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Caso ítems: Ley 123 limitó la fiscalización en la municipalidad

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La Ley Municipal 123 de Contratos y Convenios Municipales de Santa Cruz limitó la labor de fiscalización del Concejo Municipal y ayudó a encubrir las irregularidades del caso ítems. Según concejales de oposición, esa norma fue una de las piedras angulares para evitar la fiscalización en el sonado caso de corrupción.

La normativa, según su artículo 5, tiene efecto para los siguientes tipos de contratos: obra pública, prestación de servicios, suministros, arrendamiento, comodato, concesión de obra pública, concesión de servicio público, concesión de área, adquisición de bienes, concesión de uso de superficie, transferencia emergente de procesos de expropiación y adjudicación definitiva.

“Salvo los casos expresos establecidos por la presente ley y normas conexas, los contratos, convenios y otros instrumentos a suscribirse con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra deberán contar con la aprobación previa del Concejo Municipal, cuando por su naturaleza requieran dicha aprobación”, se lee en la norma.

Los proyectistas de esa ley municipal se ampararon en la sentencia constitucional plurinacional 001/2013 y los artículos 272 y 283 de la Constitución Política del Estado para argumentar que el Concejo Municipal deslegitima su rol de fiscalización en caso de un control previo a los contratos del ejecutivo.

“El órgano deliberativo del gobierno autónomo municipal es titular de la facultad fiscalizadora, por lo cual al arrogarse la atribución de aprobar contratos y convenios estaría incurriendo en control interno previo, cuestión que convertiría al órgano deliberativo en corresponsable del órgano ejecutivo en cuanto a la firma de contrato, lo cual deslegitima su accionar de fiscalizador objetivo”, establece el apartado 20.

La concejala de Comunidad Autonómica (C-A) Lola Terrazas indicó que con la ley le fue entregado a Percy Fernández el control casi absoluto de la alcaldía cruceña. Añadió que el legislativo municipal perdió su rol de fiscalización y de estar pendiente de los recursos públicos.

“Con esa ley da luz verde para que se cometan irregularidades. El manejo de los recursos sólo está en manos del ejecutivo municipal y con la Ley 123 no hay marco legal que el Concejo fiscalice. El caso ítems fantasmas ha sucedido hace años y nadie fiscalizaba esos contratos”, señaló. El legislador edil de Demócratas Manuel Saavedra coincidió en que esa ley municipal limitó la fiscalización. Ello porque en la misma no establece montos, por lo cual el ejecutivo puede realizar contratos desde uno a millones de bolivianos sin control.

“Por eso hubo BRT (Sistema de Transporte Rápido), las fuentes multidistritales, los ítems fantasmas. Por eso se dio una serie de casos de corrupción que nunca fueron investigados y fiscalizados. El Concejo Municipal no revisó los contratos”, afirmó.

Por su parte, el concejal del Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Maykol Negrete dijo que la Ley 123 no pudo haber tapado el caso ítems. “Las leyes aprobadas en la gestión de Percy era para beneficio de unos pocos (…), pero los ítems fantasmas no llegan a contratos que superen el millón de bolivianos”, agregó.

No obstante, la Ley 123, que está en vigencia, no contempla montos para fiscalizar contratos.

En septiembre de 2021, el actual Concejo Municipal aprobó una modificación a la norma. Sin embargo, el ejecutivo, ahora a cargo de Jhonny Fernández, observó el proyecto y no lo promulgó hasta la fecha.

Antecedentes de una ley clave

En el año 2011, la gestión de Percy Fernández pidió la suspensión de seis de sus siete concejales titulares. El MAS solicitó que se aparte a uno de sus legisladores ediles. Los entonces concejales fueron apartados de sus cargos en 2012 con acusación fiscal y basados en la Ley de Autonomías.

El concejal de Demócratas Manuel Saavedra indicó que en 2014, la Ley 123 fue aprobada por los concejales suplentes de Santa Cruz Para todos con apoyo del MAS. Recordó que entonces ya había una alianza entre Fernández y el expresidente Evo Morales.

La concejala Lola Terrazas manifestó que el exburgomaestre, con la aprobación de la ley, hizo una movida para asegurarse de no perder el control de la Alcaldía. Esto porque sabía que en las elecciones de 2015 no iba a tener la misma cantidad de concejales, y así no iba a preocuparse si algunos de ellos se le podría dar la vuelta.

Fuente: Pagina Siete

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