La propuesta llega con un antecedente que marcó su origen: la Cumbre Minera no logró completarse como se había previsto inicialmente debido a las diferencias y los conflictos internos entre cooperativas, según consigna el texto base. Pese a ese escenario, el anteproyecto fue aprobado y ahora busca recibir aportes de la ciudadanía.
El cambio de mayor alcance está en el artículo 140 del documento, que establece que “las empresas mineras privadas, nacionales o extranjeras legalmente constituidas en el territorio nacional, podrán suscribir Contratos de Asociación Productiva Minera con cooperativas mineras” para desarrollar proyectos en toda o parte de la cadena productiva. El objetivo declarado es promover la inversión, mejorar los estándares productivos, facilitar el acceso a capital y tecnología, e incorporar buenas prácticas ambientales y laborales.
La regulación actual corre por cuenta de la Ley de Minería y Metalurgia N.º 535, de 2014, cuyo artículo 151 impide que las cooperativas mineras firmen contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras. Para hacer cumplir esa disposición se introdujeron modificaciones mediante la Ley N.º 1140, de 2018, que dispuso la pérdida del dominio minero.
Consultado sobre el mecanismo de participación, Calderón explicó que el sistema de socialización permitirá que cualquier persona presente sugerencias y observaciones, las cuales serán sistematizadas mediante Inteligencia Artificial con la finalidad de enriquecer el texto que regirá la actividad minera y generar condiciones para la inversión privada nacional y extranjera.
El anteproyecto también incorpora otros ejes: mayores controles contra la minería ilegal y la reposición de la denominada “policía minera”, además de otras temáticas distribuidas en los 200 artículos que componen la propuesta.
