El colectivo Hacking Bolivia publicó el 15 de noviembre una alerta sobre una presunta operación de extracción y venta de información estatal que involucraría a cinco instituciones: SENARECOM, Cancillería, Ejército, Cámara de Senadores y el sector de seguridad del Estado. La denuncia también identifica al usuario «konata_izumi_shell» y su vinculación con un canal de Telegram. Hasta el momento, estas afirmaciones requieren verificación independiente.
El caso de SENARECOM resulta especialmente delicado. Según la denuncia, se habría filtrado una base de datos con 654.414 registros de clientes y compradores de minerales, que incluiría transacciones comerciales, cantidades de oro, plata, estaño y zinc, además de datos empresariales y cuentas bancarias. Se trataría de información financiera y comercial de buena parte del negocio minero del país.
La Cancillería también aparece en la denuncia. El colectivo asegura que se habrían extraído más de 170 gigabytes de información y 619.143 expedientes de ciudadanos extranjeros, con datos de pasaportes, visas y solvencia económica. La exposición de estos documentos podría comprometer la privacidad y seguridad de miles de personas.
En el caso del Ejército de Bolivia, la denuncia señala la sustracción de más de seis gigabytes de documentos internos, incluidos manuales de guerra, ciberdefensa, inteligencia y organigramas de unidades especiales. Si se confirma, el problema dejaría de ser administrativo para convertirse en un asunto de seguridad nacional.
La Cámara de Senadores tampoco estaría al margen. Hacking Bolivia denuncia la filtración de 2.652 registros de personal legislativo, con información personal, domicilios y antecedentes, datos que podrían facilitar suplantación de identidad, amenazas y extorsión.
Este lunes 16 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció oficialmente que identificó un incidente de seguridad informática y informó que activó protocolos de respuesta y contención en coordinación con AGETIC. También señaló que investiga si existió acceso no autorizado o exposición de información. Sin embargo, la Cancillería todavía no confirmó públicamente la magnitud de la filtración denunciada por Hacking Bolivia, ni precisó si los 619.143 expedientes y los 170 gigabytes mencionados fueron efectivamente sustraídos.
La diferencia es fundamental: reconocer un incidente informático no equivale a confirmar todas las dimensiones de una filtración. El colectivo plantea que el Gobierno debe realizar una auditoría informática independiente en todas las instituciones señaladas, identificar qué información fue sustraída y si está siendo comercializada, proteger los sistemas comprometidos y preservar evidencias para una investigación penal. También advierte sobre la necesidad de alertar a las personas cuyos datos pudieron quedar expuestos y reforzar los mecanismos de prevención del fraude.




