Rodrigo Paz es el creador absoluto de la patraña del “50-50”. Cuando la formuló por primera vez en campaña electoral, en julio de 2025, fue una más de tantas promesas que consistió en un interés por su formulación simplona, dando a entender que las regiones (gobernaciones y municipios) tendrían acceso a los recursos del Gobierno central en “una proporción similar”.
Durante 15 meses la propuesta no se materializó en un documento técnico y mucho menos normativo, por ser una narrativa amorfa, destinada a la distracción y el engaño, y dejando un espacio en blanco para que diferentes actores diseñaran (o soñaran) un contenido que satisficiera sus expectativas. Así se llega a una última reunión entre gobernadores de departamentos y el Gobierno de Paz, donde se materializa una propuesta de entregar a estos niveles subnacionales un 0,4% del 75% que administra el nivel central de los recursos de coparticipación tributaria. El 20% restante se destina a municipios y el 5% a universidades.
Es entonces cuando el Gobierno de Paz —buscando un acuerdo— aumenta la propuesta hasta el 1%.
Las gobernaciones, debido a las promesas electorales de sus autoridades electas y a la crisis económica que enfrentan en cada departamento, buscaron algún resquicio en el tema de la distribución de la coparticipación tributaria; alivio de deuda flotante; transferencia de competencias e instituciones como Senarecom y Sergeomin (vinculadas a minería) y otras relacionadas con servicios de salud; y retención de las recaudaciones por peajes.
Si se suman todas estas demandas y lo ofertado por el Gobierno —es decir, el 1% de coparticipación tributaria—, se llegaría a un monto mínimo. Hasta ahora, el beneficio directo para las gobernaciones y municipios fue el pago de la deuda flotante con el crédito con la CAF por $us 550 millones, del cual se destinó $us 429 millones. No es una transferencia de recursos, sino un alivio basado en reprogramación de deudas.
A partir de la información disponible a noviembre de 2026, el proceso 50-50 ha generado para las gobernaciones beneficios mínimos que se dividen en dos categorías: alivios financieros ya materializados y una propuesta de nuevos recursos aún no consolidados. El cálculo general muestra que el grueso de lo obtenido hasta ahora corresponde a liberación de cargas que antes cubrían las gobernaciones, más que a una inyección directa de fondos frescos.
El 50-50 es un fracaso, muestra de la improvisación y el engaño sistemático que realiza el presidente Rodrigo Paz. Solo con fines de registro, se detallan algunas narrativas que acompañaron este proceso a lo largo del tiempo (15 meses), en palabras de Paz:
- 50-50 para terminar con el “Estado tranca”.
- El 50-50 no es un pacto fiscal, es un preacuerdo federal.
- El plan 50/50 revolucionará el Estado; será el principio del federalismo.
- La propuesta buscaba asignar 15 mil millones de bolivianos a educación.
- El Gobierno central gestionaría solo la mitad de los fondos públicos y la otra mitad iría a gobiernos regionales.
- El Estado Tranca se acabó: 50/50. [...] A partir del 8 de noviembre, no hay que esperar 100 días.
- El 50-50, “una de sus principales promesas de campaña”, espero se concrete al final de la gestión 2030.
- Proceso del 50-50: “No es una consigna, es una medida estructural”.
- Algunas autoridades regionales creen que el 50 y 50 es repartir plata; no, no, no, es un profundo debate sobre las autonomías.
- No es repartir plata, porque si no también te voy a repartir deuda.
- El 50-50 pasó de propuesta de campaña a “bandera nacional”.
- Anunció que buscará modificar la Constitución para concretar el 50-50.
Quince meses después, el balance es elocuente: la promesa estrella de la campaña de Rodrigo Paz se ha diluido en un laberinto de declaraciones contradictorias, cifras que se desvanecen y una oferta final -el 1% de coparticipación tributaria- que las propias gobernaciones califican de insuficiente y que ni siquiera está consolidada. El 50-50 nació como un eslogan hueco, creció como una narrativa amorfa y termina como lo que siempre fue: una mentira útil para ganar votos, pero incapaz de convertirse en política pública seria. Mientras tanto, las regiones siguen esperando los recursos prometidos, y el Gobierno se refugia en la reprogramación de deudas y en la retórica del “debate profundo” para no entregar lo que ofreció. La historia del 50-50 no es la de una reforma fallida, sino la de un engaño sistemático que, a fuerza de repetirse, terminó por desnudar su propia vacuidad.


Por Columnista
Por Columnista
Por Columnista
Por Columnista
Por Columnista
Por Columnista
Por Columnista
Por Columnista