Policías acusados por homicidio, narco y otros 13 delitos siguen en servicio activo
Uniformados que fueron denunciados penalmente e incluso ya tienen sentencias continúan en funciones en la Policía Boliviana. En diferentes gestiones y casos, los delitos por los cuales son sindicados van desde contrabando, narcotráfico, atraco armado, secuestro y hasta asesinato de sus propios camaradas, en una lista que comprende hasta 15 tipos de crímenes.
El cuestionamiento sobre estos casos al interior de la Policía se dio luego de que se informó que el teniente Cristian Casanova, condenado a 15 años de cárcel por el homicidio de un universitario, fue reincorporado a la institución.
El uniformado fue imputado en 2018 por disparar una canica de cristal al pecho de Jonathan Quispe, durante un operativo de represión en El Alto. La sentencia fue apelada, pero el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz congeló el caso desde 2020.
Luego de que Página Siete publicó sobre la reincorporación, el Comando Departamental de la Policía emitió un memorándum a través del cual deja sin efecto el regreso de Casanova a las filas de la institución verde olivo y “se dispone su suspensión indefinida sin goce de haberes”.
El documento fechado el 24 de octubre lleva la firma del coronel Ismael Villca. Oficiales de alto rango, que pidieron no dar sus nombres, cuestionaron la reincorporación del teniente y apuntaron como responsables de la “ilegal maniobra” a los miembros del Comando General de la Policía, en la gestión de Jhonny Aguilera.
Por más de una semana, este medio solicitó la contraparte de estos casos, tanto en la Fiscalía Policial como en las direcciones de investigación interna, adonde se derivó la consulta desde el Comando General. No hubo respuesta y los jefes policiales consultados expresaron su temor a dar declaraciones sobre el tema.
Lista de delitos
Un recuento de notas informativas de diferentes medios de comunicación revelan que en los anteriores dos años al menos 30 policías se vieron involucrados en diferentes hechos delictivos, pero varios continúan en las listas de efectivos en servicio.
Los uniformados de la Policía cometieron al menos 15 tipos de delitos, entre los que se encuentran: asesinato, homicidio, narcotráfico, trata y tráfico de personas, extorsión, secuestro, robo agravado, contrabando, violación, uso indebido de bienes y servicios del Estado, receptación de objetos robados, complicidad en la evasión de reos, incumplimiento de deberes y conducción peligrosa.
Los casos
“Se asociaron junto al coronel Gonzalo Medina (dado de baja), al capitán Fernando Moreira (dado de baja), al abogado Robin Justiniano, a Esther Arteaga Carrasco y al traficante internacional de drogas (Pedro Montenegro). No realizaron acto alguno para lograr su captura ni su extradición, por el contrario, enaltecían y exaltaban las virtudes de Montenegro como ciudadano ilustre y de respeto ante la ley, pese a que es un prófugo internacional. Esto denota la vinculación de los imputados con actividades del narcotráfico”, señala la imputación que la Fiscalía presentó en abril de 2019 en contra del mayor Kurt Brun Ríos.
A la fecha, Brun figura como parte del personal policial de la Estación Policial Integral (EPI) de la zona Alalay, en Cochabamba.
Asimismo, dentro del caso del narco Pedro Montenegro, extraditado a Brasil por narcotráfico, el entonces ministro de Gobierno Carlos Romero ordenó la investigación disciplinaria y penal contra el coronel Erick Holguín, quien en la actualidad ocupa el cargo de comandante departamental de Cochabamba.
Junto a ese jefe policial, Romero también instruyó procesar a un teniente, un sargento y los directores departamentales de Interpol en Santa Cruz, de las gestiones 2014 a 2018, como sospechosos de ser parte de una red criminal de más de 40 personas que tenían negocios e impidieron la extradición del narco.
Ese caso también involucró al magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado, quien avaló la reelección de Evo Morales.
Narcoaudios
Otro de los casos sobre encubrimiento y protección al narcotráfico ocurrió en Valle Sajta, en el Chapare cochabambino. Estos hechos fueron denunciados por el expresidente Evo Morales con audios que también involucran al viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, por supuestamente instruir —por medio de su ayudante de órdenes, un oficial de la Policía— que se paralicen los operativos antidroga que se realizaban en ese sector por parte de las patrullas de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).
“Según información de policías patriotas, uno de los principales actores en el encubrimiento al narcotráfico en Valle Sajta es el coronel (José María) Velasco (…). Pedimos profunda investigación”, publicó Morales el 5 de abril en su cuenta de Twitter.
Además de Velasco, el presidente del MAS señaló al director nacional de Umopar, Jaime Arancibia, como otro cómplice de la protección al narcotráfico.
Ambos oficiales fueron imputados, pero ninguno terminó en la cárcel y ahora figuran en la lista de policías en servicio.
Asesinato en Porongo
Entre los casos más graves y que implican a uniformados está el asesinato de los tres policías en el municipio de Porongo, el 21 de junio de este año, caso en el que se imputó al mayor Álvaro Julio Muñoz Mejía (galardonado por el Ministerio de Gobierno) y al capitán Rubén Aparicio Villarroel, señalados como cómplices de Misael Nallar, yerno del narcotraficante Einar Lima Lobo. Las tres víctimas fueron ejecutadas con 17 disparos. Pese a todos los indicios involucran a Muñoz y Aparicio —reportados por otros oficiales— el excomandante Aguilera fue uno de los que destacó el trabajo de ambos uniformados.
Luego del escándalo
En el departamento de Santa Cruz, los casos de volteo de droga, secuestro y extorsión perpetrados por efectivos policiales solían presentarse como hechos aislados, pero se incrementaron desde hace algún tiempo.
Las ejecuciones por ajustes de cuentas suman 23, con participación de sicarios y van de la mano de actos de narcotraficantes.
Sin embargo, una vez que los medios de comunicación dejan de hacer seguimiento de esos hechos y el escándalo e indignación de la sociedad pasan, los uniformados que en algunos casos fueron enviados a la cárcel, más tarde logran recuperar su libertad y se reincorporan al servicio.
Sólo en esta gestión Página Siete reportó el caso de al menos 21 oficiales y subalternos involucrados en volteos de droga y dinero, además de secuestros.
Entre los policías que figuran con imputación por estos delitos están el teniente coronel Bladimir Bedoya, quien fue denunciado por ordenar el paso de una tonelada de precursores para la fabricación de droga; los tenientes Roland Cardozo, Jhosep Delgadillo; los sargentos Sonia Gutiérrez, Humberto Vásquez García y Miguel Osinaga, todos exmiembros del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de Santa Cruz, denunciados por un ciudadano de Brasil, quien dijo que los uniformados le extorsionaron 50.000 dólares.
En la mayoría de los casos, los policías fueron reincorporados y se desconoce el estado de los procesos disciplinarios.
“Estos temas preocupan y duelen, pero no me puedo referir específicamente a ningún caso. De manera general puedo decir que mientras trabajé como vocal del Tribunal Permanente Disciplinario, como fiscal policial, vocal del Tribunal Superior, director del Departamento de Investigación Departamental Interna Policiales Internas (Didipi), jamás recibí injerencia para emitir un fallo; de haber sido así, lo hubiera denunciado”, afirmó el presidente del Centro de Generales, Jefes y Oficiales de la Policía del servicio pasivo, coronel Jhonny Troncoso.
El oficial aseguró que durante el tiempo que trabajó en esos cargos se podía afirmar que los tribunales disciplinarios de la Policía eran entes independientes, contrario a lo que sucede ahora. Manifestó que la degradación del comportamiento de los policías tiene que ver con la intromisión de los políticos en la institución.
El miércoles este medio publicó la nota sobre un video del jefe de Planeamiento, coronel Jhonny Corrales, quien mantuvo relaciones sexuales con una mujer al interior de una unidad policial en Cochabamba. Se anunció una investigación, pero la Fiscalía Policial no confirmó el dato.
Reacciones
Los oficiales deploraron el “proceso de degradación” que se vive al interior de la institución, en la que no se respeta la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, que pese a su rechazo les fue impuesta en 2011, durante el gobierno de Evo Morales.
“No sólo eso, por instrucciones de los civiles (en alusión al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y otros viceministros) que ahora están por sobre el comandante general, se limpian la boca con la Constitución Política del Estado (CPE) y sancionan, persiguen y condenan a los policías que se negaron a reprimir a su pueblo (en los conflictos de 2019), pero premian y protegen a quienes usan el uniforme para cometer sus delitos y quedar impunes” señaló el jefe policial que atendió la consulta de Página Siete. Se trata de un integrante del Estado Mayor de la institución.
“No todos estamos sometidos a la ideología partidaria del Gobierno. Varios aún defendemos el honor de ser policías, visualizando estos casos, pedimos a los camaradas que reflexionen para que se respete la institucionalidad que el (partido de Gobierno) MAS trata de destruir”, sostuvo la misma fuente.
Ley 101
Entre las disposiciones adicionales de la Ley 101 se establece que los comandos general y departamental podrán disponer por medio de una resolución administrativa “la suspensión indefinida de la institución, sin goce de haberes, cuando la servidora o el servidor policial tenga la calidad jurídica de imputado o imputada, acusado o acusada por el Ministerio Público y se encuentre con medida cautelar de detención preventiva o domiciliaria, que le impida cumplir funciones”.
La disposición anterior no se aplicó en el caso de Casanova hasta el 24 de octubre, pero para confirmar los cuestionamientos de otros oficiales, estos revelaron que su norma no se aplica en los mismos tribunales disciplinarios de la institución, pues en septiembre pasado se conoció que uno de sus miembros, el coronel Freddy Beyer (vocal), fue sentenciado a 12 años de reclusión en el denominado caso Katanas, pero el oficial todavía cumple funciones al interior de la institución.
Chuteros y atracos
Chile En mayo de este año, los oficiales Raúl Cabezas y Javier Alberti fueron sindicados por la posesión de vehículos robados en Chile y vendidos en Bolivia. Ambos fueron a la cárcel, pero se conoce que luego de unos meses lograron su libertad. No fueron dados de baja, ambos figuran como suspendidos sin goce de haberes.
Tarija En septiembre se presentó al mayor Julio Castillo y al sargento Lindolfo Cardozo como líderes de una “banda internacional” que perpetraba atracos armados en Tarija.
“(El Gobierno) premia y protege a quienes usan el uniforme para cometer sus delitos y quedar impunes”.
Miembro del Estado Mayor 50.000 dólares es el monto que policías del DACI extorsionaron a un extranjero.
Fuente: Pagina Siete.