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Desarticulan redes de corrupción en juzgados y van 12 jueces procesados

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Denuncias de litigantes, sumado a controles impulsados por el Gobierno y el Consejo de la Magistratura permitieron la desarticulación de las redes más grandes de corrupción en diferentes jugados de Bolivia y a la fecha van 12 jueces procesados, la mayoría por liberar a personas sentenciadas por delitos graves. Desde la Asamblea Legislativa analizan una norma para endurecer las sanciones contra los jueces corruptos, entre ellas quitarles el título profesional.

“En el país existen 18 jueces de ejecución penal, se están investigando a 10 juzgados, estamos hablando de 10 jueces a nivel nacional que probablemente habrían beneficiado de manera ilegal a feminicidas y violadores”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. A los 10 jueces se suman dos juzgados anticorrupción.

De los 12 jueces, tres fueron encarcelados (dos en La Paz y una en Chuquisaca), uno tiene arresto domiciliario (Santa Cruz), otro fue imputado (La Paz) y hay siete investigados, cinco por liberar delincuentes y dos jueces anticorrupción por favorecer a procesados. Junto a ellos también están procesados exfiscales, unos cinco abogados, dos trabajadoras sociales, un médico y un psicólogo.

La Paz: Rafael Alcón, exjuez primero de Ejecución Penal, fue detenido por liberar a Richard Choque, el violador serial que tenía condena de 30 años de cárcel, pero fue favorecido con arresto domiciliario porque padecía una supuesta enfermedad.

Según la investigación, Alcón operaba con cinco personas: las abogadas Marlene P. y Carmen Rosa S.; el exfiscal y exsecretario del juzgado Raúl G.; el médico Freddy T. R.; las trabajadoras sociales Mary Ch. y Jessica Ch. Todos fueron encarcelados porque presuntamente captaban a delincuentes sentenciados y ofrecían salidas alternativas a cambio de dinero.

Abraham Aguirre, juez cuarto de Ejecución Penal, fue imputado y encarcelado por aplicar el mismo modus operandi y liberar a sentenciados como el exparamilitar Felipe Froilán Molina (El Killer), Gabriela Zapata y otros.

Hernán Galier Quelali, juez segundo de Ejecución en lo Penal, también fue aprehendido e imputado por un caso similar. La Fiscalía pidió la detención preventiva de esta autoridad y dispuso la aprehensión del abogado Walter G. P., sindicado en un consorcio con Galier para liberar a una mujer sentenciada a 30 años de cárcel.

El Ministerio de Gobierno informó anteriormente que José Ayaviri, juez tercero de Ejecución Penal, también fue involucrado en favorecer a los defendidos de la abogada Marlene P.

Según la Fiscalía, el modus operandi era el mismo: se usaba un certificado médico que decía enfermedades incurables para dar detención domiciliaria a sentenciados.

También se investiga a la secretaria del Juzgado Segundo de la Niñez de El Alto, Gabriela T. C., por pedir 5.000 dólares a una litigante; personal de dicho juzgado también es indagado.

Santa Cruz: Manuel Baptista, juez primero de Ejecución Penal, fue procesado por liberar a Abram Peters Dick, menonita sentenciado a 25 años de cárcel por violar, junto a otros ocho hombres, a 150 mujeres de la colonia Manitoba. En una audiencia, Baptista fue beneficiado con arresto domiciliario y salidas laborales, dictada por el juez Primo Flores.

El ministro Del Castillo cuestionó esa decisión y dijo que el Ministerio de Gobierno se apersonará en el proceso contra Baptista, en la que están involucrados el abogado del menonita Juan Carlos S. P. y el psicólogo Alfredo N. R.

Con relación a Primo Flores, juez quinto de Instrucción Anticorrupción, Del Castillo indicó que el ministerio “se ha apersonado dentro de otro proceso en contra del juez (Flores) que habría determinado la libertad condicional al otro juez (Baptista)”.

Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, señaló que a denuncia de la Magistratura se investiga a unos cinco jueces, entre ellos Baptista, por liberar a peligrosos delincuentes. “Existían cinco denuncias abiertas con diferentes fiscales anticorrupción, quienes algunos ya han sido citados”, afirmó.

Entre los investigados están: el juez tercero de Ejecución Penal, C. A. M.; el juez segundo de Ejecución Penal, G. R. F.; ambos ya declararon ante un fiscal. En cambio, la jueza cuarto de Ejecución Penal, I. A. P., tiene pendiente su declaración. En el caso de la jueza primero Anticorrupción, Albania Caballero, fue procesada por presunto favorecimiento a exfuncionarios municipales en el caso Vertedero.

Chuquisaca: Vidalia Morales, jueza de Ejecución Penal, fue encarcelada por haber otorgado detención domiciliaria a un sentenciado a 25 años de cárcel, acusado por haber violado y embarazado a su hija.

De los nueve jueces de ejecución penal mencionados, hay un décimo, de quien no se sabe su identidad, pero fue contabilizado por el ministro Del Castillo.

Legislativo analiza quitar títulos profesionales a jueces corruptos

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó ayer que desde la Asamblea Legislativa se está trabajando en una norma para endurecer las sanciones contra los jueces “irresponsables” que están favoreciendo a sentenciados a cambio de dinero.

Dijo que la sanción para un juez que toma decisiones irregulares es de cinco a ocho años de prisión, por eso se busca endurecer esa medida, y entre ellas se analiza quitar los títulos profesionales a los involucrados. “Estamos viendo cómo se puede endurecer esto, no solamente de esos años, inclusive hay la idea de que inclusive un juez, que estamos seguros que tiene una formación de ser abogado, en algún momento hasta tendría que perder su estudio o su título”, refirió.

A su turno, el diputado del MAS Juanito Angulo calculó que al menos el 30% de los jueces de ejecución penal del país están procesados. Agregó que hay deficiencias en los controles que hace el Consejo de la Magistratura a los jueces.

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Gabriela Ferrel, refirió que las acciones irregulares develadas solo reflejan que la justicia está podrida.

“Hace mucho tiempo se ha pedido que se pongan autoridades que conozcan del tema, que sean probas, que respondan a lo que es la justicia, y no a los colores políticos”, dijo.

Pagina Siete.

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