Las cooperativas mineras auríferas se consolidaron como los principales productores de oro en Bolivia entre 2006 y 2024, periodo en el que concentraron aproximadamente el 95% de la explotación nacional, según un estudio de la Fundación Jubileo.
El informe señala que durante esos 18 años las cooperativas extrajeron oro por un valor histórico de $us 20.749 millones, mientras que el Estado recibió poco más de $us 400 millones entre regalías e impuestos.
De acuerdo con la investigación, el crecimiento del sector se aceleró desde 2010, impulsado por el incremento de las cotizaciones internacionales del oro. Para 2018, el Viceministerio de Cooperativas Mineras registraba 1.406 cooperativas dedicadas exclusivamente a la explotación aurífera, de un total de 2.077.
El estudio también destaca la heterogeneidad del sector. Las cooperativas pueden ser pequeñas, medianas o grandes y, en algunos casos, estar asociadas con empresas privadas que aportan capital, maquinaria u operadores.
La mayor concentración de estas operaciones se encuentra en el norte del departamento de La Paz, donde, según el documento, la actividad involucra aproximadamente a 60.000 socios. En 2022, la producción nacional de oro alcanzó un récord de 54 toneladas, con un valor comercial superior a los $us 3.000 millones.
La Fundación Jubileo cuestiona además el régimen tributario aplicado a las cooperativas. Mientras las empresas privadas pagan un 25% de Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y una alícuota adicional cuando los precios internacionales alcanzan determinados niveles, las cooperativas están excluidas de ese pago adicional bajo determinadas condiciones establecidas por la normativa minera.
El informe señala que la principal contribución económica directa de las cooperativas al Estado es la regalía minera. Según la investigación, determinadas operaciones registradas como “yacimientos marginales” pueden tributar una tasa efectiva de entre 2% y 2,5% sobre el valor bruto de venta, frente al 7% aplicado a operaciones consideradas normales.
La Fundación Jubileo sostiene que esta diferencia entre el valor del oro extraído y los recursos que recibe el Estado refleja, a su criterio, un régimen favorable para el sector cooperativo y una pérdida de capacidad de control estatal sobre la actividad aurífera.
El estudio también advierte sobre los impactos ambientales y laborales de la explotación. En particular, menciona el uso de mercurio, las condiciones precarias en algunas cooperativas pequeñas y la presencia de trabajadores contratados pese a que la normativa establece que los socios deben participar directamente en las labores mineras.
