Denuncian trasfondo político en mandamiento contra Albarracín
Ante la emisión de un mandamiento de aprehensión en contra del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, legisladores de oposición cuestionaron que casos contra ciudadanos que lucharon por la democracia avancen con celeridad mientras que otras denuncias por delitos graves no son atendidas por el sistema de justicia.
Parlamentarios ven este requerimiento judicial de distinta forma, mientras desde la oposición señalan que el mandamiento de apremio contra el que también fue Defensor del Pueblo es una nueva muestra de la persecución política contra opositores, para representantes del oficialismo los delitos son personales y Albarracín debe responder ante la justicia.
El diputado por Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, cuestionó las recientes determinaciones de la justicia lamentando que se actúe con celeridad en casos que relacionan a representantes de la oposición y ciudadanos que lucharon en defensa de la democracia, como en este caso.
“Efectivamente acá hay un trasfondo político, existen varias denuncias y no se realizan aprehensiones. Waldo por haber estado en los 21 días de paro movilizado y haber sido representante del Conade se lo quiere aprehender. Se observa que la justicia está siendo manipulada una vez más por el Movimiento al Socialismo”, sostuvo.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, precisó que los requerimientos contra Albarracín corresponden a procesos que se le iniciaron por delitos de carácter personal, por lo que pidió a representantes de la oposición ser más serios antes de denunciar supuestos intentos de persecución.
“Los delitos son personales y eso no lo podemos atribuir a que es una persecución política, es un tema personal eso de abandonar un menor de edad y eso está estipulado en nuestras normativas porque se tiene que rendir cuentas ante la justicia”, sostuvo el legislador oficialista.
Agregó además que las responsabilidades personales relacionadas al abandono de un menor de edad, como en este caso, no deben ser motivo para justificar una presunta persecución política. “Tiene que rendir cuentas ante nuestra justicia”, indicó.
Fuente: El Diario