Feminicidios: destituyen a dos fiscales e inician inspecciones

Dos fiscales de materia, uno vinculado al caso del feminicida Richard Choque y el otro a un delito de corrupción en Santa Cruz -que ya fueron detenidos de forma preventiva- fueron destituidos por presuntas irregularidades en los procesos investigativos. Con esa medida, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que se inició la inspección a las fiscalías especializadas en feminicidios y violaciones.

Lanchipa indicó que uno de los fiscales suspendidos “se vio involucrado en las actuaciones irregulares del exjuez Rafael Alcón cuando fungía como su secretario”. Relató que tras conocer esa información, “de manera inmediata se instruyó la investigación penal. Fue imputado y detenido preventivamente”. “Al margen del proceso penal, se iniciaron las acciones disciplinarias. Fue destituido y apartado de la carrera fiscal”, sostuvo la autoridad.

El 31 de enero, Raúl G.O. fue detenido e identificado como el exsecretario del juzgado de Alcón, quien en 2019 otorgó la detención domiciliaria a Choque pese a tener una sentencia por 30 años y sin derecho a indulto.

Según las investigaciones, el ahora exfiscal conocía de esas irregularidades y era parte de ese “consorcio de abogados y jueces” que ayudaban a obtener esos beneficios a feminicidas y violadores.

Lanchipa dijo que el Ministerio Público, a través de sus fiscales especializados, continuará con la investigación de los actos criminales y de corrupción de los servidores públicos que dieron libertad al feminicida.

Dijo que se desarrollan “acciones orientadas a la identificación de conductas delictivas de funcionarios vinculados a la administración de justicia y que ponen en riesgo el efectivo cumplimiento de las condenas obtenidas por el Ministerio Público en hechos tan sensibles como los feminicidios, asesinatos y violaciones”. Agregó que -por eso- se asumieron acciones inmediatas. “Se recapturó a delincuentes condenados que se encontraban en libertad e incluso reincidiendo en la comisión de hechos delictivos”, dijo.

El segundo fiscal de materia destituido fue J. M. R., quien estaba a cargo de la Fiscalía del municipio de Montero, del departamento de Santa Cruz. Este exfuncionario fue sorprendido en hechos de corrupción el pasado 1 de febrero.

Ante esta situación, se dispuso el proceso penal contra este exfuncionario. Posteriormente, fue detenido de forma preventiva. Se ordenó -además- su inmediato procesamiento disciplinario, destitución y retiro de la carrera fiscal.

“Somos contundentes al afirmar que no se encubrirá a nadie ni se permitirán actos irregulares o de corrupción dentro del trabajo que desarrollan los fiscales de materia a nivel nacional o de cualquier miembro del Ministerio Público. Quien sea encontrado cometiendo actos irregulares en el ejercicio de sus funciones será procesado y sancionado de acuerdo con la normativa”, advirtió Lanchipa.

La máxima autoridad del Ministerio Público solicitó a las personas que se sientan víctimas de este tipo de comportamientos acudan ante las autoridades pertinentes para que “esos malos elementos sean investigados, procesados y sancionados”.

Además, el fiscal general anunció que tras esta ola de denuncias de retardación de justicia, instruyó la inspección de los despachos de las fiscalías especializadas que atienden hechos de feminicidio y violaciones para verificar la transparencia de las actuaciones fiscales. Advirtió que si se hallan irregularidades, se asumirán las acciones disciplinarias y penales correspondientes.

“Para este objetivo, se requiere contar con información fidedigna”, dijo Lanchipa tras asegurar que por eso solicitó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al ministro de Gobierno la firma de convenios interinstitucionales para que a través del Sistema Justicia Libre, “se puedan interoperar las actuaciones de los jueces de ejecución penal y la dirección de Régimen Penitenciario”.

“Así se podrá realizar un seguimiento al cumplimiento efectivo de las condenas y podrán ser transparentes las acciones que devienen en la otorgación de beneficios penitenciarios”, sostuvo.

Lanchipa hizo esas declaraciones diez días después de que miles de mujeres marcharon desde la ciudad de El Alto hasta La Paz en rechazo a los beneficios que tienen los feminicidas y violadores con sentencias.

Tras esa movilización, el Gobierno conformó una comisión con 17 entidades gubernamentales, judiciales y del Ministerio Público para investigar estos actos irregulares. Pero la sociedad civil y las activistas no confían en esa comisión.

Lanchipa indicó que ahora pidió priorizar los juicios orales por estos dos delitos sin dilaciones y demoras.

Pagina Siete.