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Modificación de Ley 348 establece que certificados de no violencia serán emitidos por el REJAP

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El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó el martes que la modificación de Ley 348, Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establece que los certificados contra ese delito serán emitidos únicamente por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), dependiente del Consejo de la Magistratura.

«La naturaleza jurídica del proyecto de ley (de modificación) es que la única instancia en emitir antecedentes tanto de violencia intrafamiliar como de delitos ordinarios será el Consejo de la Magistratura a través del REJAP», dijo a los periodistas.

La modificación al parágrafo I del artículo 13 de la Ley 348 fue aprobada por unanimidad en el pleno de la Cámara de Diputados y establece que a partir de marzo de este año el REJAP será la única instancia encargada de emitir los certificados sobre antecedentes de la violencia ejercida contra la mujer o cualquier miembro de su familia y sobre sentencias ejecutoriadas, con el fin de desburocratizar ese trámite.

Borda explicó que una persona para ocupar un cargo público debe certificar que no tiene denuncias por violencia intrafamiliar y, paralelamente, tenía que sacar antecedentes del REJAP de que no cuenta con sentencia ejecutoriada en procesos de delitos comunes.

«Era un gasto insulso, tenían que ir a sacar un certificado del SIPASSE y del REJAP cuando eran la misma cosa; entonces, lo que hemos hecho ahora es que la persona solo tiene que ir al REJAP para certificar si no tiene antecedentes por esos delitos», remarcó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, resaltó que esa modificación no implica «flexibilización», sino, una «simplifaicacion» de trámites para los ciudadanos.

«Recordemos que el SIPASSE es un requerimiento de no tener registros de violencia, además de elaborar datos estadísticos; entonces, esas funciones van a seguir siendo cumplidas, lo único que hacemos al modificar esta normativa es facilitar que el ciudadano no tenga que peregrinar entre dos instituciones, sino que se dirija directamente a la entidad emisora de la certificación de antecedentes penales», explicó.

cta/rm ABI

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