Los habitantes de la comunidad Chushuara Originaria, en el municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, constataron una intensa actividad minera ilegal atribuida a súbditos chinos que operan con maquinaria pesada entre los ríos Beni y Quendeque, a unos 800 metros de la zona intangible del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
Según el relato de un comunario que se identificó como “Juan” para resguardar su vida, en marzo de este año la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), junto con la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, intervinieron la operación y destruyeron dos excavadoras y dos volquetas. Sin embargo, a partir de junio la actividad aurífera se reanudó con mayor intensidad y más maquinaria, trabajando las 24 horas de cada jornada.
El equipamiento detectado incluye tornamesas, retroexcavadoras, unas 15 volquetas y la instalación de aproximadamente cinco chutes o rampas de lavado de mineral para explotar oro de unas siete pozas. “Se está incumpliendo la disposición judicial y lo peor es que se está contaminando con mercurio los ríos y se está poniendo en riesgo la biodiversidad de los ecosistemas del Parque Madidi”, advirtió Juan, quien también mencionó el impacto sobre las comunidades indígenas tsimanes, mosetenes, tacanas y ese ejjas que viven río abajo.
El comunario lamentó que, pese a las denuncias presentadas ante la Fiscalía y la AJAM, las autoridades no cumplan con la Resolución Judicial de la Acción Popular 05/2023, emitida el 9 de septiembre de 2023 por el Juzgado Público Mixto de Rurrenabaque, que dispuso la suspensión inmediata de toda actividad minera ilegal y sin licencia ambiental en el río Beni y sus afluentes.
A finales de agosto, la inacción estatal llevó a la comunidad a emitir un voto resolutivo rechazando la actividad minera en su territorio y solicitando la intervención de las autoridades competentes ante amenazas, amedrentamiento e intimidación, además de la investigación por tenencia y portación de armas de fuego de personas vinculadas a la operación ilegal.
El pasado fin de semana, con la participación de casi todos los comunarios, las autoridades y dirigentes realizaron una vigilia pacífica en el lugar de la actividad ilegal para exigir la paralización de las operaciones. Tras detener la explotación por una jornada, los mineros retomaron las operaciones sin temor alguno, ya que contarían con un grupo de choque armado para enfrentar a quienes denuncien la actividad, según la versión del comunario.
Una comunaria que llegó la pasada semana a la ciudad de La Paz denunció en redes sociales y en un medio radial que ella y sus familiares fueron amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas.
Otro habitante del lugar, que tampoco reveló su nombre, explicó que los dirigentes verificaron que la operación minera ilegal no cuenta con una concesión actualizada anterior a la Resolución Judicial de la Acción Popular 05/2023, por lo que al tratarse de una nueva actividad debe ser intervenida tal como lo establece la medida.
La Acción Popular fue presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) para frenar la minería aurífera ilegal y la contaminación con mercurio en los ríos de la Amazonía paceña, tras una audiencia que se extendió por más de 15 horas. La resolución permanece por casi tres años en el Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, a pesar del seguimiento y reclamo de la CPILAP, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Justicia Indígena de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.
Mientras tanto, la minería ilegal aurífera aumenta de manera alarmante por ríos, áreas protegidas y territorios indígenas del norte de La Paz, de Beni y de Pando, con el uso indiscriminado de mercurio que pone en riesgo las vidas de los habitantes de los pueblos indígenas, contamina los ríos y la biodiversidad de la región, y pone en peligro al Parque Nacional Madidi, el área protegida más biodiversa del planeta.




