Abortos ocultos y fármacos falsos permanecen en calles
Las viejas y descuidadas gradas te llevan a lo oculto. Las paredes están desportilladas y hay publicidad médica para servicios de ecografía o test de embarazo. En el segundo piso de una vieja casa en la zona oeste de La Paz, el respeto a la vida está en duda. Hay tres jóvenes esperando. Sus miradas apuntan al suelo y no levantan la cabeza.
Los segundos son eternos. Una enfermera habla directo. Se le pregunta por los abortos y ella mira a los ojos y se pone aún más dura. Te ofrece el “servicio” por 800 bolivianos y dice que no durará más de media hora. La oferta de abortos clandestinos va en aumento y anda de la mano con la venta de fármacos falsos. Calles más abajo de los consultorios, se realiza el negocio de las medicinas que ingresan al país de contrabando.
Hay también fármacos falsificados. Estos productos son vendidos en la noche por personas que no tienen un mínimo de conocimiento de farmacéutica y los ofertan a costo menor que en las farmacias. Los medicamentos están en el piso, encima de un plástico. Hay desde aspirinas, ibuprofeno y calmantes en pomadas. La vendedora está atenta por si aparece la Policía o Guardia Municipal, y tiene todo listo para huir. Más allá está la calle La Tablada, conocida por vender materiales escolares durante todo el año. En esta vía existe también el comercio de medicamentos falsificados y de contrabando, pero lo llamativo es que venden con más demanda preservativos, dispositivos intrauterinos y fármacos referidos a la actividad sexual.
“Las dueñas nos dijeron que tienen clientes seguros y que solo venden para ellos”, relata el fiscal Marco Villa, quien está asignado a la investigación del contrabando y falsificación de medicamentos. La autoridad fiscal revela que estos negocios tienen un cierto grado de conexión con los doctores que realizan los abortos clandestinos.
El investigador encontró tarjetas de algunos médicos que trabajan en la calle Max Paredes. Villa anuncia que se ampliará la investigación para verificar si existen más galenos inmersos en este negocio y la finalidad del nexo que tienen entre los profesionales de salud y los falsificadores.
“Los mismos medicamentos eran suministrados a diferentes consultorios ligados a abortos ilegales y a farmacias clandestinas. Se han encontrado documentos que están siendo evaluados y se pueda asumir una decisión (…) Se tienen nombres de médicos, de los cuales se han colectado tarjetas; se están evaluando y procesando”, alerta el fiscal Villa.
En los consultorios no existe ningún tipo de control. Son lugares insalubres y carecen de aparatos tecnológicos ligados a la ginecología y la obstetricia. El personal que atiende en estos lugares es muy rígido y pocas veces se puede hablar con el médico a cargo de los abortos clandestinos. Los precios se establecen de acuerdo al tiempo de gestación.
El servicio está entre 500 y 1.000 bolivianos. La enfermera habla con seguridad. Quiere atraer clientes que, en su mayoría, son mujeres jóvenes. Pocas van a estos lugares con sus parejas. El proceso puede durar entre 30 a 40 minutos, según la enfermera, quien asegura que no hay riesgos. Ella entra en confianza, pero antes analiza a las jóvenes que llegan al lugar.
Les pregunta cómo se enteraron del servicio de aborto y si antes interrumpieron el embarazo. Les habla de los métodos para interrumpir el embarazo en estos consultorios. La enfermera pide a la paciente una ecografía previa para ver el tamaño del feto y definir el precio del servicio.
Luego, la mujer pasa al consultorio del médico, donde se le practicará el aborto. Los datos apuntan a que el 13% de las muertes maternas se debe a este tipo de prácticas tan peligrosas, ya que las mujeres “acceden a servicios insalubres para realizarse abortos en lugares clandestinos sin ninguna condición”, según las estadísticas de la cartera de Salud.
En las avenidas Bautista, Max Paredes, Buenos Aires y las calles adyacentes, que están cerca de la zona Cementerio y Garita de Lima, en la ciudad de La Paz, existe una gran cantidad de letreros, algunos improvisados, que ofrecen pruebas de embarazo y atención ginecológica.
Detrás de algunas de esas ofertas se esconden el aborto clandestino. Cuando el embarazo es producto del delito de violación, estupro, incesto, y pone en riesgo la vida y la salud de la mujer “niña, adolescente o joven”, la persona en etapa de gestación puede recurrir a un aborto legal sin grandes complicaciones de trámite, según la sentencia constitucional 0206/2014.
Este fallo, aprobado el 5 de febrero de 2014, establece que no será exigible la presentación de una querella ni la existencia de una imputación y acusación formal y menos sentencia, para que se proceda con el aborto. Según el Ministerio de Salud, cada día cerca de 200 mujeres en Bolivia se practican un aborto en lugares clandestinos poniendo así en riesgo su vida.
La problemática afecta mayoritariamente a mujeres con escasos recursos, incapaces de acceder a un servicio conveniente. Sin embargo, según la agrupación Pan y Rosas, en Bolivia se registran 80.000 abortos clandestinos cada año. “Nosotras nos movilizamos demandando que el aborto no sea considerado un delito en el Código Penal y que se legalice para que sea integrado a la salud pública”, defiende Violeta Tamayo, líder del colectivo feminista.
Una joven está nerviosa. Espera su turno en uno de los consultorios de la zona Garita de Lima. Tiene 19 años y sus padres no saben que está embarazada de ocho semanas. Su familia es de escasos recursos económicos y su novio no quiere saber de tener una familia. Por eso llegó al precario centro de salud tras una recomendación de una amiga. Logró reunir 300 bolivianos y quiere resolver lo antes posible de lo que ve como un “problema”.
“Mis papás me pueden botar de mi casa si se enteran que estoy embarazada.Llegué acá por recomendación de una amiga, estoy desesperada, pero creo que es lo mejor. La verdad me da pena, pero quiero acabar con este problema lo más antes posible”, relata la joven. Frente a ella están otras dos adolescentes. Bajan la mirada y evitan diálogos. Están nerviosas. La enfermera llama a una de ellas y le indica que ingrese donde el médico. Lo hace a paso lento sin dudar y sigue sin levantar la cabeza. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz registró 69 clínicas que atienden diferentes especialidades; sin embargo, solo 21 cuentan con la licencia administrativa de funcionamiento vigente. De los 48 centros médicos que tienen irregular su situación, seis cuentan con resolución de abrogación, es decir, que se cerraron por diferentes circunstancias. Existe un caso especial.
Es el de la clínica Paraná, donde surgió la denuncia de un aborto ilegal. Al respecto, el director del Sedes de La Paz, Freddy Valle, detalla que se procedió a la clausura del centro médico, pero se lo hizo porque no tenía los papeles en orden. En lo que va del año, en La Paz existen cuatro médicos detenidos por practicar abortos clandestinos.
Según la Fiscalía, estos casos terminaron con secuelas y una de las jóvenes está aún en terapia intensiva. Esta persona llegó a uno de estos consultorios y ahí fue atendida por una pareja. Un médico y una enfermera, quienes le dijeron que podían “ayudar” con la situación de su bebé. En este caso el aborto no se ejecutó en ese lugar, sino que fue trasladado a una clínica luego de establecer todos los acuerdos con la adolescente y su madre. En ese lugar, la menor se sintió mal y comenzó a sangrar.
La madre la llevó a un hospital, donde confirmaron que se le realizó un aborto y la trasladaron de emergencia a terapia intensiva. Luego se procedió a la aprehensión del médico. Este es un pacto de silencio. Los contrabandistas y falsificadores de medicinas trabajan y coordinan sus acciones con médicos que practican abortos clandestinos. Ellos no quieren hablar, menos dar más datos. Las afectadas parecen gritar en silencio. Muchas de ellas terminaron con secuelas y otras no están en este mundo para contar esta triste experiencia. (El Deber)
El Diario.