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Con el aval de sectores del MAS, buscan legalizar 200 mil “chutos ”

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En los valles, el Cono Sur y el trópico de Cochabamba es habitual la circulación de vehículos sin placas, desde antiguos hasta “lujosos”. “Ni la Policía ni el Gobierno hacen nada para frenar esta ilegalidad y lo peor es que piden ser legalizados”, lamenta Edson L., vecino de Arani. En ese municipio, el pasado 2 de agosto un centenar de personas se movilizaron con la exigencia de la amnistía para 200 mil vehículos indocumentados en todo el país.

Esta demanda, que va contra la ley, es respaldada por algunos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Entre tanto, el Gobierno no se pronuncia respecto a una posible nacionalización de “chutos”.

José Balderrama, empresario dedicado a la compra y venta de madera, refiere que en Beni, frontera con Brasil, es habitual la circulación de camionetas “modernas” Hilux modelos 2015, 2016 y 2017 sin placa. Cree que ingresan ilegalmente por el país vecino.

“Gran parte están ingresando de Brasil. Son robados. Un aserradero me ofreció un Hilux a 7.000 dólares cuando generalmente cuesta a 25.000 dólares. Obviamente es ‘chuto’. Allá es normal, nadie controla”, afirma.

Organizados y con demandas

Los propietarios de los vehículos indocumentados se organizaron en un comité nacional. Desde hace dos semanas realizan movilizaciones simultáneas en Cochabamba, Santa Cruz, Beni y otras regiones. Su demanda es unánime: que sus motorizados “chutos” sean nacionalizados “por única vez”, como sucedió hace 10 años, mediante la Ley 133 del 2 de junio de 2011 promulgada por el entonces presidente Evo Morales.

“Nosotros no somos ‘chuteros’. Hemos comprado nuestros autos en territorio nacional. Han dicho que los hacemos ingresar al país sin papeles, pero eso es mentira. Sólo tenemos un auto por afiliado y por eso pedimos esta amnistía”, asegura el representante nacional de los propietarios de vehículos indocumentados, Rubén Ferrufino, ante las críticas que los catalogan como comercializadores de motorizados sin papeles.

Tras las últimas protestas, los asociados ingresaron en cuarto intermedio en sus medidas de presión, pero anunciaron que no desistirán de su demanda.

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, advirtió con la intervención a las movilizaciones y bloqueos de esos sectores. Las calificó de ilegales y de generar afectación al comercio lícito.

“Se va a proceder al desbloqueo inmediato de este tipo de acciones ilegales, no solamente porque están poniendo en riesgo el manejo de la economía del Estado, sino porque es una afectación a la libre circulación”, sostuvo Cox en conferencia de prensa.

En los últimos días, varios asambleístas del MAS apoyaron la legalización de autos indocumentados, entre ellos los diputados Héctor Arce (Cochabamba) y Vicente Condori (Santa Cruz) y al menos tres exlegisladores. Condori anunció que actualmente trabaja en un anteproyecto de ley para legalizar los motorizados que circulan sin documentos.

El asambleísta cochabambino Moisés Vela, de la alianza Súmate, se unió a la petición de los legisladores del oficialismo. “Hemos cambiado nuestros burros por estos autos indocumentados”, dijo explicando el uso de los “chutos”. Contó que él proviene del campo y que allí muchos agricultores adquirieron esos vehículos para trasladar sus productos.

Su comercialización

El representante de comité de dueños de “ chutos” asegura que sus afiliados tienen un solo vehículo indocumentado y que lo adquirieron en uno de los diferentes mercados “ilegales” en todo el país.

“Hay mercados ilegales donde ofrecen estos autos. En Cochabamba los venden en varios municipios como en el Chapare, en Pongo. Y en La Paz, en Caranavi ”, afirma Ferrufino.
Autos sin placas circulan cotidianamente en las zonas rurales.

También los adquieren por intermediarios o mediante grupos de RRSS. Allí, los ofertan en precios que van entre 2.500 y 8.000 dólares, dependiendo del modelo.

Ferrufino explica que los motorizados nuevos con papeles al día son comercializados a precios “inaccesibles” para las personas que viven en las zonas rurales del país que ganan al día entre 50 y 100 bolivianos que sólo les alcanzan para subsistir. Por ello, optan por comprar un indocumentado.

“De boliviano en boliviano nos ahorramos hasta por cinco años y con eso adquirimos esos vehículos. Sabemos que son indocumentados, pero el problema ya está; por eso sólo pedimos que el Gobierno nos dé una regularización para poder circular libremente sin temor a ser perseguidos o que nuestras movilidades sean incautadas”, justifica el dirigente.

Asegura que las organizaciones que aglutinan a los dueños no permiten el registro de vehículos reportados como robados en Diprove y tampoco la afiliación de aquellas personas identificadas como “chuteras” o contrabandistas que se dediquen a vender autos indocumentados.

El comité de propietarios de autos indocumentados también elabora un proyecto de ley para la amnistía para los “chutos”. Entre otras propuestas, plantea que puedan acogerse a la nacionalización aquellos vehículos que ingresaron al país hasta el 12 de mayo de este año y quedan excluidos los “chatarras” o antiguos, aunque no especifica desde qué año. Pide además mayor control en las fronteras para frenar el contrabando de “chutos” y que asegura el perdón será por “única y última vez”.

“Reemplazaron a la mula”

El diputado Héctor Arce asegura que los autos indocumentados que generalmente circulan en las áreas rurales cumplen una “función social” porque reemplazaron al “caballo, a la mula y al burro” como medio de transporte. Por ello, dice, se debería buscar una solución a la demanda.

“El problema es que estos vehículos indocumentados están en todo el territorio nacional. Por tanto, si buscamos dar una solución de fondo, hay que ver si la vía es legalizarlos”, dice Arce.

Admite que los “chutos” consumen combustible y que no pagan impuestos. Además, que pueden ser usados para cometer ilícitos.

Los propietarios de los autos sin papeles plantean tributar y calculan que la amnistía podría recaudar unos 200 millones de dólares para el Estado. Esos recursos -dicen- se podrían destinar a la lucha contra el coronavirus.

Roberto Laserna, analista:
“La ley que no se aplica a todos crea inequidades”

“No es justo que unos paguen derechos de importación y otros no. Peor si es que éstos lo hacen presionando e imponiendo su voluntad por la fuerza. No solamente escamotean recursos al Estado, sino que lo muestra como un ente débil e incapaz de aplicar su ley. Así se daña a los comerciantes y consumidores que cumplen con la ley porque se les hace competencia desleal con bienes que no pagaron impuestos. En síntesis: ley que no puede ser aplicada universalmente crea inequidades e injusticias”, afirma el analista económico Roberto Laserna.

Para el experto, el problema para que sigan ingresando al país autos “chutos” radica en la falta de controles en las fronteras. Además, que la labor de la Aduana está limitada a cobrar aranceles que sólo alcanzan a los importadores legalmente establecidos.

“Éste es un problema recurrente que se origina en la imposibilidad que tenemos de controlar las fronteras. Pretendemos hacerlo poniendo a la Aduana y estableciendo aranceles que, al final, solamente se aplican a una parte de los comerciantes y consumidores, mientras que otra, como los ‘chutos’, transgreden la ley y luego buscan amnistía”, sostiene.

Para frenar la internación de “chutos”, Laserna propone alternativas. “Creo que una solución de fondo sería eliminar los aranceles de importación y aumentar los impuestos y controles de circulación, otorgando a las alcaldías un papel más proactivo en el tema, a condición de que compartan sus ingresos con el Gobierno central. O sea, rebaja de aranceles para todos e impuestos vehiculares diferenciados, más altos a los nuevos registrados y más bajos a los anteriores a fin de no castigar a los que antes cumplieron la ley”, finaliza.

El 2 de junio de 2011 el entonces presidente Evo Morales promulgó la Ley 133 que en su artículo 1 establece “por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular y diésel”.

Desde el 2012, un año después de la aplicación de esa ley, diferentes sectores, sobre todo del MAS, exigen otra regularización.

Mientras tanto, legisladores de la oposición y asociaciones de transportistas de diferentes departamentos se oponen a otro “perdonazo” y advierten con movilizaciones.

Pagina Siete.

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