El Órgano Judicial declara emergencia presupuestaria y exige recursos para evitar el colapso de la justicia en Bolivia
- Magistrados advierten que sin financiamiento adecuado es imposible avanzar en la reforma judicial y garantizar el servicio a la población.
El Órgano Judicial de Bolivia ha declarado oficialmente una emergencia presupuestaria debido a la crítica situación financiera que atraviesa. La falta de recursos, según las autoridades, pone en riesgo el funcionamiento del sistema de justicia y la implementación de la reforma judicial prometida. Ante este escenario, los magistrados han solicitado de manera urgente la intervención del presidente Luis Arce para evitar un colapso institucional.
La declaratoria de emergencia fue firmada por las máximas instancias judiciales del país: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental (TA). Según explicó el presidente del TSJ, Romer Saucedo, el presupuesto actual presenta un desfase de 140 millones de bolivianos en comparación con el año anterior. Esta insuficiencia ha impedido la contratación de personal eventual y consultores, quienes son fundamentales para atender a la población que recurre a los tribunales en busca de justicia.
“Sin presupuesto, sería irresponsable hablar de reforma normativa o de la creación de nuevos juzgados, ya que ni siquiera contamos con el personal necesario”, afirmó Saucedo durante una reunión de la Comisión 898, encargada del seguimiento a la Cumbre Judicial. Ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno, los magistrados decidieron retirarse de la comisión, señalando que no existe un compromiso serio con la administración de justicia.
“Hemos decidido abandonar la Comisión 898 porque no vemos seriedad ni voluntad para apoyar al Órgano Judicial. Si esta actitud no cambia, no participaremos en ninguna otra convocatoria”, declararon los magistrados. Además, hicieron un llamado directo al presidente Arce para que “ayude a salir de esta situación crítica” que afecta no solo al sistema judicial, sino también a miles de ciudadanos que dependen de él.
La decisión de declarar la emergencia presupuestaria refleja la gravedad de la crisis que enfrenta el sistema judicial boliviano. Sin una solución inmediata, el acceso a la justicia para la población podría verse severamente comprometido, advierten las autoridades. Mientras tanto, el Órgano Judicial espera una respuesta contundente del Ejecutivo para evitar que la situación se agrave aún más.
Este hecho marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el sistema judicial, y plantea un desafío urgente para garantizar que la justicia en Bolivia no se paralice.