Gobierno boliviano desmiente relaciones diplomáticas con el ficticio «Estados Unidos de Kailasa»
- Cancillería aclara que no reconoce a esta supuesta nación, tras revelarse convenios con pueblos indígenas que comprometen soberanía territorial.
El Gobierno boliviano rompió su silencio este martes, casi una semana después de que EL DEBER revelara que representantes del autodenominado «Estados Unidos de Kailasa» firmaron convenios con pueblos indígenas del país. La Cancillería emitió un comunicado oficial en el que aclaró que Bolivia no reconoce ni mantiene relaciones diplomáticas con esta supuesta nación, liderada por el controvertido gurú hindú Nithyananda Paramashivam.
En el pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que, «en el marco de las atribuciones reconocidas por la Ley N° 465, como rector de la política exterior boliviana, comunica que el Estado Plurinacional de Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas con la presunta nación ‘Estados Unidos de Kailasa'». Además, destacó que esta entidad «no se encuentra reconocida como Estado por ningún otro actor de la comunidad internacional en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961».
Kailasa, que se autoproclama como un país con bandera, constitución, banco central y pasaporte, ha intentado ganar legitimidad internacional a pesar de carecer de reconocimiento oficial. Logró participar en dos sesiones de las Naciones Unidas y ha buscado establecer acuerdos en países como Ecuador, Paraguay y Bolivia.
En territorio boliviano, representantes de Kailasa firmaron actas con autoridades de los pueblos baure y cayubaba, en Beni, y con los esse ejja, en el Territorio Indígena Multiétnico 2 (TIM 2) de Pando. Los convenios, a cambio de pagos anuales, ofrecían arrendamientos perpetuos de hasta 390.000 hectáreas y la cesión de soberanía sobre los territorios. Además, los documentos estipulaban que Kailasa podría establecer su propio sistema jurídico, controlar el espacio aéreo, exigir exenciones fiscales y manejar instalaciones con plena soberanía dentro de los territorios indígenas.
Aunque algunos dirigentes indígenas aseguraron haber desistido de los acuerdos, otros afirmaron que estos siguen vigentes. Especialistas como Jhovana Morales, de la Fundación Tierra, y Adolfo Chávez, dirigente indígena, calificaron los convenios como «inconstitucionales y peligrosos», advirtiendo que «se vulnera la soberanía del país y los derechos de las comunidades».
El caso ha generado alerta en sectores políticos y sociales, que exigen una investigación profunda para determinar cómo se concretaron estos acuerdos y quiénes están detrás de ellos. Mientras tanto, el Gobierno reiteró su compromiso de «proteger la integridad territorial y la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia», descartando cualquier vínculo oficial con la ficticia nación de Kailasa.
La polémica sigue abierta, y las comunidades indígenas afectadas esperan respuestas claras sobre los alcances de estos convenios y las implicaciones para sus territorios y derechos.
Con datos de El Deber