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Amplían cárcel para Jeanine Añez cinco meses más y su familia dice que peligra su vida

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El sistema judicial ayer amplió a cinco meses más la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez, quien permanecerá en la cárcel por lo menos otros 11 meses por el caso “golpe de Estado”. La familia de la exmandataria denunció que dicha ampliación es ilegal y responsabilizó al Gobierno si Añez muere en la cárcel.

“Se está disponiendo una detención por 11 meses dentro del caso terrorismo, sedición y conspiración, a efectos de encubrir la negligencia del Ministerio Público que no realizó las actuaciones investigativas en el tiempo que debería realizar”, dijo a Página Siete el abogado de su defensa, Luis Guillén.

La resolución fue emitida ayer por el Juzgado Décimo de Instrucción Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, después de que el viernes se suspendiera la audiencia debido a una “grave descompensación” que sufrió Añez en medio de la audiencia.

Guillén dijo que a pesar del delicado estado de salud de la exmandataria, ordenaron que ella baje a una sala de audiencias. En las imágenes se ve a Añez con el rostro demacrado y la cabeza apoyada en la pared.

“Lo han hecho de una forma totalmente indulgente, sin considerar su estado de salud crítico. La autoridad judicial ha omitido realizar una valoración efectiva del tiempo del proceso de investigación y ha socapado a la Fiscalía”, afirmó Guillén.

Su salud empeora

Después de emitida la resolución, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, a través de sus redes sociales dijo que el juez Armando Zeballos amplió la detención de Añez de forma “ilegal” y “sin ningún tipo de criterio jurídico ni pruebas”.

Además, Ribera contó que ayer encontró a su madre “en posición fetal, temblando como una hoja, al borde de la inanición” y si fallece, responsabilizará al gobierno de Luis Arce y al sistema judicial. “Si muere Jeanine Añez, hago responsable al Gobierno y a la justicia”.

En tanto, el abogado Guillén subrayó que ayer, después de la descompensación que Añez sufrió el viernes, la defensa pidió de forma escrita a la directora de la cárcel de Miraflores que su médico personal la examine, pero la solicitud ni siquiera fue recibida, aseguró. Temen que la situación de salud de la exmandataria se agrave.

La posición del Gobierno

El presidente Luis Arce dijo la pasada semana que la expresidenta Añez estará en prisión con detención preventiva hasta que la justicia emita un fallo. “(Añez estará en prisión) hasta que la justicia dé su veredicto. Alguien tiene que responder por los 38 muertos”, manifestó en entrevista con France24, en Nueva York, Estados Unidos.

Aseguró también: “A nosotros no nos mueve la venganza, a nosotros nos mueve el interés por hacer justicia” y que la exmandataria goza del “debido proceso y se están respetando todos los derechos humanos, lo que ella no hizo”.

En la misma línea, ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, “está haciendo todos los esfuerzos para que la señora Añez tenga la mejor atención posible”, afirmó además que se están respetando todos sus derechos humanos.

“Tenemos la más amplia voluntad de dar explicaciones a las organizaciones de derechos humanos y más cuando tenemos una petición ante la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos). Tenemos un debido proceso, tenemos la atención de salud”, dijo Lima.

El mismo fallo para Coímbra y Guzmán

Por determinación de la justicia, los exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán, también permanecerán con detención preventiva por otros cinco meses más, así como la expresidenta Jeanine Añez.

Ambas exautoridades están en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz desde el 14 de marzo de este año, cuando la jueza cautelar Regina Santa Cruz determinó su detención preventiva con el argumento de un posible riesgo de fuga y una posible obstaculización en las investigaciones, elementos que no habrían sido desvirtuados por la defensa de la exmandataria y de los exministros.

Así como Añez, los exministros fueron imputados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el caso de presunto “golpe de Estado” a raíz de la denuncia que presentó Lidia Patty, exdiputada del MAS, a quien después se adhirieron el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado.

El abogado de la defensa, Luis Guillén, afirmó que la resolución de la justicia carece de fundamento y aseguró que el Ministerio Publico “se equivocó” al detener a estas tres personas. Lamentó que se amplíe su detención preventiva por este espacio de tiempo.

“Esto no es cumplir la labor del control jurisdiccional, es decir, el Ministerio Público se equivoca y no presenta una resolución fundamentada y por eso la autoridad judicial le da un mes menos. Esto evidencia que no hay necesidad de mantener a estas personas en detención preventiva ni tampoco de ampliar esta detención”, dijo a Erbol.

Pagina Siete

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