El 24 de febrero de 2022, Miguel Vázquez —extitular de Ueno Bank, hoy imputado y en prisión— remitió una nota al entonces fiscal adjunto antidrogas Marco Alcaraz para intentar desmarcarse del caso A Ultranza, presentación que, según el contenido del expediente, pasó desapercibida para el Ministerio Público. En el escrito, el empresario admitió haber comprado al hoy condenado Alberto Koube un yate Azimut AZ62 de 62 pies, bautizado como Zeus, aunque negó cualquier vínculo con la estructura criminal.
Un año después, el 23 de febrero de 2023, la Fiscalía confirmó en su acusación por el caso A Ultranza que Alberto Koube Ayala había depositado G. 10.000 millones en la empresa IOIO Saeca, posteriormente Ueno Holding. La operación se realizó el 11 de noviembre de 2021 en concepto de "inversión", respaldada por un contrato suscrito a través de su firma Grupo Tapyracuai. Koube alegó que el dinero provenía de un préstamo obtenido en la Financiera El Comercio Saeca —que luego pasó a ser Financiera Ueno y posteriormente ueno bank—. Sin embargo, la tesis fiscal sostiene que todo se trató de una simulación: la estructura empresarial fue utilizada únicamente para blanquear los fondos ilícitos que recibió de Sebastián Marset, producto del narcotráfico.
Posteriormente, el 28 de diciembre de 2021, el hoy condenado colocó G. 1.300 millones en un Certificado de Depósito de Ahorro a nombre de una mujer. El monto fue depositado en la entonces entidad Credicentro, firma que actualmente forma parte del grupo Ueno. La acusación fiscal describe cómo Koube, operador de Marset, utilizó contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para introducir dinero de origen ilícito en Credicentro, IOIO Saeca y ueno Holdings, todas del Grupo Vázquez.
Las operaciones se concretaron entre noviembre y diciembre de 2021 y movilizaron fondos por USD 3,8 y 4,1 millones, según el documento fiscal. El Ministerio Público remarca que los supuestos créditos obtenidos en Credicentro, del mismo grupo, eran para encubrir el origen real de los fondos. La tesis fiscal indica que estos movimientos se realizaron ante la urgencia de Sebastián Marset, quien se encontraba retenido en Dubái.
En su nota de 2022, Vázquez aseguró que compró el yate de manera legal a través del Grupo Tapyracuai SA, firma que identificó como representante y distribuidora oficial de la marca italiana Azimut en Paraguay. Señaló que en junio de 2018 firmó contrato para la construcción del yate modelo Azimut AZ62, terminado en Brasil en agosto de 2019. Vázquez reconoció que la operación la realizó con Alberto Koube, a quien identificó como representante de la empresa, y aseguró que los pagos se efectuaron íntegramente mediante el sistema bancario y que las pólizas de seguro del yate estaban a su nombre, buscando acreditar que fue un comprador de buena fe.
Pese a que la Fiscalía describe cada operación como simulaciones, el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno, no ahondó en la investigación por ese punto, y Koube y otros implicados ya fueron condenados.




