El Gobierno de Perú se pronunció sobre la presencia de uno de sus diplomáticos en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que se trató la situación del fiscal general Roger Mariaca, posteriormente destituido por el Legislativo.
La Cancillería peruana explicó que el funcionario acudió al hemiciclo únicamente para “recabar información como oyente” durante una audiencia pública, como parte de sus labores de representación y seguimiento de acontecimientos relevantes para la institucionalidad democrática boliviana.
La presencia del diplomático generó polémica después de que la senadora Ana María Crispín filmara a representantes de las embajadas de Perú, Argentina y Estados Unidos en el palco de la Asamblea y los acusara públicamente de realizar supuestos pagos mediante códigos QR para influir en parlamentarios.
Ante estos cuestionamientos, el Gobierno peruano señaló que respeta plenamente la soberanía, independencia e integridad de los Estados, pero recordó que el seguimiento de acontecimientos políticos, económicos y sociales forma parte de las funciones de los representantes diplomáticos acreditados.
En el caso de Bolivia, la Cancillería consideró que este seguimiento tiene especial importancia debido a los vínculos históricos de amistad y cooperación transfronteriza entre ambos países y al posible impacto que los acontecimientos de una nación pueden generar en la otra.
Finalmente, el Gobierno peruano expresó su respaldo a la preservación del Estado de derecho en Bolivia y a la continuidad de un gobierno constitucional elegido mediante procedimientos democráticos.




