Rodrigo Paz promueve una Ley de Inversiones para quienes quieran venir a invertir a Bolivia. "No me importa si el dólar viene de la derecha o la izquierda", declaró. La frase, calculadamente provocadora, no trata sobre temas ideológicos o políticos; devela, en cambio, una ausencia total de principios, de ética y de moral que resulta imperdonable en un Presidente de Bolivia.
Debemos recordarle que hay dinero necesario, pero también hay dinero sucio: dólares fruto de ilícitos, de procesos de saqueo, de vulneración de soberanías, de competencias desleales. Hay dólares impregnados de lodo y de sangre.
No soy ingenuo. No creo que las inversiones sean "agua bendita". En el pasado vinieron al país y se fueron, como ocurrió con la empresa hindú Jindal Steel Works, que prometió invertir en El Mutún para generar una moderna siderurgia y al final dejó a Bolivia sin la culminación de este proyecto, perjudicándonos e inviabilizando nuestra capacidad nacional de producir acero. ¡Este tipo de inversiones ya no!
Hablemos de inversión extranjera directa (IED). La historia reciente desmiente la tesis de que una nueva ley es la solución mágica. Bolivia recibió en 2014, en pleno auge de los hidrocarburos, más de 2.100 millones de dólares. La caída posterior no fue por falta de "seguridad jurídica" —la Constitución ya estaba vigente— sino por el desplome de los precios de las materias primas y la crisis estructural del modelo extractivista. Cambiar la ley no cambia los precios internacionales.
El presidente Paz repite como un mantra la palabra "empleo", sugiriendo que la IED es la solución al desempleo. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que en Bolivia la IED genera entre 110 y 180 empleos directos por cada 100 millones de dólares invertidos, muy por debajo del promedio sudamericano de 300 empleos. La razón es simple: la IED en Bolivia se ha dirigido históricamente a sectores intensivos en capital —hidrocarburos y minería— que requieren poca mano de obra.
¿Qué garantiza el nuevo proyecto de ley que esta vez será diferente? El gobierno menciona sectores como inteligencia artificial, economía digital o hidrógeno verde, pero son precisamente sectores de alta tecnología y baja densidad laboral. Atraer capital extranjero no es sinónimo de crear empleo de calidad, y el gobierno parece confundir ambas cosas.
El gobierno de Paz se presenta como el antídoto contra dos décadas de "izquierda" que, según él, convirtieron al Estado en una "cloaca". Pero el problema no es el modelo económico previo; es la fragilidad de una economía dependiente de la exportación de gas y minerales, con un aparato productivo desindustrializado y una burocracia estatal ineficiente.
El proyecto crea una Agencia Nacional de Inversiones, una Ventanilla Única y un Plan Nacional de Inversiones quinquenal. Es decir, más burocracia para resolver el problema de la burocracia. La historia de Bolivia está llena de agencias y ventanillas que prometieron agilizar trámites y solo añadieron capas de complejidad institucional.
El proyecto establece que las nacionalizaciones o expropiaciones deberán tramitarse "mediante una ley de prioridad nacional", supuestamente para evitar decisiones unilaterales. Pero el efecto práctico es erosionar la soberanía estatal sobre los recursos naturales, un principio que el propio Paz dice respetar.
La creación de un marco de arbitraje internacional abre la puerta a que disputas con inversionistas extranjeros se resuelvan fuera de la jurisdicción boliviana, exactamente lo que la Constitución Política del Estado prohíbe en su artículo 320.
El gobierno de Paz está dispuesto a doblegar la Constitución, la soberanía y la ética por un puñado de dólares sucios. La pregunta que debemos hacernos los bolivianos es: ¿a qué precio?
Por Columnista
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