649 retenidos: Bolivia, paso hostil y obligado para el éxodo haitiano

En medio de un éxodo clandestino que atraviesa por el país, unos 650 migrantes haitianos fueron detenidos en al menos 15 operativos. En la ola de movilidad humana forzada que recrudece, Bolivia se convirtió en ruta obligada y hostil para una población vulnerable que está “de paso”.

“Pueden ayudarnos por favor. Nos retienen acá y nos quieren trasladar como esclavos. Tenemos un documento que nos da cinco días para salir del país. Solo queremos pasar hacia Perú”, señaló con dificultad uno de los haitianos del grupo de migrantes retenidos más numeroso.
Un grupo encontrado en Porvenir es detenido.
Captura de video.

El pasado 14 de julio, él junto a unos 200 ciudadanos haitianos, fue abandonado en Pailón, Santa Cruz, por unos coyotes que debían ayudarlos a travesar el país. Llegaron pagando su pasaje por tramos y en dólares; evadiendo controles porque en cada uno, pese al documento que les da una ventana de tiempo para regularizar su situación y continuar su viaje, son amenazados con ser puestos en la frontera por la que entraron.

No hay una cifra sobre la cantidad de haitianos que pasan por Bolivia, desde Brasil hacia Chile -en busca de su familia y de oportunidades- o a Perú, desde donde partirán hacia Centroamérica y Estados Unidos.

“La situación de esta población es compleja. No solo por las razones por las que empezaron su movilidad, sino también por la pandemia y las medidas de seguridad que asumieron los Estados, como el cierre de fronteras que implica la imposibilidad de realizar un tránsito regular entre países. Están en una suerte de clandestinidad”, señaló la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La comunidad haitiana lleva más de 10 años recorriendo el continente. Se estima que desde el devastador terremoto de 2010 –que tuvo un saldo de 217 mil decesos- alrededor de 1,6 millones de personas abandonaron Haití, el país más pobre de la región y que desde 2018 atraviesa la peor crisis sociopolítica y económica de su historia, con un nuevo pico tras el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse. Ayer, el país fue sacudido por otro sismo.

Los destinos principales de los haitianos fueron Brasil y Chile, donde se asentaron en comunidades y hasta consiguieron residencia. Sin embargo, tras la pandemia y los últimos acontecimientos en su país su éxodo se reactivó.

Familias enteras, con adultos mayores y niños a cuestas, salen desde Brasil rumbo a Chile en busca del resto de sus familias o hacia el Perú para avanzar hacia el norte del continente. Con el mismo fin, salen desde Chile y como en los anteriores dos casos Bolivia es el paso obligado.

“En 2016 tuvimos un flujo similar. Esto había quedado en suspenso hasta ahora, que nuevamente los haitianos llegan al país, no como destino, sino como paso obligado”, dijo Cruz.

En grupos grandes se aventuran por un territorio hostil en el que son interceptados en medio del camino por efectivos que les repiten normas que no toman en cuenta su crisis humanitaria; por transportistas que les cobran pasajes elevados y en dólares; por redes de trata que ponen en riesgo a las mujeres, niñas y niños.

“En este momento, los migrantes están en una vulnerabilidad extrema. Se pudo identificar que en muchos casos son víctimas de redes de trata de personas, de tráfico de migrantes, de extorsiones por parte de las autoridades de control, entre otras situaciones bastante peligrosas”, dijo la defensora del Pueblo.

Desde febrero, de acuerdo a los reportes de prensa, la cantidad de operativos ha ido en ascenso. De 17 operativos que llamaron la atención, 13 se realizaron en las últimas seis semanas. En éstos se detuvo a más de 570 migrantes de los 649 que se reportan en total.

“Los controles se han endurecido, por eso ya no se los ve en alojamientos o en alredores de la terminal. Hay vecinos que les dan refugio o les alquilan un cuarto, porque la Policía no entra a las casas. Prácticamente huyen, porque no son como los otros extranjeros, no hablan español y se los reconoce por su color de piel. Pareciera discriminación”, afirmó una vecina de la Terminal de Buses de La Paz.

En una entrevista con F10, la directora de la Dirección General de Migración, Katherine Calderón, dijo que la presencia de haitianos en el país responde a una migración circular y temporal que se repite cada año en determinada época.

“Nuestra intención con los operativos no es reprimir a esta población vulnerable, sino que logren un ciclo de migración regular y seguro. La mayoría de estos ciudadanos son residentes de Brasil o Chile que tienen documentos y podrían entrar sin problemas”, afirmó.

Sin embargo, para ello no se les da más opción que volver al punto de ingreso para conseguir un sello de salida y otro de entrada, retrocediendo todo lo avanzado, sin dar soluciones humanitarias para su paso regular y oportuno.

Por este motivo, los migrantes huyen de los controles. Al ver que los buses son identificados fácilmente, para llegar a las fronteras hacen tramos pequeños en el transporte interprovincial. Llegan a la urbe paceña de noche y se trasladan en horas de la madrugada hasta la zona del Cementerio General para tomar los vehículos que van hacia Desaguadero. Ahí junto a los contrabandistas, que usan el mismo horario para burlar los controles, pasan al Perú.

“Acá, de El Alto toman hacia Patacamaya, Caracollo y otras poblaciones para pasar hacia Chile. Vienen de noche o muy temprano”, relató un chofer interprovincial de la joven urbe.

Recordó que fue en uno de estos viajes por tramos que fallecieron dos niños haitianos, en un accidente a la altura de Carabuco. Los progenitores debieron abandonar sus cuerpos por miedo a ser deportados.

“La situación que están viviendo es muy triste, huyen de la pobreza. Esos dos angelitos fueron enterrados solo por los comunarios. Sus cuerpitos se quedaron para que sus padres puedan continuar su viaje”, lamentó.

“Nuestra intención no es reprimir a esta población vulnerable, sino que logre un ciclo de migración regular y seguro para ellos”.

Katherine Calderón, Digemig

“Están en una vulnerabilidad extrema. En muchos casos son víctimas de trata, de tráfico de migrantes y de extorsiones”.

Nadia Cruz, defensora
Los niños también son parte de los grupos de viajeros.
Foto: APG

Iglesia pide a Bolivia y Chile que abran sus fronteras para dejar pasar a los grupos de migrantes

“No queremos una sociedad insensible y poco solidaria”, se lee en una carta abierta dirigida a los gobiernos de Bolivia y Chile, firmada por la Pastoral Social Cáritas de ambos países, la fundación Scalabrini, el Instituto Católico Chileno de Migración y la World Vision de Arica. El documento se publicó en febrero, al inicio de la ola migratoria que vive la región y que recrudece sin atención eficaz.

“Llamamos a que con la misma urgencia y en coherencia con estas iniciativas, se promuevan y fortalezcan políticas públicas dirigidas a responder a las necesidades de las poblaciones vulneradas de los países de acogida, para que en nuestro continente alcancemos condiciones de bienestar, justicia social, respeto y promoción de los derechos de todos sus habitantes”, dice el documento.

Las organizaciones insistieron en que se pueda cumplir con tres aspectos fundamentales que beneficiarían a los migrantes. El primero de estos es que se abran las fronteras “haciendo uso de las atribuciones propias de la soberanía territorial” para quienes buscan vivir en paz, anhelan unificar a sus familias y constituirse en una esperanza de vida.

El segundo es que los gobiernos vean a las instituciones eclesiales y no eclesiales, como aliados para promover soluciones sostenibles, solidarias y dignas a la migración forzada.

El tercer pedido es “que se promueva la asistencia humanitaria y las expresiones de solidaridad en las poblaciones de nuestros países, pero también el respeto a las costumbres y principios propios de los territorios en los extranjeros”.

En su pronunciamiento, las organizaciones indicaron que la migración causada por la violencia, la pobreza, la intolerancia, el abuso de poder y la falta de justicia se han convertido en el Herodes de estos tiempos y han abierto una profunda herida en la región.

“Por caminos peligrosos y clandestinos caminan hombres, mujeres, jóvenes y niños, con el temor constante de ser detenidos, de convertirse en víctimas de traficantes o de perder la vida en el intento. El hambre, la incertidumbre y la desesperanza -acentuados por la pandemia- son sus compañeros de viaje”, sostiene la carta.
Ciudadanos ghaneses llegaron a Rurrenabaque.
Foto: Río Televisión

Salida a la crisis humanitaria, en manos del Gabinete

Considerando la situación de irregularidad en la que la población migrante se ve -prácticamente- obligada, la Defensoría del Pueblo propuso al Ejecutivo una salida para la regularización. Aún espera respuesta.

“Hemos presentado una propuesta de Decreto Supremo de Regularización Migratoria. El contenido toma en cuenta estándares internaciones señalados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y también los establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos relacionados a población de la niñez y adolescencia”, señaló la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Explicó que esta normativa permitiría que en el país se pueda generar un proceso de legalización, para que la población migrante pueda salir de la situación irregular . “Así se podría dejar esta suerte de clandestinidad para que estas personas vulnerables puedan ejercer todos sus derechos”, añadió Cruz.

La propuesta normativa, según indicó, ya fue debatida con los ministerios de Gobierno, Justicia y Transparencia, y la Dirección General de Migración (Digemig). Además, fue socializada con la población migrante y con las organizaciones locales que ayudan a este sector.

“Todavía estamos a la espera que el Gabinete pueda dar luz verde para la emisión del decreto”, afirmó.

Pero las medidas no pueden ser aisladas, por lo que se tomó contacto con la Defensoría del Pueblo en Puno, Perú, para coordinar lineamientos de atención a los migrantes.

Se acordó promover una Mesa Binacional Defensorial sobre Derechos Humanos de Personas Migrantes, Tráfico Ilícito de Migrantes y Niñez y Adolescencia Migrante.

Además, se estableció una agenda de reuniones virtuales de coordinación y -de darse las condiciones- una reunión presencial en oficinas de la Coordinación Regional de Desaguadero de la Defensoría del Pueblo.

No solo son haitianos, hay ghaneses

El 9 de agosto, efectivos policiales y de la Digemig interceptaron un bus que trasladaba a 35 extranjeros de Cobija a La Paz. La noticia corrió afirmando que se trataba de otro grupo de migrantes haitianos.

Sin embargo, el origen de los 21 viajeros era otro, Ghana, una república situada en el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África. Entre ellos viajaban nueve niños y bebés.

“Me llamo Abdul. Somos 21 personas que venimos de Ghana, en África, tenemos como destino La Paz. Solo pedimos ayuda para pasar hasta la frontera. Tenemos muchos problemas en nuestro país y por eso venimos”, contó uno de ellos en un español tropezado.

Entraron por la frontera de Brasil con Bolivia en Pando y fueron interceptados al pasar por Rurrenabaque, en Beni. Tanto la municipalidad como los vecinos los recibieron en el coliseo cerrado de la localidad, donde les brindaron abrigo, alimento y colchones.

“No podemos quedar indiferentes con este grupo de personas. Son seres humanos que buscan mejores condiciones de vida. Mediamos un acercamiento con el representante de la Defensoría del Pueblo para solucionar esta situación”, manifestó el alcalde de Rurrenabaque, Elías Moreno.

Hasta el coliseo, donde los migrantes fueron alojados, llegó personal de Migración y ante su imposibilidad de comunicarse, se requirió un traductor del español al inglés .

El funcionario pretendía dar por notificados a los viajeros extranjeros con una declaración jurada en español, y -que según la autoridad migratoria- no podía ser traducido ni tenía una versión en inglés.

Pese a ello se pedía que firmen el documento para manifestar su conformidad con un texto que ni siquiera podían leer. Esta fue una franca violación a su derecho de ser informados sobre su situación. El documento les daba tres días de plazo para abandonar el país por el lugar de ingreso y regularizar su situación.

Pese a su poco dominio del español, Abdul entendió lo que sucedía. “En Bolivia nos han tratado muy mal. Solo queremos pasar”, insistió.

Pagina Siete