El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político iniciado en su contra por la crisis financiera de Ueno Bank. El mandatario argumentó que el plazo otorgado para responder a las acusaciones es insuficiente y no garantiza el ejercicio de su derecho a la defensa.
En una carta dirigida al titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, Peña señaló que recibió la notificación a las 22:15 del jueves 5 de noviembre, junto con un documento acusatorio de 15 páginas y cerca de 300 fojas de anexos. Por ello, cuestionó que se le exigiera comparecer ante el Senado a las 10:00 de este viernes.
“Resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, sostuvo en la solicitud.
Peña también difundió el documento en su cuenta de X y aseguró que no evitará responder a las acusaciones. “Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”, escribió.
El pedido de ampliación del plazo deberá ser evaluado por el pleno del Senado, que tiene previsto analizarlo durante su sesión de este viernes. El diputado y fiscal acusador Rodrigo Blanco señaló que la decisión corresponde a los senadores.
La solicitud se produce después de que Peña anunciara su renuncia a la Presidencia el jueves. Sin embargo, su dimisión todavía no fue aceptada por el Congreso, por lo que continúa en funciones mientras avanza el juicio político.
El proceso tiene como trasfondo la intervención de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central del Paraguay tras detectar que sus indicadores de solvencia estaban por debajo del mínimo exigido. La medida dejó temporalmente sin acceso a sus cuentas a cerca de 2,9 millones de clientes y afectó recursos de instituciones públicas, entre ellos fondos del Instituto de Previsión Social.
La investigación también alcanzó a directivos de la entidad y empresas vinculadas al mismo grupo económico. La Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades en operaciones crediticias, entre otros delitos.
La crisis adquirió una dimensión política debido a que Peña había declarado tener participación accionaria en Ueno Holding hasta marzo de 2025. Este vínculo fue uno de los cuestionamientos planteados por legisladores que impulsaron el juicio político.
