El denominado caso Maletas sumó este viernes un nuevo elemento de análisis con la incorporación de un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) al cuadernillo de investigación fiscal. El documento, emitido en respuesta a un requerimiento del Ministerio Público, detalla el procedimiento aplicado a los 31 equipajes que arribaron al aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz el 29 de noviembre de 2025 en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos, con matrícula N585JC.
“Las 31 unidades de equipaje (maletas) fueron sometidas a una inspección mediante el uso del Can K-9, no detectándose alerta alguna de la presencia de sustancias controladas”, precisa el reporte policial citado por el diario El Deber. La revisión canina se realizó en pista y luego las valijas, con un peso promedio de 20 kilos cada una, fueron trasladadas en presencia de un funcionario de Aduana hacia los depósitos de rezagados por la puerta metálica N° 8 para completar el trámite aduanero. El registro de la empresa Proflite LLC (formulario 189) confirmó el ingreso formal de los equipajes a las 14:30 de esa misma jornada.
El equipaje pertenecía a la exdiputada Laura Rojas Ayala, sus dos hijas menores de edad y Gabriel Giuliano Leoni. El resultado de esta primera inspección cobra relevancia porque contradice las declaraciones que Hebert Zeballos realizó el jueves pasado, cuando sostuvo que el cargamento contenía mar1 hu*n4 producida en California y que habría contado con presunta protección del entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Un día después, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo una línea similar al afirmar que se trataba de mar1 hu*na modificada químicamente y atribuyó presuntas responsabilidades a Mariaca y al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. Sin embargo, el reporte de la Felcn no consigna alertas positivas del can K-9 ni refleja análisis químicos realizados en esa intervención inicial.
Frente a este escenario, la defensa técnica de Laura Rojas, a cargo del abogado Joadel Bravo, cuestionó la imputación por delitos de narc* tráfic* al considerar que la hipótesis fiscal carece de sustento probatorio. El jurista enfatizó que el informe de la Felcn constituye un elemento clave que el Ministerio Público debe valorar para revisar los cargos por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
