Fernando Camacho y Marco Pumari enfrentan nuevo capítulo en el juicio por la crisis de 2019
- Audiencia reanudada en La Paz bajo fuerte operativo policial y cuestionamientos a las pruebas presentadas
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari, llegaron este lunes antes de las 07:30 al Tribunal Departamental de La Paz para la reanudación del juicio oral por su presunta participación en la crisis política de 2019. El caso, que ha captado la atención nacional, se reanuda en medio de un fuerte operativo de seguridad y un debate sobre la validez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La Policía desplegó un amplio dispositivo de seguridad en las inmediaciones del tribunal, con efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), además de coordinar el traslado seguro de los procesados. La audiencia está programada para reiniciarse a las 08:45, marcando un nuevo capítulo en este proceso judicial que ha dividido opiniones en el país.
Pumari, quien se encuentra recluido en el penal de Cantumarca en Potosí, fue trasladado durante el fin de semana a La Paz para participar en la vista judicial. Por su parte, Camacho salió de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, donde permanece detenido desde hace meses. Ambos líderes enfrentan cargos relacionados con los eventos que sacudieron al país durante la crisis postelectoral de 2019.
El abogado defensor de Camacho, en declaraciones previas a la audiencia, señaló que corresponde al Ministerio de Gobierno presentar sus pruebas en esta fase del juicio. “En la última audiencia, presentamos excepciones y exclusiones probatorias en contra de las pruebas del Ministerio Público”, recordó el letrado, quien cuestionó la solidez de las evidencias presentadas hasta ahora.
“El Ministerio Público lo único que ha podido ofrecer son entrevistas en medios de prensa, recortes periodísticos e incluso un libro escrito por un autor desconocido”, afirmó el abogado. “No son pruebas que demuestren objetivamente la existencia de un hecho delictivo, sino opiniones personales”, añadió, subrayando que estas evidencias carecen de fundamento legal.
Camacho, por su parte, anticipó que el Ministerio de Gobierno intentará presentar “más de 200 fojas de entrevistas, recortes de prensa y contenido de redes sociales”, pruebas que, según su defensa, “no han sido lícitamente obtenidas”. “Vamos a pedir que sean excluidas”, anunció el gobernador cruceño, quien asegura que este proceso está siendo utilizado como una herramienta política.
El defensor de Camacho expresó su esperanza de que el tribunal “no valore estas pruebas” y demuestre a la población boliviana que actúa con “objetividad, legalidad e independencia”. “No deben ser simplemente verdugos dirigidos desde el Poder Ejecutivo y el presidente Luis Arce”, concluyó, en una declaración que refleja la tensión política que rodea este caso.
El juicio, que se ha convertido en un símbolo de la polarización en Bolivia, continúa su curso mientras el país observa con atención cada desarrollo. La reanudación de la audiencia no solo es un evento judicial, sino también un reflejo de las profundas divisiones que persisten en la política boliviana.