Oficialismo busca frenar paro cívico; pide a Policía garantías
Unas horas después de que la Asamblea de la Cruceñidad determinó ir a un paro departamental el viernes 4 de marzo en protesta por los procesos penales que se siguen al líder cívico Rómulo Calvo y la expresidenta Jeanine Añez, el Gobierno busca frenar esa medida de presión a través de las estatales Aevivienda y Segip, que pidieron garantías a la Policía y al Ministerio de Gobierno.
“Es un paro injustificado. Van a querer mandar vándalos a querer entrar a las instituciones, a querer saquear. Al final son instituciones del pueblo que tienen que ser resguardadas por el Ministerio de Gobierno y la Policía”, alertó Miguel Delgadillo, responsable de la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda).
El miércoles, la Asamblea de la Cruceñidad convocó a un paro departamental para el viernes 4 de marzo en defensa de su presidente Calvo, la exmandataria Añez y contra la “persecución política” que ejerce el MAS. Declararon, además, personas no gratas en Santa Cruz a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, al de Obras Públicas, Edgar Montaño, y al de Justicia, Iván Lima.
Los cívicos convocaron, además, a una vigilia permanente y pacífica en las instituciones públicas de administración nacional en Santa Cruz.
Ayuda a la Policía
Por su lado, el responsable del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Alpacino Mojica, confirmó que esa instancia no acatará el paro cívico, al igual que otras instituciones nacionales que tienen sus oficinas en Santa Cruz. “No estamos de acuerdo con este paro, porque las personas necesitan su cédula y su licencia de conducir, por eso ese día trabajaremos y pediremos garantías a la Policía”.
El miércoles, la Asamblea de la Cruceñidad decidió además exigir al Órgano Ejecutivo que respete la independencia de poderes y que deje de “interferir e inmiscuirse en la administración de justicia”, en el país.
Ante el pronunciamiento y el anuncio de paro para la próxima semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló ayer que “la justicia y la dignidad no se negocian” y acusó al Comité Pro Santa Cruz de buscar un pacto de impunidad en los casos de Jeanine Añez y Rómulo Calvo.
En enero, algunas organizaciones sociales del MAS pidieron el cambio de al menos siete ministros, entre ellos se mencionó el nombre del ministro de Justicia.
Los cívicos cruceños anunciaron que coordinarán sus acciones con otros movimientos cívicos del interior, pero aún no se confirmó si otras regiones se sumarán al paro, por ahora solo será en Santa Cruz.
Pagina Siete.