La diputada de la Alianza Libre, Adriana Jiménez, presentó una denuncia por presunto daño económico al Estado, asegurando que durante las gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS) se destinaron recursos públicos a organizaciones sindicales y sociales mediante la compra de inmuebles, construcción de sedes y adquisición de vehículos.
Según la legisladora, estas acciones constituyeron una política de beneficios destinada a garantizar respaldo político de determinados sectores.
“Todo esto con recursos del pueblo boliviano, con recursos públicos que han sido destinados ya a personas que figuran como privados”, manifestó.
Entre los casos mencionados por Jiménez figuran la compra de sedes sindicales, construcciones para federaciones campesinas, adquisiciones para organizaciones sociales y la entrega de vehículos a entidades gremiales.
De acuerdo con la denuncia, entre las inversiones observadas se encuentran una sede en Cochabamba valuada en 25.000 dólares, una infraestructura para la Federación de Campesinos de Cochabamba superior a 657.000 dólares, un edificio sindical en Potosí por más de 227.000 dólares, además de inmuebles adquiridos para organizaciones sociales y cooperativistas en distintos departamentos del país.
La diputada sostuvo que estos recursos fueron entregados a entidades privadas con fondos estatales y cuestionó que varios de esos sectores participen actualmente en movilizaciones y bloqueos.
“Atribuyéndose reivindicaciones sociales, pues no han hecho nada más que defender intereses, no solo políticos, sino económicos”, afirmó.
Jiménez también vinculó la denuncia con los procesos relacionados al denominado Fondo Indígena, señalando que existen 129 causas abiertas por un monto que supera los 2.000 millones de bolivianos.
La legisladora cuestionó si parte de esos recursos pudo haber sido utilizada para financiar las protestas y bloqueos registrados en distintas regiones del país.
Asimismo, exigió que las investigaciones avancen y que los responsables respondan ante la justicia.
“Los culpables vayan a parar a la cárcel, pero sobre todo devuelvan el dinero robado a los bolivianos que ahora más que nunca lo vamos a necesitar”, declaró.
La diputada también pidió acciones contra quienes considera promotores de los bloqueos y hechos de violencia, mencionando al gobernador de Cochabamba Leonardo Loza y al expresidente Evo Morales.
Respecto a Morales, señaló que las órdenes de aprehensión pendientes deben ejecutarse y sugirió incluso la posibilidad de solicitar cooperación internacional si las autoridades consideran que existen dificultades para realizar operativos en el Trópico de Cochabamba.
Finalmente, remarcó que los hechos registrados durante las movilizaciones no deben quedar en la impunidad.
“No podemos hablar bajo ningún criterio de impunidad”, sostuvo, al recordar que delitos relacionados con la afectación al transporte y la salud pública pueden contemplar sanciones de hasta 10 años de prisión.
