La renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay quedó sin efecto este jueves después de que el Congreso decidiera no aceptarla, en una jornada marcada por la crisis desatada tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP). La decisión de los legisladores, incluidos opositores, responde a una estrategia jurídica: si se aceptaba la dimisión, Peña se convertía automáticamente en senador vitalicio y obtenía fuero constitucional, lo que dificultaría la persecución penal en su contra.
La sesión conjunta de diputados y senadores quedó sin quórum cuando los legisladores del Partido Colorado abandonaron el pleno, por lo que la votación no concluyó. El acuerdo entre las bancadas estableció que el Senado procese el juicio político aprobado previamente por la Cámara de Diputados, con los votos del propio oficialismo. "Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia", había señalado Peña en un mensaje en X antes de que se abriera la sesión.
El mandatario, que asumió en agosto de 2023, presentó su renuncia argumentando la necesidad de preservar la estabilidad y la paz social. Sin embargo, su propio partido respaldó el juicio político impulsado en su contra, dejándolo cada vez más aislado. El expresidente Horacio Cartes, referente del Partido Colorado, apoyó la iniciativa. "Van a tener que explicar a sus vecinos lo que hicieron, que fueron cómplices de un delincuente y le han convertido en senador vitalicio", cuestionó la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, a los oficialistas que pedían aceptar la dimisión.
La acusación contra Peña se centra en un presunto conflicto de intereses por su vínculo accionario con el conglomerado propietario de Ueno Bank hasta el año pasado, además de la injerencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) para colocar fondos en la entidad financiera. Tras la intervención del banco, miles de ahorristas quedaron sin acceso a sus depósitos y unos 32.000 jubilados que cobran sus pensiones a través de Ueno se vieron afectados. El fiscal general Emiliano Rolón Fernández dispuso la apertura de una investigación penal.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, explicó que el juicio político contempla cinco etapas y que este viernes a las 10 de la mañana (13:00 GMT) Peña y su defensa deberán comparecer para presentar sus argumentos. La votación final requerirá 30 de los 45 votos del Senado para declarar la destitución y exponer al mandatario a un proceso penal. "Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", escribió Peña en la red social.
El vocero presidencial, Guillermo Grance, aseguró que Peña se encuentra en su residencia, en medio de rumores sobre una posible salida del país. La crisis estalló esta semana cuando el BCP detectó que el capital de Ueno Bank caía por debajo de la mitad del mínimo exigido. La entidad administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos y tenía cerca de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes.
