- Gary Prado Araúz, vocero de Samuel Doria Medina, asegura que el proceso no viola la normativa electoral y cita fallo del TCP que protege a los partidos.
El bloque opositor de Unidad Ciudadana (UC) salió al frente para defender la legalidad de la encuesta que definirá a su candidato presidencial, luego de que Jorge «Tuto» Quiroga cuestionara su validez y advirtiera riesgos jurídicos. Gary Prado Araúz, vocero del precandidato Samuel Doria Medina, recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional en 2021 la inhabilitación de partidos que difundan sondeos.
«La sentencia 0015/2021 del TCP es clara: anular personerías jurídicas por encuestas viola el debido proceso», afirmó Prado en entrevista con UNITEL. El fallo, emitido en respuesta al artículo 136 de la Ley del Régimen Electoral, consideró que la norma «contraviene derechos fundamentales como la defensa, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad».
La polémica surgió cuando Quiroga, exmandatario y miembro del bloque, comparó el caso con la inhabilitación de Ernesto Suárez en Beni (2015), tras difundir un sondeo. Prado rechazó el paralelo: «La posición de Quiroga carece de sustento. Hoy solo aplica una multa de 10 salarios mínimos por publicar encuestas, no la cancelación de candidaturas».
¿Qué dice la ley vigente?
- Prohíbe la difusión pública de encuestas electorales en ciertos plazos, pero exime a estudios internos sin fines propagandísticos.
- El TCP invalidó sanciones drásticas, aunque mantuvo sanciones administrativas para quienes violen los períodos de veda.
«No hay ilegalidad en este proceso —insistió Prado—. La encuesta es interna, sin difusión masiva, y se ajusta al reglamento». El vocero aseguró que los resultados no se harán públicos y que el método cumple con los estándares del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
El trasfondo: la pulseada por la unidad opositora
El debate refleja tensiones en la coalición, que busca evitar divisiones ante las elecciones de 2026. Mientras Quiroga exige precaución legal, el equipo de Doria Medina apela al fallo del TCP para blindar el proceso. La pregunta ahora es si el argumento jurídico calmará las aguas o profundizará las fisuras.
Con información de UNITEL.