza de peces gordos, yo no creo que haya un Plan Tiburón, de dónde lo habrán sacado, no lo sé
Tenemos
más de 300 millones
de bolivianos (de daño).
Fuente: Pagina Siete