El calvario de las familias para evitar que los feminicidas salgan de la cárcel
Linet Centellas Ruiz, a sus 29 años, fue víctima de feminicidio en 2017. Murió el 25 de agosto a manos de su esposo, ocho meses después de su boda, con un disparo certero de una 9 mm. Cristhian Aliendre Lafuente fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto, y no hay mes en que no pida el cese de su encierro en Palmasola.
La familia Centellas Ruiz avanza hacia el quinto año del asesinato de Linet y el quinto de recorrer los tribunales buscando justicia y tratando de evitar la libertad de Aliendre Lafuente. “Tenemos audiencia de pedido de cesación a la detención preventiva una vez al mes. El último pedido fue en diciembre, se suspendió por la pandemia de covid, la audiencia está pendiente… Una vez tuvimos una audiencia, de la noche a la mañana, en La Paz”, cuenta Lizet.
El miedo es un sentimiento que ahora acompaña sus gestiones. “Esperamos que ratifiquen la sentencia en Sucre; mi familia siente peligro porque nadie nos garantiza que no quiera vengarse”, dice Lizet.
Éste es un caso tipo entre las familias de víctimas de feminicidio o crímenes sexuales que logran avanzar hacia la etapa de juicio. Los casos que son sancionados con sentencia no llegan al 2%, explica la abogada Mayra Daza, de Casa de la Mujer.
Al menos 119 feminicidas y violadores están libres gracias a beneficios que recibieron de jueces, según un informe que fue elaborado por el Servicio de Mujeres en Busca de Justicia del colectivo Mujeres Creando.
Condenas no ejecutoriadas
Las pocas familias que consiguen la condena no pueden bajar la guardia hasta que la sentencia sea ejecutoriada. “Tenemos un caso en el que la sentencia condenatoria fue dictada en 2018, pero hasta ahora no tenemos sentencia ejecutoriada. Son siete años, la víctima ahora es mayor de edad, pero no acaba su proceso tortuoso… Vive con temor porque el agresor se acerca a su casa, y ella se siente desprotegida”, relata Daza.
Los acusados utilizan todos los instrumentos de los que disponen para defender sus derechos, lo cual no se cuestiona. El problema es que cada paso, ya sea de la víctima o del acusado, puede significar meses o años de espera antes de conocer el pronunciamiento de jueces o vocales en los estrados judiciales. Y si se logra superar esa fase y llegar a la sentencia, otro lapso similar se abre en el Tribunal Supremo de Justicia.
El cuadro en Santa Cruz de la Sierra se pinta similar al resto del país, pero la abogada feminista Arlety Tordoya, responsable de Mujeres en busca de justicia, considera a la región como “la sede de la cosificación del cuerpo de las mujeres”, sustentado en el agronegocio y la preeminencia de la visión religiosa impulsada por el gobernador Luis Fernando Camacho.
Esa forma de concebir a la sociedad confluye al momento de dictar un fallo. Los tribunales, explica Tordoya, “no buscan siquiera salvar a la persona, sino al hombre (se valora) si es padre, si es joven, si trabaja en lo que hubiera querido trabajar… Es como que dijeran: ‘El daño está hecho, qué vamos a hacer, salvémoslo al pobre, hay que pedir perdón a Dios y hay que perdonar’”.
Tordoya lleva la representación de la víctima de “La Manada”, una joven abusada sexualmente en diciembre de 2018 por cinco jóvenes (uno de ellos menor de edad). El caso no tiene sentencia y la víctima ha tenido que salir del país debido al acoso, la estigmatización y el morbo a su alrededor después del crimen, además de la actuación de grupos de poder vinculados a las madres y a familias de los acusados.
El viernes 11 de febrero debía leerse la sentencia a los miembros de “La Manada”, pero el fiscal del caso no se presentó y se fijó nueva fecha para el próximo 25 de febrero, viernes de Carnaval, lo que también pone en duda su realización.
Todo empieza en la Policía
Las abogadas coinciden en que los obstáculos empiezan desde el primer paso en el sistema de persecución penal; es decir al momento de asentar la denuncia en la Policía o en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio.
“Los investigadores son personas que te desaniman a hacer denuncia. El primero que te atiende es el policía y te dice que vayas a la Defensoría, en la Defensoría no te atienden… Si toman tu denuncia, te mandan al examen forense al octavo anillo de la avenida Banzer. Si vives al otro lado de la ciudad, debes atravesar 16 anillos. Una vez que entras a la ruta crítica de victimización, tienes que convertirte en investigadora por tu cuenta”, explica Tordoya.
Y otro frente se abre para las víctimas en el Ministerio Público, encargado de la investigación del crimen. Mayra Daza comenta que nadie ha preguntado a la Fiscalía cuántos casos ha sobreseído (cierre del caso por falta de pruebas) o por qué cierra casos que tienen pericias psicológicas que reportan credibilidad de testimonio, estrés postraumático y daño psicológico en la víctima.
“Nos centramos en los jueces, pero el Ministerio Público tiene que ver con la impunidad de los agresores. La Casa de la Mujer tiene dos procesos con sobreseimiento y en ambos los informes psicológicos forenses han establecido la credibilidad del testimonio. Eso es prueba fundamental en hechos de violencia; en un caso el agresor es petrolero y en el otro un militar”, continúa la jurista.
Si al cabo de varios años se logra llegar a juicio, Arlety Tordoya explica que puede ser que personal de los Servicios Legales Integrales o del Instituto Forense, que son los encargados de emitir informes técnicos sobre el crimen, haya dejado la función pública o hubiera cambiado de destino. “La ley dice que tienes que llevar a tu testigo”, aunque se tenga como prueba el informe producido por ese profesional.
Ni con sentencia ejecutoriada
Los obstáculos en la Policía, el Ministerio Público y el sistema judicial hacen que pocos casos consigan una sentencia. Menos procesos aún consiguen una sentencia ejecutoriada que, se supone, es la actuación final del sistema judicial en el proceso.
El 15 de enero de 2011, Nancy Castedo recibió una llamada que le decía que María Rosario Castedo había sido asesinada. “Mi hermana recibió 11 puñaladas certeras”, se escucha al teléfono. La familia logró la condena de 30 años para Renato Cafferata Centeno, pero éste aún lucha por eliminar la sentencia.
Cafferata Centeno, novio de María Rosario, fue condenado en el año 2014. Posteriormente interpuso amparos constitucionales, y uno de ellos hizo retroceder pasos en el proceso. En el año 2016, el Tribunal Constitucional falló a favor de Cafferata por considerar que se vulneraron sus derechos en una audiencia de juicio, cuando los jueces le obligaron a permanecer en sala a pesar de una orden médica de internación por cinco días para someterse a una ecografía y otros exámenes.
“Llevamos 11 años de suplicio como familia, con un juicio que debería esclarecerse inmediatamente porque no hay duda del hecho. El año pasado, la sentencia quedó ejecutoriada por segunda vez en el Tribunal Supremo de Justicia, el 12 de abril de 2021”, explica Castedo.
Hace unos días, el 29 de enero, otra vez el Tribunal Constitucional anuló el proceso hasta la etapa de casación.
“Cuando nos dicen la sentencia es 30 años sin derecho a indulto, como familia, respiramos porque no es que nos van a devolver a nuestros seres queridos, pero se está haciendo justicia y se siente libertad porque queremos permanecer vivos. Pensamos que tendría que ser así, pero no. Dos amparos dan a favor de Renato Cafferata que tiene sentencia”, dice Nancy.
La abogada Arlety Tordoya explica que “cada vez que se agota la instancia de apelación y se llega a ejecutoriar una sentencia, ellos recurren al Tribunal Constitucional alegando vulneración de derechos”. Cafferata ahora está pidiendo prescripción de la acción penal, y entretanto eso se resuelva demanda salidas del penal con toda clase de justificaciones, la última fue para tramitar su cédula de identidad. “Quiere fugar del país”.
“Si nos dormimos, él avanza. Y la cosa es que no salga libre. Tenemos miedo. Es un tipo peligroso”, dice Nancy.
Casa de Mujer: No avalamos esa comisión de autoridades
A raíz de la constatación de que el juez Rafael Alcón había beneficiado con la libertad al sentenciado por feminicidio Richard Choque, quien volvió para asesinar a dos adolescentes, el Gobierno creó la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio con la participación de autoridades del Ejecutivo y Legislativo.
“No vamos a validar esa comisión porque es una burla a las víctimas de violencia. Debe existir un control social desde la sociedad, desde los activistas, las organizaciones, las plataformas”, dice la abogada Mayra Daza Montaño, de Casa de la Mujer.
En Santa Cruz, el colectivo Ni Una Menos recuerda el trabajo de una comisión legislativa similar cuyo resultado final desconoce. Ingrid Núñez, abogada independiente y miembro de Ni Una Menos, habló con esa comisión: “En 2019-2020, había una comisión interesante del Legislativo porque se estaba ocupando de mujeres y niños víctimas de violencia sexual y de feminicidios. Llevamos nuestros casos y quejas, facilitamos fotocopias de los procesos, se vio que se aceleró un poco los procesos”.
En la web diputados.bo, un reporte de junio de 2021 menciona a una comisión mixta que hizo una gira nacional y solicitó auditoría jurídica a 87 casos de feminicidio. Ninguna otra información más.
Para Casa de la Mujer, tampoco funcionan los mecanismos internos del sistema judicial para vigilar la labor de los jueces. “Las redes sociales funcionan más que el Consejo de la Magistratura, tienen mayor alcance y mejor resultado”, opina Daza. Y parece darle la razón el hecho de que la indignación de la sociedad frente a la actuación del juez Rafael Alcón, no un proceso disciplinario interno, haya derivado en su destitución y procesamiento.
En Mujeres en busca de justicia, del colectivo Mujeres Creando, han optado por seguir presionando a las autoridades. Ahora preparan una nómina de casos en los que las autoridades judiciales hubieran vulnerado derechos de las víctimas y el culpable no paga su delito.
119 feminicidas y violadores están libres por favores de la justicia, según un estudio que presentó el colectivo Mujeres Creando.
Los casos de feminicidio o crímenes sexuales que son sancionados con sentencia no llegan ni al 2%
Mayra Daza, abogada
Ha habido un sinfín de pedidos de cesación a la detención porque el asesino quiere defenderse en libertad
Lizet, familiar de víctima
Llevamos 11 años de suplicio con un juicio que debería esclarecerse ya, pues no hay duda del hecho
Nancy, hermana de víctima
Pagina Siete.