El presidente Rodrigo Paz completó su primer año de gestión el 8 de noviembre con un panorama que divide opiniones: mientras el Gobierno destaca la estabilización económica y la lucha contra el narcotráfico, economistas y legisladores opositores advierten sobre reformas postergadas y problemas estructurales sin resolver. Paz llegó al poder tras ganar el balotaje del 19 de octubre de 2025 con el 54,6 por ciento de los votos, poniendo fin a casi dos décadas de gobiernos de izquierda encabezados por Evo Morales y Luis Arce.
El economista Cristian Aramayo, presidente de la Fundación Gobierno Abierto, reconoció avances en el control de la inflación, pero fue crítico con la ejecución de las medidas anunciadas. "El Gobierno nacional, en su primer año, ha emitido muchas señales. Sí, está orientado levemente hacia una dirección correcta, pero lo que está fallando, y mucho, es la implementación de aquellos anuncios que ha realizado", evaluó. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, Bolivia registró una inflación del 2,07 por ciento en octubre, con una acumulada de 6,03 por ciento entre enero y ese mes, frente al 20,4 por ciento con el que cerró 2025.
Entre las medidas adoptadas figuran la eliminación de los subsidios a los combustibles —iniciada en agosto de 2026 con el diésel para grandes consumidores y extendida en septiembre a todos los usuarios— y la flexibilización del tipo de cambio aplicada desde junio de 2026, que sustituyó al sistema fijo vigente por casi 15 años. Sin embargo, René Martínez, analista de presupuesto público de la Fundación Jubileo, señaló que la reducción del gasto público sigue pendiente y es una tarea que Paz postergó en su primer año. El ajuste contó con un financiamiento de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y la intención de captar otros 5.000 millones de organismos internacionales.
Desde la oposición, el diputado Edgar Zegarra, de la alianza Libre, reprobó la gestión. "El poder Ejecutivo y Legislativo han tenido un año de reprobación. Digo esto porque en realidad no se han hecho leyes que lleguen al estómago y al bolsillo de la gente", afirmó. El legislador también cuestionó la situación judicial, mencionando el caso del fiscal general Roger Mariaca, a quien Estados Unidos restringió el visado el 28 de septiembre por presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico, y el del asesor presidencial argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por un presunto intento de feminicidio.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, defendió la gestión y destacó tres ejes: las medidas de ajuste económico, la lucha contra el narcotráfico —con la captura del uruguayo Sebastián Marset el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra y su expulsión a EEUU— y la recuperación de las relaciones internacionales. "Muchas decisiones difíciles han sido asumidas, porque había que ordenar la casa", resumió Gálvez. No obstante, admitió que entre las tareas más urgentes queda una reforma judicial que brinde mayor seguridad a la población.
