SOBOCE advierte que fallo judicial de 744 millones de bolivianos amenaza su estabilidad y afecta a más de 200.000 familias
- La empresa cementera denuncia irregularidades en el proceso judicial y alerta sobre el impacto económico y social de la decisión, que podría ahuyentar inversiones extranjeras en el país.
La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) ha emitido un contundente comunicado en el que alerta sobre las graves consecuencias económicas y sociales que tendría para Bolivia el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que la obliga a pagar una indemnización de más de 744 millones de bolivianos a favor de FANCESA. La empresa sostiene que esta decisión, basada en un proceso que califica de “ilegal e irregular”, no solo desestabiliza su operación, sino que también afecta indirectamente a más de 200.000 familias que dependen de su cadena productiva y desincentiva las inversiones extranjeras en el país.
Un fallo sin precedentes y plagado de irregularidades
El caso se remonta a 2011, cuando FANCESA demandó a SOBOCE por “competencia desleal”, argumentando que esta última había utilizado acciones de FANCESA como garantía para obtener un préstamo bancario. Sin embargo, SOBOCE asegura que dichas acciones ya habían sido expropiadas en 2010 y que el proceso judicial estuvo marcado por “parcialidad y falta de fundamento jurídico”.
Uno de los aspectos más controvertidos del fallo es la aplicación de la figura del “daño al proyecto de vida”, un concepto jurídico reservado para casos de delitos de lesa humanidad, como el genocidio. “Este criterio nunca fue solicitado por FANCESA y fue introducido de manera irregular por un perito contable que no tenía la competencia para interpretar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Ximena Riveros, Gerente Nacional Legal de SOBOCE.
Riveros denunció que el Tribunal Supremo de Justicia “ignoró, minimizó y avaló actuaciones ilegales”, sentando un “peligroso precedente” que pone en riesgo la seguridad jurídica de otras empresas y sectores productivos en Bolivia. “Esta decisión refleja una preocupante parcialidad y envía una señal alarmante de complicidad con la consigna de aniquilar a SOBOCE”, afirmó.
SOBOCE no es culpable del fracaso de FANCESA
La empresa cementera rechaza categóricamente las acusaciones de competencia desleal y sostiene que, durante el período en cuestión, FANCESA registró “sus mayores utilidades”. “No hubo daño alguno. Al contrario, FANCESA logró estabilidad y crecimiento sostenido”, aseguró Riveros. Además, señaló que las denuncias de corrupción en FANCESA han convertido a esta empresa en “una agencia de empleo”, en lugar de enfocarse en su sostenibilidad y crecimiento.
“SOBOCE no es culpable del fracaso de FANCESA. Las decisiones judiciales en este caso son antijurídicas y carecen de fundamento, mezclándose peligrosamente el contexto judicial con el político”, concluyó la ejecutiva.
Impacto social y económico: más de 200.000 familias en riesgo
La decisión judicial no solo afecta a SOBOCE, sino que también pone en riesgo el sustento de miles de familias bolivianas. La empresa genera empleo directo para más de 1.500 trabajadores y sostiene una cadena de valor que beneficia a más de 200.000 personas, incluyendo mineros de piedra caliza, transportistas, distribuidores, proveedores de servicios y concesionarios.
Además, el fallo podría truncar los planes de inversión de Grupo Gloria, casa matriz de SOBOCE, en Bolivia. “Las aberraciones judiciales denunciadas inviabilizarán esta operación financiera y anularán los incentivos para futuras inversiones privadas en el país”, advirtió la empresa.
Compromiso con la legalidad y la transparencia
Frente a esta situación, SOBOCE reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia, y anunció que agotará todas las instancias legales, tanto nacionales como internacionales, para revertir esta decisión. “Continuaremos luchando hasta que se haga justicia y se garantice la estabilidad de nuestra empresa y la protección de miles de empleos en Bolivia”, concluyó Riveros.
Este caso, que ya cumple casi 15 años, no solo pone en evidencia las tensiones entre dos gigantes de la industria cementera, sino que también plantea serias interrogantes sobre la seguridad jurídica en Bolivia y su impacto en la economía nacional.