Defensoría del Pueblo recomienda proceso contra concejal de Quillacollo por discriminación
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, recomendó el martes al Concejo Municipal de Quillacollo el inicio de un proceso disciplinario contra la concejal del Frente Para la Victoria, Angelina Zeballos Corani, para sancionarla por la presunta discriminación que ejecutó contra trabajadoras sexuales de un lenocinio que fue intervenido el 21 de febrero.
«Recomendar al Concejo Municipal de Quillacollo iniciar un proceso disciplinario contra la concejala, Angelina Zeballos Corani, a fin de investigar y sancionar los actos de discriminación, estigmatización y arbitrariedades cometidas contra las trabajadoras sexuales de la Casa de Senet, en el operativo realizado el 21 de febrero de 2019», dijo en una conferencia de prensa.
Informó que la Defensoría sugirió también al Comando Departamental de la Policía que sancione a los efectivos que participaron en la intervención y hubieran vulnerado los derechos humanos de las trabajadoras del lenocinio intervenido.
Explicó que las recomendaciones forman parte de una resolución, tras la investigación que inició la Defensoría por una queja interpuesta el 11 de febrero por la Organización de Trabajadoras Nocturnas, por presuntas vulneraciones de sus afiliadas en la Casa del Senet.
Detalló que esa investigación determinó que la concejal del caso solicitó la intervención del lenocinio a la Intendencia Municipal y la Defensoría de la Niñez «arguyendo mentirosamente la existencia de una supuesta embutidora de chorizos ubicada en la zona de El Paso, donde ella habría señalado que se utilizaba carne de perro, además de la existencia de menores de edad».
«Este operativo ha sido desarrollado, además, de forma agresiva, violenta, vulneradora de derechos humanos. Se ha invadido el lugar de descanso de las trabajadoras sexuales, quienes han sufrido agresiones verbales por parte de la concejala Angelina Zeballos Corani», agregó.
La Defensora del Pueblo dijo que la investigación determinó, además, que los efectivos policiales que intervinieron en el caso pidieron a las trabajadoras sexuales la presentación de carnets sanitarios y las obligaron a descubrirse el rostro y cumplieron una orden de la concejal para llevarlas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
«Consecuentemente y que quede claro, la Defensoría del Pueblo afirma que se ha generado una suerte de violencia institucional, accionar que afirmamos es contrario a los derechos humanos», concluyó.
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