El Gobierno trabaja en la creación de un Registro Único de Protección Social para identificar y focalizar los bonos y otros mecanismos de asistencia destinados a las familias más vulnerables tras el retiro de la subvención al diésel.
El viceministro de Inversión Pública, Fernando Jiménez, explicó que el registro permitirá contar con información para determinar de manera más precisa quiénes deben acceder a los programas de protección social.
“Está prevista la construcción de un registro único de protección social, que nos permitirá identificar de la manera más clara y eficiente a las personas y habitantes que deberían percibir los esquemas de protección social”, señaló.
El funcionario indicó que este trabajo forma parte del contrato de préstamo de $us 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado por la Asamblea Legislativa y promulgado posteriormente por el presidente Rodrigo Paz.
Según Jiménez, el Bono PEPE II estará dirigido prioritariamente a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y alcanzará a unos 2,4 millones de personas.
La estrategia del Gobierno también contempla medidas de apoyo al sector productivo. Entre ellas está una línea de financiamiento de Bs 800 millones para proporcionar capital de operaciones, liquidez, reposición de capital de trabajo y adquisición de maquinaria.
El financiamiento estará dirigido a sectores como transporte pesado, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y productores.
A estas medidas se sumará una exención del gravamen arancelario y del IVA para importaciones relacionadas con insumos, semillas, maquinaria y herramientas destinadas a actividades productivas.
Jiménez sostuvo que estas medidas buscan reducir los costos de inversión y promover la producción nacional, mientras el Gobierno prepara los mecanismos para definir de manera focalizada a los beneficiarios de la protección social.
