ITEI: La cuarentena posibilita actos de tortura por parte de uniformados
La Defensoría del Pueblo denunció este lunes que la Fiscalía Departamental de Beni no recibe las denuncias por presuntos actos de tortura cometidos por efectivos militares de la Fuerza Naval de San Ignacio de Moxos en contra de tres personas que fueron detenidas en mayo, supuestamente, por infringir la cuarentena.
Al respecto la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), Emma Bolshia Bravo, indicó este lunes que la situación de cuarentena dispuesta por el Gobierno con el objetivo de controlar la propagación del coronavirus fue propicia para la vulneración de derechos, como, por ejemplo, los casos de tortura por parte de uniformados contra civiles, denunciadas en más de una oportunidad.
“Este estado de cuarentena total y cuarentena dinámica, por un lado posibilita ese accionar (torturas) de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y por el otro, impide a las organizaciones de Derechos Humanos y Salud Mental como la nuestra, poder constatar en el terreno el estado de las personas detenidas”, indicó Bravo a Página Siete Digital.
Observó que el mecanismo nacional de prevención de la tortura constituido a través del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), dependiente del Ministerio de Justicia, no esté realizando ninguna acción.
“Ellos tienen carta blanca para entrar allí donde hay personas privadas de libertad y constatar si han sido objeto de tortura y denunciar. Lamentablemente son dependientes del Ministerio de Justicia y por eso están en cuarentena silenciosa”, denunció.
Bravo recordó que en abril ya se conoció “que en plena cuarentena el Defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, denunció tortura a personas que fueron apresadas en el trópico cochabambino y llevadas a la cárcel de El Abra. Se denunció también tortura en Palmasola”, indicó.
Apuntó que la tortura se constituye en un mensaje colectivo a la sociedad para inmovilizarla, «todo esto está totalmente orquestado para que la gente no haga nada, atravesada por el miedo. La denuncia rompe eso y se impone al silencio. Creo que es importante señalar que no son sólo los policías que detienen y torturan, arriba de ellos hay una cadena de mando que ordena”.
El domingo se filtró un video en el que se ve al ministro de Defensa, Fernando López, advirtiendo a un ciudadano beniano que puede desaparecer en segundos en caso de que un militar no sea respetado. “¡Yo soy una persona que escucha! Pero no permite que le falten el respeto. ¡Y… peor a un uniformado! (…) ¡usted desaparece en 10 segundos! ¿Sabe o no? (…) ¡No le falte nunca el respeto a un uniformado!”, dijo López.
El ciudadano más tarde manifestó, a través de otro video, que se trata de una amenaza y que teme por su seguridad.
“Todo esto nos demuestra que la tortura en nuestro país es sistémica, sistemática y generalizada. Las personas que se atreven a denunciar rompen con la finalidad de la tortura que es silenciar e inmovilizar. Pero es apenas un pequeño porcentaje el que nosotros conocemos, que se atreven a denunciar, porque los amenazan”, informó.
En el caso de las denuncias en Beni y debido a que las mismas aún no son recibidas, la Delegación Defensorial de Beni emitió el 4 de junio una resolución para que la Fiscalía General del Estado inicie procesos disciplinarios contra el personal del Ministerio Público de Beni y a la Fiscalía presidida por Marthy Mejía por el incumplimiento a su función de promover la acción pública de oficio.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que también se emitió una resolución a la fiscalía para «el inicio de acciones disciplinarias contra el segundo Distrito Naval Mamoré por haber instado a una de las víctimas de hechos de tortura a suscribir un documento privado que ilegalmente coarta sus derechos de acceso a la justicia y no haber comunicado sobre la presunta comisión de este delito a las autoridades pertinentes, entre otras”.
“Se recibió como respuesta que este tipo de denuncias sin la formalidad legal, pueden derivar en venganzas personales o chantajes a particulares, y que ya habrían transcurrido demasiados días por lo que se requeriría instancia de parte para la investigación”, indicó Cruz.
También se pidió que se otorguen todas las medidas de protección las personas que denunciaron tortura y a testigos y se anunció que la Defensoría del Pueblo “comunicará la Resolución al Subcomité para la Prevención de la Tortura en el marco del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura”.
Las víctimas, de quienes se guarda su identidad, de forma coincidente señalaron haber sido detenidas por efectivos militares por incumplimiento de las disposiciones de la cuarentena y que fueron trasladadas al Distrito Naval 2, donde dijeron haber sido sometidas a golpes, asfixiados con una bolsa plástica y sumergidas en agua, como mecanismo de castigo por, supuestamente, haber infringido la cuarentena.
La Delegación de Beni se contactó con una de las víctimas y recabó su testimonio y el de su familia. También conoció, por contactos posteriores, que en esa fecha una persona más, bajo el mismo modus operandi, fue sometida a torturas en el mismo distrito naval. Luego tomó conocimiento de un tercer caso cometido el 7 de mayo con las mismas características.
Estos casos fueron corroborados por algunos testigos y por el personal médico que atendió a las dos primeras víctimas, luego de la vulneración a sus derechos.
A través de una nota de prensa de la Defensoría, se recordó que estas acciones desconocen que la tortura es un delito de acción pública y un crimen de lesa humanidad, por lo que a la fecha no existe una investigación penal abierta.
Pagina Siete