El exdiputado Amilcar Bladimir Barral interpuso este miércoles una acción popular contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo Mamani; el senador suplente Nilton Condori Alanoca; el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y los denominados Ponchos Rojos. La demanda fue recibida a las 15:53 en la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Barral, actuando en su condición de ciudadano boliviano, acusa a los demandados de amenazar y vulnerar derechos colectivos como la libre circulación, la paz social y el patrimonio económico del país. El documento, que cuenta con 52 fojas en primera instancia, señala que las movilizaciones y bloqueos de caminos instruidos por Argollo desde la COB han sido decididos de forma unilateral, ilegal e inconstitucional.
La acción popular, amparada en los artículos 21 y 136 de la Constitución Política del Estado, exige a las autoridades judiciales que actúen en un plazo máximo de 72 horas. Barral recuerda que la Sala Constitucional Segunda debe disponer el levantamiento inmediato de los bloqueos en todo el territorio nacional, tal como lo manda la Carta Magna. “El Gobierno y la justicia tienen que actuar contra los bloqueadores, levantar los bloqueos y meter a la cárcel a los instigadores, organizadores y financiadores”, señala el exlegislador en uno de los pasajes de su demanda.
El petitorio incluye tres medidas concretas. En primer lugar, solicita una tutela preventiva que ordene el cese de las interrupciones en rutas y caminos a nivel nacional. Como segunda petición, pide que se inicien procesos penales con detención preventiva contra quienes inciten u organicen los conflictos. Y en tercer término, demanda un procesamiento administrativo y penal contra las autoridades por incumplimiento de deberes, ante la presunta inacción frente a las protestas.
Barral también dirige la acción contra el senador suplente Nilton Condori Alanoca, a quien acusa de vulnerar la libertad de circulación y de no promover la cultura de paz, algo que la Constitución le exige como legislador. Además, incluye al Ministro de Gobierno por omisión en el control de las movilizaciones, y a los Ponchos Rojos como grupo civil organizador de los bloqueos.
El exdiputado fundamenta su legitimación activa en los artículos 34 y 136 de la Constitución y el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, que permiten a cualquier ciudadano interponer esta acción de defensa sin necesidad de agotar la vía judicial o administrativa previa.
La demanda advierte que los bloqueos afectan derechos como la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, así como la protección del patrimonio natural, económico y cultural del país. El caso queda ahora en manos de la Sala Constitucional Segunda, que deberá definir si admite la acción y emite las medidas cautelares solicitadas en el plazo constitucional de 72 horas.
