El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, rechazó este jueves la denuncia pública que lo vincula con la red del exfiscal Roger Mariaca y el magistrado Romer Saucedo, ambos investigados por narcotráfico, y atribuyó la acusación a un intento por obstaculizar la aprobación de la Ley de Incentivo al Deporte. La diputada Sofía Rocha había señalado tener pruebas de esos vínculos y advirtió que la norma deportiva podría facilitar el lavado de dinero.
“La verdad que ya pasa de lo absurdo, una completa ridiculez”, afirmó Costa, quien sostuvo que la denuncia tiene un objetivo claro: frenar una iniciativa que trabaja desde hace más de cinco años en tres gestiones de gobierno. El dirigente fue enfático al negar cualquier participación en la red investigada: “Este presidente, mi persona, jamás ha participado de ninguna red irregular, delictiva, delictuosa, y jamás lo va a hacer”, declaró. Añadió que ya suman varias las denuncias recibidas durante sus cinco o seis años al frente del fútbol boliviano y anunció que su staff jurídico emprenderá las acciones que correspondan.
Costa apuntó directamente a David Paniagua y Mario Reynoso como impulsores de la acusación, a quienes calificó como “dos descalificados del sistema del fútbol” que buscan manchar la causa deportiva para impedir la aprobación de la ley. Respecto a la denuncia de Rocha, la diputada aseguró que presentará sus pruebas en su momento, aunque también cuestionó la intencionalidad de la Ley de Incentivo al Deporte.
Consultado sobre la invitación que cursó para que Mariaca viajara a ver a la selección en el repechaje mundialista, Costa explicó que ese tipo de convocatorias son habituales entre el deporte y el Estado, pero aclaró que “el señor Roger Mariaca no ha asistido a ninguna invitación que sea realizada por parte de la Federación Boliviana de Fútbol. Menos al repechaje, eso lo puedo asegurar”. Sobre el convenio firmado con Mariaca en julio, precisó que los acuerdos de la FBF se suscriben con instituciones, como la Fiscalía General del Estado, y no con personas, y que su propósito era agilizar la investigación de delitos como los amaños de partido. “Más bien, deberían felicitarnos los asambleístas por gestionar este tipo de acuerdos”, concluyó.
