5 sectores del MAS son los que se oponen al carnet de vacuna

Cinco organizaciones sociales del departamento de La Paz, que forman parte del Pacto de Unidad del Movimiento Al Socialismo (MAS), exigen la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641, que instruyen portar el carnet de vacunación contra el coronavirus o la prueba PCR para ingresar a oficinas públicas y entidades privadas.

En tanto, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el oficialismo descartó abrogar ambas normas, respaldó la gestión de Luis Arce contra la pandemia y pidió a las organizaciones sociales del MAS “reflexionar” sobre su pedido. Las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos apoyan los decretos.

En cambio, los diputados Caleb Villarroel (Creemos) y José María Salazar (CC) presentarán en Sucre una acción abstracta de inconstitucionalidad contra los decretos supremos 4640 y 4641. Y, en La Paz, el Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, los cívicos y gremiales de El Alto, además de otras organizaciones, presentaron ayer una acción popular contra ambas normas.

Acuerdo campesino

Horas antes de que entraran en vigencia los decretos observados, representantes de las federaciones departamentales de Trabajadores Campesinos de La Paz, Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Comunidades Interculturales de La Paz, Consejo Departamental de Marcas y Ayllus de La Paz y el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas emitieron una resolución del Acuerdo Interinstitucional del departamento de La Paz en la que exigen abrogar los decretos 4640 y 4641 por considerarlos “inconstitucionales” y porque se aprobaron, según ellos, “sin consulta previa y socialización del pueblo boliviano”, indica el documento.

Otra de las demandas de estos sectores del MAS es el cambio del titular de Salud, Jeyson Auza. “Exigimos la destitución inmediata del ministro de Salud, Jeyson Marcos Auza Pinto, por no haber consensuado con las organizaciones sociales de Bolivia el tema de la vacunación, por decisiones arbitrarias”, dice el tercer punto de la resolución. En otro acápite, el sector se declara en “estado de emergencia”.

Los representantes aclararon que no están en contra del gobierno de Luis Arce. “Nosotros estamos en contra de este ministro (Auza) y de sus viceministros porque ellos han manejado este decreto y de ellos ha salido el proyecto del decreto”, sostuvo el dirigente campesino José Luis Chura. En caso de que no se abroguen los decretos observados, las organizaciones sociales de La Paz del MAS anuncian movilizaciones de protesta.

En respuesta, los legisladores del partido azul descartaron la abrogación de las normas y llamaron a las organizaciones sociales a reflexionar y meditar sobre los riesgos de la pandemia del coronavirus.

“Yo llamo a mis compañeros dirigentes de distintas organizaciones sociales a que reflexionen y que mediten. Por más que tengamos nuestras medicinas tradicionales, se debe reforzar con la parte científica”, sostuvo ayer el senador Félix Ajpi, del MAS.

Por su lado, Auza defendió su labor y dijo que la vacunación no es obligatoria. “Este ministro ha recibido una tarea, una misión y con el brazo levantado ha jurado que va a defender la salud del pueblo boliviano”, afirmó Auza para quien se debe priorizar “el bien mayor, que es la salud de la colectividad”.

Acciones

Los diputados Villarroel (Creemos) y Salazar (CC) anunciaron que presentarán en estos días ante el Tribunal Constitucional en Sucre una acción de inconstitucionalidad contra las dos normas. “Estos dos decretos vulneran las libertades y los derechos ciudadanos”, refirió Salazar.

Por su lado, ayer un grupo de organizaciones sociales, entre ellas las Iglesias Evangélicas de Bolivia, cívicos y gremiales de El Alto, presentaron una acción popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz contra ambos decretos.

Luis Aruquipa, representante de las Iglesias Evangélicas, señaló que no son antivacunas, sólo que desean más información que garantice que son efectivas.

Exigimos la destitución inmediata del ministro de Salud, Jeyson Auza Pinto, por haber tomado decisiones arbitrarias y sin consenso

Sectores sociales MAS, La Paz

Fuente: Pagina Siete