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NACIONAL

Magisterio Urbano y sectores sociales firman acuerdo contra la descentralización de institutos técnicos

Ana Bozo informó que las 31 federaciones del país instalaron piquetes de huelga de hambre en rechazo al anteproyecto del Gobierno de Rodrigo Paz, que según los docentes podría derivar en una privatización encubierta de la educación técnica.

Magisterio Urbano y sectores sociales firman acuerdo contra la descentralización de institutos técnicos
Magisterio Urbano y sectores sociales firman acuerdo contra la descentralización de institutos técnicos

El Magisterio Urbano de Bolivia, junto a otros sectores sociales y sindicales, suscribió un acuerdo en defensa de la educación pública y en rechazo al anteproyecto de descentralización de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos impulsado por el Gobierno de Rodrigo Paz. La dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, Ana Bozo, detalló que las 31 federaciones del país instalaron piquetes de huelga de hambre como parte de las movilizaciones coordinadas con otras organizaciones sindicales.

Los docentes sostienen que la propuesta gubernamental podría facilitar una privatización encubierta, ya que el Estado no garantiza los recursos económicos necesarios para sostener el sistema educativo. En ese marco, cuestionan que el Ejecutivo pretenda transferir responsabilidades mediante la descentralización sin presentar un respaldo financiero que asegure el funcionamiento de los institutos.

Una representante del sector planteó sus dudas sobre la capacidad estatal para cumplir sus obligaciones: “Si el Estado no puede garantizar hasta ahora cumplir con sus obligaciones económicas, ¿cuál es el respaldo que nosotros tenemos para ver esta situación?”. Asimismo, recordó que los docentes tuvieron que movilizarse durante meses para exigir el pago de salarios correspondientes a ítems de nueva creación.

El magisterio advirtió que la falta de recursos podría afectar primero a la educación superior técnica y tecnológica, y posteriormente extender el problema al sistema de educación regular. Por ello, exigió al Ejecutivo una explicación clara sobre el financiamiento de la propuesta y señaló que el Gobierno no cuenta con un plan económico que garantice el cumplimiento de las nuevas responsabilidades.

Los sectores que suscribieron el acuerdo concluyeron que cualquier modificación en la administración educativa debe proteger el carácter público de la educación y asegurar los recursos para su funcionamiento.

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