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NACIONAL

Caso Marset: ocho años de identidades falsas, fugas, poder y sospechas que terminaron alcanzando al fiscal general del Estado

Durante ocho años, Sebastián Marset logró moverse entre identidades falsas, documentos irregulares, fugas y operaciones que atravesaron varias instituciones bolivianas. Su captura en marzo de 2026 no cerró el caso: abrió una nueva etapa que terminó poniendo bajo investigación a fiscales, policías y exautoridades, hasta alcanzar al entonces fiscal general del Estado, Róger Mariaca.

Caso Marset: ocho años de identidades falsas, fugas, poder y sospechas que terminaron alcanzando al fiscal general del Estado
Caso Marset: ocho años de identidades falsas, fugas, poder y sospechas que terminaron alcanzando al fiscal general del Estado

Sebastián Marset entró a Bolivia con su verdadero nombre. Meses después tenía documentos con otra identidad. Años más tarde regresó utilizando un nombre brasileño, construyó una vida aparentemente normal en Santa Cruz y escapó cuando la Policía estuvo a punto de capturarlo. El fiscal que apareció ante las cámaras prometiendo investigar hasta el último vínculo de su organización era Róger Mariaca. Tres años después, Marset fue detenido, llevado a Estados Unidos y comenzó a hablar. El 30 de septiembre de 2026, Mariaca terminó aprehendido. Esta es la reconstrucción cronológica de una historia que todavía está lejos de terminar.

I. 25 DE OCTUBRE DE 2018: EL HOMBRE QUE ENTRÓ CON SU VERDADERO NOMBRE

Mucho antes de que su rostro apareciera en todos los noticieros de Bolivia, Sebastián Enrique Marset Cabrera ya caminaba por territorio boliviano.

Según la reconstrucción que hizo el Ministerio de Gobierno después de su fuga de 2023, el ciudadano uruguayo ingresó a Bolivia el 25 de octubre de 2018 utilizando su identidad verdadera: Sebastián Enrique Marset Cabrera.

Por entonces todavía no existía en Bolivia el gigantesco despliegue policial que años después movilizaría centenares de efectivos para encontrarlo.

El dato adquiere importancia por lo que sucedió apenas unos meses después.

Marset comenzó a construir una segunda identidad dentro del propio sistema documental boliviano.

El 11 de abril de 2019 obtuvo un certificado de nacimiento a nombre de Gabriel De Souza Beumer. El documento establecía que esa persona supuestamente había nacido en Santa Cruz de la Sierra el 17 de octubre de 1995.

Cinco días después, el 16 de abril de 2019, Marset realizó paralelamente un trámite para obtener una cédula de extranjero utilizando documentación correspondiente a su verdadera identidad.

Y el 17 de abril, apenas seis días después de haber obtenido aquel certificado de nacimiento, recibió una cédula boliviana bajo la identidad de Gabriel De Souza Beumer.

El 22 de abril de 2019, según la cronología divulgada posteriormente por el Segip y el Ministerio de Gobierno, esa nueva identidad le permitió acceder también a un pasaporte boliviano.

En menos de dos semanas se había producido algo extraordinario: una misma persona tenía documentación vinculada a su identidad real y, paralelamente, documentos bolivianos correspondientes a otra persona.

Cuando el caso explotó públicamente en 2023, la entonces directora nacional del Servicio General de Identificación Personal, Patricia Hermosa, informó que cuatro funcionarios del Segip fueron desvinculados por las irregularidades y que la institución se incorporaría al proceso investigativo.

Uno de los puntos investigados fue la ausencia o manipulación del registro biométrico que debía impedir que una misma persona pudiera registrarse con identidades distintas.

También quedaron bajo investigación actuaciones de funcionarios relacionados con Migración y con el trámite del pasaporte. Entre los nombres mencionados en las investigaciones apareció Rebeca Barboza Achacollo, entonces funcionaria de Migración en Montero e hija de la exministra Nemesia Achacollo. Su vinculación fue objeto de investigación; eso no equivale a una declaración de culpabilidad.

Aquel episodio dejó la primera gran pregunta del caso:

¿Cómo pudo un ciudadano extranjero construir en pocos días una segunda identidad boliviana dentro de instituciones que debían verificar precisamente que eso no ocurriera?

La respuesta nunca quedaría completamente cerrada.

II. 2021: MARSET CAE EN DUBÁI Y APARECE OTRO PASAPORTE

El siguiente capítulo importante ocurrió lejos de Bolivia.

El 10 de septiembre de 2021, Sebastián Marset fue detenido en Emiratos Árabes Unidos cuando intentaba viajar desde el aeropuerto internacional de Dubái hacia Turquía.

La causa inmediata fue un pasaporte paraguayo presuntamente falsificado.

Cuatro días después, el 14 de septiembre, la sección consular de Uruguay en Emiratos Árabes fue formalmente informada de la detención. La cronología fue posteriormente presentada ante el Senado uruguayo por el entonces canciller Francisco Bustillo.

Pero mientras Marset se encontraba detenido apareció otra controversia.

Uruguay terminó otorgándole un pasaporte.

El procedimiento provocó posteriormente una crisis política en ese país, porque para entonces autoridades paraguayas comenzaban a reconstruir una estructura internacional de narcotráfico en la que el nombre de Marset tendría un lugar central.

Su liberación en Emiratos ocurrió a comienzos de 2022.

Pronto el problema dejó de ser únicamente uruguayo.

Paraguay estaba preparando uno de los mayores golpes contra el narcotráfico de su historia reciente.

III. 22 DE FEBRERO DE 2022: NACE “A ULTRANZA PY”

A las aproximadamente 09:00 del 22 de febrero de 2022, fiscales y agentes antidrogas paraguayos comenzaron a ingresar simultáneamente en viviendas, empresas, hangares y establecimientos vinculados a una organización investigada desde hacía meses.

El operativo recibió un nombre que terminaría asociado para siempre a Marset:

A Ultranza Py.

La investigación fue desarrollada por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, con cooperación internacional de la DEA, Europol y organismos uruguayos.

El informe de gestión 2022 del Ministerio Público paraguayo registra 123 allanamientos en dos fases, 15 imputados con prisión preventiva y otros 18 con órdenes de captura nacional e internacional. La propia Fiscalía paraguaya identificó como líderes de la estructura a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”.

La hipótesis investigativa era de enorme dimensión.

La organización habría introducido cocaína —principalmente desde Bolivia— hacia Paraguay, donde era almacenada y posteriormente enviada hacia Europa y África. Las investigaciones vincularon a la estructura con cargamentos que superaban las 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa.

Marset aparecía, según los investigadores paraguayos, como uno de los encargados de conseguir droga y articular operaciones internacionales.

Miguel Ángel Insfrán, “Tío Rico”, habría proporcionado parte de la logística.

A su alrededor comenzó a aparecer una extensa red familiar y financiera.

Entre los buscados estaban Gianina García Troche, pareja de Marset; Diego Nicolás Marset, su hermano; José Alberto Insfrán Galeano; Gilberto Esteban Sandoval Giménez, piloto vinculado a numerosas aeronaves; y otros integrantes de la presunta estructura.

El 26 de febrero de 2022, una jueza paraguaya declaró rebeldes y ordenó la captura nacional de varios de ellos.

El 2 de marzo de 2022, la jueza Rosarito Montanía ordenó la captura internacional de Sebastián Marset, Miguel Ángel Insfrán, Gianina García Troche, Diego Marset y otros investigados por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.

Para entonces Marset ya no era simplemente un hombre que había conseguido documentos falsos.

Era buscado internacionalmente.

Y Bolivia volvería a convertirse en un lugar fundamental dentro de su historia.

IV. 2022: UNA RED QUE SE EXTENDÍA POR VARIOS PAÍSES

Las investigaciones de A Ultranza comenzaron a mostrar una organización mucho más compleja que un simple grupo dedicado a transportar droga.

Había aeronaves.

Empresas.

Inmuebles.

Sistemas de lavado de dinero.

Familiares.

Intermediarios financieros.

Y movimientos de dinero entre América y Europa.

Uno de los personajes posteriormente decisivos para la investigación estadounidense fue Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias “Capitán”, señalado por Estados Unidos como un estrecho colaborador financiero de Marset.

Años después, Santoro admitiría ante la justicia estadounidense haber participado en una conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

La acusación de Estados Unidos sostiene que la estructura movía millones de dólares provenientes de cargamentos de cocaína utilizando distintos países y también instituciones financieras estadounidenses.

Así comenzó a dibujarse el modelo atribuido a Marset: no solamente mover droga, sino contar con una red capaz de financiar operaciones, ocultar dinero, utilizar documentos alternativos y mantener conexiones en distintos países.

En algún momento de esa historia, el prófugo volvió a Bolivia.

V. 8 DE ABRIL DE 2023: MARSET REGRESA, PERO YA NO COMO MARSET

Según la reconstrucción realizada posteriormente por el Gobierno boliviano, Sebastián Marset regresó a Bolivia el 8 de abril de 2023.

Pero esta vez ya no ingresó utilizando su verdadero nombre.

Empleó una identidad brasileña:

Luis Paulo Amorim Santos.

Esa identidad no tenía activa la alerta internacional que pesaba sobre Sebastián Marset.

Ese detalle sería posteriormente utilizado por autoridades bolivianas para explicar cómo un hombre buscado internacionalmente pudo atravesar controles migratorios sin ser identificado.

Durante los siguientes meses, Marset se instaló en Santa Cruz.

Su entorno arrendó o utilizó propiedades.

Se movilizó en vehículos.

Mantuvo actividad social.

Tuvo vínculos con el fútbol.

Utilizó empresas y personas de su entorno.

Y, aparentemente, vivió sin esconderse de la manera en que uno imaginaría que debía hacerlo uno de los hombres más buscados de Sudamérica.

Hasta finales de julio de 2023.

VI. 29 DE JULIO DE 2023: LA POLICÍA LLEGA HASTA ÉL… Y MARSET DESAPARECE

El 29 de julio de 2023, efectivos del Centro Especial de Investigación Policial —CEIP— consiguieron acercarse al hombre que estaban buscando.

La operación parecía ser el final de la persecución.

Terminó convirtiéndose en uno de los episodios más cuestionados del caso.

Según la reconstrucción oficial posterior, policías que participaban en el seguimiento fueron descubiertos y retenidos por personas vinculadas al entorno de Marset.

El uruguayo consiguió escapar.

La Fiscalía registra el 30 de julio de 2023 como fecha de apertura de la primera investigación derivada de aquel operativo, después de que policías denunciaran que habían sido retenidos por personas vinculadas al prófugo.

Marset desapareció junto a parte de su familia.

La noticia corrió por todo el país.

La Policía desplegó operativos.

Se allanaron viviendas.

Se revisaron hangares.

Se buscaron vehículos.

Y en las conferencias de prensa comenzaron a aparecer dos autoridades que posteriormente ocuparían lugares completamente distintos en esta historia:

Eduardo Del Castillo, entonces ministro de Gobierno.

Y Róger Mariaca, entonces fiscal departamental de Santa Cruz.

VII. 3 DE AGOSTO DE 2023: RÓGER MARIACA APARECE COMO EL FISCAL QUE INVESTIGA A MARSET

Cuatro días después del fallido operativo, el 3 de agosto de 2023, Róger Mariaca compareció públicamente.

Era el fiscal departamental de Santa Cruz.

Informó que el Ministerio Público tenía cinco investigaciones abiertas contra Sebastián Marset.

Las causas estaban distribuidas entre fiscalías especializadas en narcotráfico, pérdida de dominio, financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y delitos patrimoniales.

Para entonces ya se habían realizado más de 30 allanamientos y había 13 personas con detención preventiva relacionadas con las investigaciones.

Entre los delitos investigados estaban tráfico de sustancias controladas, tráfico de armas, legitimación de ganancias ilícitas, privación de libertad, robo agravado, lesiones, organización criminal y asociación delictuosa.

La imagen pública era clara:

Marset era el fugitivo.

Mariaca era el fiscal que debía investigarlo.

Nadie podía imaginar entonces cómo terminarían cruzándose nuevamente sus nombres tres años después.

VIII. 4 DE AGOSTO: APARECE EL PRESUNTO OPERADOR FINANCIERO

El 4 de agosto de 2023, el Ministerio Público informó de la aprehensión de un hombre identificado inicialmente por sus iniciales como Erlan o Herlan I.G.L.

La Fiscalía lo investigaba por legitimación de ganancias ilícitas y lo describió como un presunto operador financiero de la organización atribuida a Marset.

Para entonces la cifra de allanamientos ya superaba los 40.

Habían sido secuestrados vehículos, inmuebles, armas, sustancias controladas y dinero.

Al día siguiente, 5 de agosto, un juez dispuso su detención preventiva por 180 días. La Fiscalía sostuvo que había presentado facturas, recibos, movimientos bancarios y otros elementos que no coincidían con la actividad económica declarada por el investigado.

Reportes posteriores identificarían a ese investigado como Erland Ivar García López, alias “El Colla”, señalado como uno de los hombres próximos a Marset.

Su nombre volvería a aparecer años después.

IX. 9 DE AGOSTO: LOS POLICÍAS TAMBIÉN ENTRAN EN LA INVESTIGACIÓN

El 9 de agosto de 2023, Mariaca anunció cuatro citaciones.

Tres correspondían a policías.

Una a un civil.

Los tres efectivos debían declarar dentro de la investigación relacionada con la retención de miembros del CEIP durante el fallido operativo.

El cuarto citado estaba relacionado con la obtención irregular de documentos utilizados por Marset.

El caso comenzaba entonces a dejar de ser solamente una persecución contra un narcotraficante extranjero.

La pregunta se ampliaba:

¿Quiénes habían permitido que Marset pudiera instalarse, documentarse, moverse y finalmente escapar?

X. AGOSTO DE 2023: ROBERTO ARANA Y RONY SUÁREZ

La Fiscalía avanzó también sobre personas que presuntamente habrían prestado servicios a la estructura.

El 17 de agosto de 2023, el Ministerio Público informó que Roberto A.S. y Rony S.M. recibieron detención preventiva por 180 días.

La Fiscalía los investigaba por legitimación de ganancias ilícitas y sostenía que existían documentos que los vinculaban con actividades realizadas para Marset.

En reportes policiales de esa época, Roberto Arana Suárez, conocido como “Robertito”, fue presentado como una persona relacionada con la asistencia legal del entorno.

Rony Suárez Milliet fue vinculado por las autoridades con empresas investigadas dentro del entramado patrimonial.

Otra vez, se trataba de investigaciones y medidas cautelares: no de sentencias definitivas.

XI. 29 DE AGOSTO: MARIACA DEFIENDE LA INVESTIGACIÓN

Un mes después de la fuga, comenzaron los cuestionamientos.

¿Cómo había escapado Marset?

¿Alguien lo había avisado?

¿Por qué Bolivia no había detectado antes que se encontraba en Santa Cruz?

¿Quién lo protegía?

El 29 de agosto de 2023, Róger Mariaca salió nuevamente ante los medios.

Defendió públicamente la actuación de la Fiscalía.

Aseguró que el Ministerio Público realizaba un trabajo “responsable y transparente” y recordó los allanamientos, bienes secuestrados, personas detenidas y procesos abiertos.

Aquellas declaraciones adquirirían otra dimensión tres años después.

XII. SEPTIEMBRE DE 2023: EL PRIMER AUDIO SOBRE UNA POSIBLE ALERTA

Entonces apareció un audio.

En él, supuestamente una autoridad policial habría alertado sobre un operativo destinado a capturar a Marset.

El 4 de septiembre de 2023, Mariaca anunció oficialmente que el Ministerio Público pediría pericias al IITCUP y al Instituto de Investigaciones Forenses para determinar la autenticidad del material.

La sospecha de una filtración policial ya estaba instalada.

Marset también comenzó a difundir mensajes en los que aseguró que había recibido información que le permitió escapar.

Entre las personas mencionadas entonces apareció Ismael Villca, autoridad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

La Fiscalía llegó a considerar citaciones relacionadas con esos señalamientos.

Sin embargo, el entonces ministro Eduardo Del Castillo rechazó posteriormente que la investigación hubiera demostrado que un policía hubiese advertido a Marset.

La existencia de rumores, audios y acusaciones no establecía por sí misma quién había filtrado información.

Pero había nacido uno de los grandes interrogantes que acompañaría al caso:

¿Marset escapaba porque era hábil para ocultarse o porque alguien desde dentro de las instituciones le avisaba antes de que llegara la Policía?

XIII. SEPTIEMBRE DE 2023: LOS DOCUMENTOS DE SU FAMILIA

La investigación sobre documentación falsa tampoco terminó en Marset.

El 5 de septiembre de 2023, la fiscal Mariela Toledo informó que se había establecido la falsedad de documentación utilizada por Sebastián Marset, por su pareja Gianina García Troche y por sus hijos.

El expediente comenzó así a unir piezas de varios años: identidad boliviana, documentos extranjeros, residencia y movimientos migratorios.

La capacidad de Marset para desplazarse bajo diferentes nombres era una de las claves de su supervivencia.

XIV. NOVIEMBRE DE 2023: EL PRÓFUGO SE SIENTA ANTE UNA CÁMARA

Mientras cientos de policías decían buscarlo, Sebastián Marset hizo algo inesperado.

Concedió una entrevista.

La periodista uruguaya Patricia Martín, del programa Santo y Seña, consiguió reunirse con él en un lugar mantenido en secreto.

La entrevista fue difundida el 26 de noviembre de 2023.

Marset apareció tranquilo, con su propia versión de los acontecimientos.

Y lanzó acusaciones directas contra autoridades bolivianas.

Entre ellas, contra Eduardo Del Castillo.

Marset calificó al entonces ministro de corrupto y cuestionó el manejo de dinero y bienes secuestrados después de su fuga.

Del Castillo rechazó públicamente esas afirmaciones y defendió las actuaciones realizadas por las instituciones bolivianas.

Era la primera vez que la confrontación entre Marset y las autoridades bolivianas quedaba expuesta directamente ante una cámara.

No sería la última.

XV. 26 DE DICIEMBRE DE 2023: CAE EL HERMANO DE MARSET

Mientras Sebastián continuaba desaparecido, su círculo familiar comenzó a ser capturado.

El 26 de diciembre de 2023, Diego Nicolás Marset, hermano de Sebastián, fue arrestado en Foz de Iguazú, Brasil.

Interpol informó que utilizaba identidades falsas de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay y que tenía una notificación roja solicitada por Paraguay.

Su captura mostró una característica recurrente de la organización: la utilización de documentación de diferentes países para esconder identidades y desplazamientos.

XVI. 17 DE JULIO DE 2024: DETIENEN A GIANINA GARCÍA TROCHE

La siguiente en caer fue Gianina García Troche, pareja de Sebastián Marset.

Fue detenida el 17 de julio de 2024 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España.

Paraguay solicitaba su extradición por la investigación de A Ultranza Py, fundamentalmente por presuntas operaciones de lavado de dinero.

García Troche era además una de las personas que había acompañado a Marset durante parte de su estadía en Bolivia.

Su situación judicial continuó posteriormente mediante procedimientos de extradición hacia Paraguay.

El círculo se cerraba sobre familiares y colaboradores.

Pero Marset seguía libre.

XVII. 21 DE OCTUBRE DE 2024: EL FISCAL DEL CASO LLEGA A LA CÚSPIDE

Mientras Marset seguía fugitivo, la carrera de Róger Mariaca avanzó.

El 21 de octubre de 2024, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a Mariaca como fiscal general del Estado.

Obtuvo 115 votos de 161 legisladores presentes, alcanzando los dos tercios necesarios.

El 22 de octubre fue posesionado oficialmente para un mandato de seis años.

El fiscal departamental que en agosto de 2023 había anunciado cinco investigaciones contra Marset se convirtió así en la máxima autoridad del Ministerio Público boliviano.

Tres días después, el 25 de octubre de 2024, Mariaca designó a Alberto Zeballos Flores como fiscal departamental de Santa Cruz.

Zeballos también terminaría involucrado en el capítulo final de esta historia.

XVIII. 2025: ESTADOS UNIDOS ENTRA DIRECTAMENTE EN EL CASO

El 21 de mayo de 2025, Estados Unidos hizo pública una acusación federal contra Sebastián Marset.

El Departamento de Justicia informó que el uruguayo estaba acusado ante el Distrito Este de Virginia por una conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

La DEA lo incorporó a su lista de fugitivos más buscados.

Se anunció una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

Según la acusación estadounidense, la organización atribuida a Marset había movido miles de kilogramos de cocaína, en operaciones que podían alcanzar hasta diez toneladas por envío, y utilizaba sistemas financieros para movilizar millones de dólares procedentes del narcotráfico.

La acusación menciona operaciones en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Debe hacerse una precisión jurídica: una acusación federal describe la tesis de la Fiscalía estadounidense. No es por sí misma una sentencia.

XIX. FEDERICO SANTORO: EL HOMBRE DEL DINERO

Estados Unidos ya tenía entonces una pieza fundamental.

Federico Ezequiel Santoro Vassallo, “Capitán”, colaborador de Marset, fue extraditado y procesado.

El 21 de mayo de 2025 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero.

El 23 de julio de 2025 fue condenado a 15 años de prisión.

El Departamento de Justicia estableció además un decomiso superior a 11,5 millones de dólares.

Según la acusación, Santoro facilitaba el movimiento de millones de dólares procedentes de operaciones de narcotráfico entre Europa y Sudamérica.

Para los investigadores estadounidenses, el dinero era tan importante como la droga.

Seguirlo permitía reconstruir la organización.

XX. 26 DE MARZO DE 2025: LA DEA YA HABLABA CON MARSET

Un dato desconocido en ese momento recién se haría público en septiembre de 2026.

Documentos judiciales estadounidenses revelarían que un agente de la DEA había establecido contacto con Marset desde el 26 de marzo de 2025.

El objetivo era persuadirlo para que se entregara.

Marset rechazó la posibilidad.

Esos intercambios mostrarían posteriormente que, mientras Bolivia intentaba localizarlo, Estados Unidos también mantenía canales indirectos de comunicación con él.

El prófugo sabía que lo estaban buscando.

Y continuaba moviéndose.

XXI. 11 DE MARZO DE 2026: BOLIVIA INFORMA QUE LO HA LOCALIZADO

Casi tres años después de su fuga, el cerco finalmente comenzó a cerrarse.

Documentos presentados posteriormente ante la justicia estadounidense señalan que el 11 de marzo de 2026, autoridades bolivianas comunicaron a la DEA que habían localizado a Sebastián Marset y que planeaban detenerlo.

Es un detalle importante porque permite diferenciar dos momentos:

la captura, ejecutada por fuerzas bolivianas;

y la posterior entrega a Estados Unidos, en la que participaron agentes de la DEA.

XXII. MADRUGADA DEL 13 DE MARZO DE 2026: “SE TERMINÓ LA CACERÍA”

Durante aproximadamente dos semanas, grupos especializados habían reducido progresivamente el espacio de búsqueda en Santa Cruz.

La madrugada del 13 de marzo de 2026, efectivos bolivianos ingresaron finalmente a un inmueble de la zona de Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra.

Allí estaba Sebastián Marset.

Después de casi tres años desaparecido, fue capturado.

La DEA reconocería posteriormente que fueron fuerzas del orden bolivianas las que realizaron la captura y que posteriormente transfirieron la custodia del detenido a agentes estadounidenses.

Con Marset fueron detenidas otras personas.

Entre ellas estaba su hermana, Tatiana Verónica Marset Alba, además de tres hombres identificados en los procesos bolivianos como Jaime A.R.P., Yeison J.O.A. y Master S.T.S.

La Fiscalía consiguió posteriormente para ellos detención preventiva por 180 días dentro de investigaciones vinculadas a armas y organización criminal.

Pero la detención de Marset apenas duraría unas horas en territorio boliviano.

XXIII. EL MISMO 13 DE MARZO: BOLIVIA LO ENTREGA A ESTADOS UNIDOS

La decisión fue extraordinariamente rápida.

El Gobierno boliviano dispuso la expulsión de Marset.

Fue trasladado al aeropuerto internacional de Viru Viru y entregado a agentes de la DEA.

El Gobierno sostuvo que la fragilidad del sistema penitenciario boliviano constituía uno de los motivos para realizar el traslado inmediato.

La DEA confirmó que recibió su custodia después de la expulsión y lo escoltó hacia Estados Unidos.

Tres días después, el 16 de marzo de 2026, Marset compareció por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria, Virginia.

Estados Unidos lo procesa por conspiración para lavar dinero proveniente de una organización de narcotráfico.

La pena máxima por el delito que enfrenta puede alcanzar 20 años, si finalmente es declarado culpable.

XXIV. ¿Y LA FISCALÍA BOLIVIANA?

El día de la captura ocurrió algo que después se convertiría en tema de discusión.

Róger Mariaca, ya fiscal general del Estado, declaró que el Ministerio Público no había participado en la planificación del operativo y que se enteró de la captura después de la intervención policial.

Sin embargo, inmediatamente ordenó revisar los procesos pendientes.

Mariaca informó que Marset tenía seis acusaciones formales en Bolivia.

Posteriormente se abrirían otros expedientes.

Para abril, la Fiscalía hablaba de nueve procesos penales vinculados al uruguayo.

Así se producía una extraña paradoja:

Bolivia había capturado al hombre que buscaba desde 2023, pero lo había entregado inmediatamente a otro país mientras aquí seguían abiertas numerosas causas.

XXV. LOS AERÓDROMOS, LOS AVIONES Y LOS BIENES

La captura abrió nuevas investigaciones.

Las autoridades intervinieron propiedades y pistas relacionadas con la estructura.

El Gobierno informó de aeronaves y bienes que representarían un fuerte impacto económico contra la organización.

La Fiscalía realizó inspecciones y abrió nuevas causas.

Entre quienes participaron de estas actuaciones estaban el fiscal departamental Alberto Zeballos y el fiscal de Sustancias Controladas Julio César Porras.

Sus nombres, en ese momento, aparecían del lado institucional de la investigación.

Meses después ambos terminarían aprehendidos.

XXVI. LAS CAJAS FUERTES VACÍAS

Otro episodio llamó la atención.

El 25 de marzo de 2026, autoridades abrieron dos cajas fuertes vinculadas a propiedades intervenidas dentro de las investigaciones de Marset.

Estaban prácticamente vacías.

Alberto Zeballos confirmó el procedimiento.

El hallazgo generó nuevas preguntas sobre bienes, dinero y objetos que pudieron haber sido retirados.

Días después, Mariaca ordenó investigar la eventual pérdida o apropiación de bienes relacionados con los operativos.

El expediente Marset seguía generando expedientes dentro del propio expediente.

XXVII. SEPTIEMBRE DE 2026: MARSET COMIENZA A HABLAR DESDE ESTADOS UNIDOS

Durante varios meses hubo silencio.

Hasta septiembre.

Documentos incorporados al proceso federal estadounidense comenzaron a revelar detalles de las conversaciones que Marset habría sostenido con agentes después de su detención.

Uno de ellos resultó particularmente llamativo.

Según fiscales estadounidenses, Marset dijo voluntariamente que todavía tenía dinero invertido en aproximadamente 10 toneladas de cocaína en Bolivia.

También habló, según los documentos judiciales, de las operaciones del Primeiro Comando da Capital —PCC—, organización criminal brasileña, y del tráfico de armas hacia Bolivia.

Estas declaraciones forman parte de documentos procesales estadounidenses y actualmente son discutidas por la defensa de Marset, entre otras cuestiones respecto de las circunstancias en que fueron obtenidas.

No constituyen automáticamente hechos demostrados.

Pero cambiaron la dimensión boliviana del caso.

XXVIII. APARECE LA HISTORIA DE LOS CUATRO MILLONES DE DÓLARES

El 18 de septiembre de 2026, El Deber publicó información procedente de un reporte de Inteligencia boliviano.

Según ese documento, durante su captura Marset habría intentado comprar su libertad.

Primero habría ofrecido un millón de dólares.

Después habría elevado la oferta hasta cuatro millones.

Los policías habrían rechazado el ofrecimiento.

El mismo reporte mencionó preocupación por posibles filtraciones de información que obligaron a acelerar la operación.

Nuevamente aparecía la palabra que había perseguido el caso desde 2023:

filtración.

XXIX. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026: ESTADOS UNIDOS APUNTA DIRECTAMENTE A RÓGER MARIACA

El lunes 28 de septiembre de 2026, ocurrió el giro que transformó completamente la historia.

El Departamento de Estado estadounidense anunció restricciones de visa contra 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de cuatro países latinoamericanos.

Entre ellos figuraba el fiscal general de Bolivia:

Róger Mariaca.

La acusación de Washington fue directa.

Según documentos citados por Associated Press, Mariaca era acusado de abusar de su cargo público, solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evitar la justicia.

Era una acusación internacional de enorme gravedad.

Pero seguía siendo una acusación.

La restricción migratoria estadounidense no constituye una sentencia penal boliviana ni reemplaza un proceso judicial.

Mariaca reaccionó públicamente.

Negó las acusaciones.

Sostuvo que existía presión política sobre el Ministerio Público y aseguró que las investigaciones de su despacho continuarían. AP registró ambas posiciones: la acusación estadounidense y la respuesta de Mariaca.

La paradoja era inevitable.

El hombre que en 2023 aparecía ante las cámaras anunciando allanamientos contra Marset ahora era señalado por Estados Unidos por supuestamente favorecer al narcotráfico.

XXX. 30 DE SEPTIEMBRE: UNA JUEZA TAMBIÉN ENTRA EN EL FOCO

En las horas previas al desenlace comenzaron a aparecer otros nombres.

Uno fue el de la jueza Livia Alarcón.

El Consejo de la Magistratura inició una revisión de su despacho después de que circularan imágenes y versiones que aseguraban que una mujer vinculada a un vehículo habría estado en inmediaciones del inmueble de Las Palmas donde Marset fue capturado horas después.

Alarcón negó categóricamente ser esa persona.

Afirmó que su vehículo no coincidía con el mostrado y pidió una revisión técnica del material.

El punto merece especial cuidado:

hasta ese momento no existía una determinación judicial que estableciera que la jueza hubiese visitado a Marset.

El dato relevante era otro.

Alarcón había intervenido anteriormente en procesos relacionados con personas investigadas dentro del entorno del uruguayo, incluido Erland Ivar García, “El Colla”.

Eso justificaba preguntas periodísticas.

No una condena anticipada.

XXXI. 30 DE SEPTIEMBRE: LA ACUSACIÓN DE UNA SUPUESTA REUNIÓN

Ese mismo miércoles apareció otra versión.

La periodista Amalia Pando sostuvo que Mariaca se habría reunido con Marset aproximadamente diez días antes de que el uruguayo fuera enviado a Estados Unidos.

La Fiscalía General reaccionó mediante el Comunicado FGE N.º 008/2026.

Negó la reunión.

Calificó la versión como falsa.

Exigió que se presentaran pruebas y, de no existir, pidió una retractación pública.

Hasta hoy esa supuesta reunión debe tratarse periodísticamente como una afirmación públicamente negada por la Fiscalía y no demostrada.

Pero mientras esa discusión ocurría, comenzaba a circular otro material mucho más explosivo.

XXXII. EL VIDEO: “MARIACA ES MI AMIGO”

La noche del 30 de septiembre de 2026 comenzó a difundirse un video atribuido a las horas posteriores a la captura de Sebastián Marset.

En la grabación se observa al uruguayo conversando con agentes.

Uno de los interlocutores menciona el nombre de Mariaca.

Marset responde llamándolo su “amigo”.

Cuando le preguntan si mantiene comunicación con él, responde afirmativamente y asegura que le avisaba o informaba determinadas cosas. ANF y otros medios reprodujeron el contenido del registro.

Aquí existe una diferencia fundamental entre una noticia responsable y una sentencia mediática:

El video es relevante.

Lo que Marset dice es relevante.

Pero lo afirmado por Marset no demuestra por sí solo la existencia de una relación ilícita con Mariaca.

Además deben determinarse técnicamente la autenticidad, integridad, fecha, origen, cadena de custodia y contexto completo de la grabación. Red Uno también señaló expresamente que esos aspectos requieren verificación oficial o pericial.

XXXIII. EL AUDIO DE LOS US$ 500.000

Después apareció algo todavía más grave.

Un audio con una voz atribuida a Sebastián Marset.

En él, el uruguayo afirma que habría pagado US$ 500.000 para poder quedarse en Bolivia.

Menciona directamente a Róger Mariaca.

Menciona a Eduardo Del Castillo.

Y menciona al capitán Rubén Aparicio Villarroel.

Según la versión atribuida a Marset, Aparicio habría sido un intermediario y Mariaca habría participado en los contactos con Del Castillo.

El audio también atribuye a Marset la afirmación de que se entregaba una “mensualidad” a una persona a la que denomina “Sonia”, nombre con el que en la conversación se vincula al entonces ministro Eduardo Del Castillo.

ANF publicó además que, según el registro difundido, Marset sostuvo haber llegado en un vuelo privado procedente de Arica y afirmó que Aparicio ya tenía contacto con personas de su entorno.

La acusación era explosiva.

Pero debe escribirse exactamente así:

Marset lo afirma en un audio atribuido a él.

No existe, al momento de esta reconstrucción, una sentencia que haya probado que Mariaca, Del Castillo o Aparicio recibieron ese dinero.

Tampoco debe confundirse la difusión periodística del audio con una pericia forense que certifique todo su contenido.

XXXIV. 30 DE SEPTIEMBRE, NOCHE: MARIACA ATERRIZA EN VIRU VIRU

Mientras los audios y videos comenzaban a circular, Róger Mariaca viajaba desde Sucre hacia Santa Cruz.

Con él estaba el fiscal departamental cruceño Alberto Zeballos.

La noche del miércoles 30 de septiembre, el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Viru Viru.

Mariaca no salió como un pasajero normal.

Efectivos de Inteligencia lo interceptaron.

El fiscal general del Estado fue aprehendido.

También Zeballos.

ABI confirmó que ambos fueron detenidos en predios del aeropuerto.

La noticia parecía increíble por su velocidad.

Tres años antes, Mariaca informaba desde Santa Cruz que perseguía a la organización de Marset.

Ahora era él quien estaba bajo custodia policial.

XXXV. LA FISCALÍA DENUNCIA UN “SECUESTRO”

La tensión se trasladó inmediatamente a Sucre.

Efectivos del Centro Especial de Inteligencia Policial ingresaron a instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Funcionarios del Ministerio Público realizaban una transmisión pública cuando comenzó la intervención.

Personal de la Fiscalía calificó la detención de Mariaca como un “secuestro” y cuestionó que no se les mostrara el sustento legal de la actuación.

Esa palabra corresponde a la denuncia de funcionarios del Ministerio Público; no significa que jurídicamente se haya establecido que la Policía cometió un secuestro.

Hasta las primeras horas del 1 de octubre, las circunstancias, órdenes y delitos específicos que sustentaban varias de las aprehensiones todavía no habían sido explicados integralmente de manera pública.

XXXVI. LA OPERACIÓN SE EXTIENDE A TRES DEPARTAMENTOS

Pero Viru Viru era apenas el comienzo.

Durante la noche se desplegaron acciones simultáneas en Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca.

El operativo alcanzó a fiscales, policías, exautoridades y funcionarios.

El Deber reportó entre los aprehendidos a:

Róger Mariaca, fiscal general del Estado.

Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz.

Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno.

Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.

Rubén Aparicio Villarroel, capitán de Policía.

Además se reportaron actuaciones contra otros funcionarios y policías vinculados a la investigación.

En Santa Cruz también fue aprehendido Julio César Porras, coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de la Fiscalía.

Porras fue interceptado durante la intervención de oficinas fiscales y trasladado posteriormente hacia Viru Viru.

Otros reportes periodísticos incluyeron al coronel Ángel Morales, exautoridad de la FELCN, dentro de las personas alcanzadas por los operativos.

La información continuaba desarrollándose durante la madrugada.

XXXVII. EDUARDO DEL CASTILLO TAMBIÉN ES APREHENDIDO

Poco después de la medianoche del 1 de octubre de 2026, se confirmó otro nombre de enorme peso político.

Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno durante gran parte de la administración de Luis Arce, fue aprehendido en La Paz.

ANF confirmó el reporte y recordó que Marset ya había lanzado acusaciones contra Del Castillo desde su entrevista de noviembre de 2023.

Los medios informaron además sobre la aprehensión de dos personas que habían trabajado como jefes de gabinete y de un efectivo policial relacionado con los nuevos señalamientos.

Del Castillo había sido una de las principales caras gubernamentales de la persecución contra Marset en 2023.

Ahora también estaba bajo custodia.

La historia comenzaba a cerrarse sobre quienes años antes habían aparecido públicamente como responsables de encontrar al fugitivo.

XXXVIII. MARTÍN IRUSTA Y JULIO PORRAS

Otro de los aprehendidos fue el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores.

Su nombre también había aparecido entre funcionarios bolivianos alcanzados por restricciones migratorias estadounidenses.

El Deber reportó su aprehensión durante los operativos de la noche.

En Santa Cruz fue detenido además el fiscal antidrogas Julio César Porras.

Porras había tenido participación directa en actuaciones posteriores a la captura de Marset.

Su aprehensión adquiere especial importancia porque era coordinador de una unidad precisamente encargada de investigar delitos de sustancias controladas.

Nuevamente, aprehensión no significa culpabilidad.

Cada una de estas personas tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, contar con defensa y ser sometida a control judicial.

XXXIX. ALBERTO ZEBALLOS: DEL EQUIPO INVESTIGADOR A LA APREHENSIÓN

El caso de Alberto Zeballos tiene también una peculiaridad.

Mariaca lo había designado fiscal departamental de Santa Cruz el 25 de octubre de 2024.

Después de la captura de Marset en marzo de 2026, Zeballos participó en la comisión fiscal que investigó los nuevos hechos.

Estuvo relacionado con procedimientos sobre bienes.

Informó públicamente sobre las cajas fuertes encontradas vacías.

Y continuó encabezando la Fiscalía de un departamento central para el caso.

El 30 de septiembre fue aprehendido junto a Mariaca en Viru Viru.

Así, dos de las autoridades que habían dirigido investigaciones relacionadas con Marset terminaron siendo alcanzadas por una operación cuyo trasfondo también estaba siendo relacionado con el uruguayo.

XL. RUBÉN APARICIO: EL NOMBRE QUE APARECE EN EL AUDIO

El capitán Rubén Aparicio Villarroel adquiere importancia porque su apellido aparece directamente en el audio atribuido a Marset.

Según aquella conversación, Aparicio habría servido de contacto o intermediario.

Después de difundirse el material, medios nacionales reportaron también su aprehensión.

El nexo, sin embargo, debe probarse.

Será necesario establecer si existieron comunicaciones.

Movimientos de dinero.

Reuniones.

Registros telefónicos.

Viajes.

Contactos con terceros.

O cualquier otro elemento independiente capaz de corroborar las palabras atribuidas a Marset.

Sin esa corroboración, la grabación continúa siendo una declaración que debe investigarse.

XLI. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL AUDIO?

Porque, si algún día pudiera verificarse con evidencia independiente, cambiaría el corazón del caso.

Hasta 2023 la gran pregunta era:

¿cómo escapó Marset?

Desde septiembre de 2026 la pregunta es mucho más profunda:

¿pudo permanecer en Bolivia porque consiguió protección dentro del propio Estado?

Son preguntas diferentes.

La primera apunta a una falla operativa.

La segunda implicaría —si llegara a comprobarse judicialmente— una estructura de protección institucional.

Y ese salto no puede establecerse únicamente porque Marset lo diga.

Para demostrar una red de esa naturaleza se necesitarían transferencias de dinero, comunicaciones, registros de llamadas, geolocalización, testimonios corroborados, documentos, movimientos bancarios, evidencia digital y otros elementos independientes.

XLII. LOS PRINCIPALES PERSONAJES DE LA HISTORIA

Sebastián Enrique Marset Cabrera es el centro del caso. Uruguayo, utilizó varias identidades, fue investigado como uno de los líderes de A Ultranza Py, escapó en Bolivia en julio de 2023, permaneció prófugo hasta marzo de 2026 y actualmente enfrenta un proceso federal en Estados Unidos.

Gianina García Troche, pareja de Marset, fue investigada dentro de A Ultranza, utilizó documentación cuestionada durante la estadía familiar en Bolivia, fue detenida en España en julio de 2024 y quedó sometida a un proceso de extradición hacia Paraguay.

Diego Nicolás Marset, hermano del uruguayo, fue buscado por Paraguay y detenido en Brasil en diciembre de 2023.

Tatiana Verónica Marset Alba, hermana de Sebastián, fue aprehendida junto a él durante el operativo del 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz.

Miguel Ángel Insfrán Galeano, “Tío Rico”, fue identificado por fiscales paraguayos junto a Marset como uno de los presuntos líderes de la estructura investigada en A Ultranza Py.

Federico Ezequiel Santoro Vassallo, “Capitán”, fue señalado como uno de los operadores financieros próximos a Marset. Se declaró culpable en Estados Unidos y en julio de 2025 recibió una condena de 15 años por lavado de dinero.

Erland Ivar García López, conocido como “El Colla”, fue señalado en Bolivia como presunto operador o testaferro de la estructura. Su situación procesal atravesó distintas etapas y posteriormente volvió a ser mencionado en relación con decisiones judiciales que actualmente son revisadas.

Roberto Arana Suárez, “Robertito”, fue investigado por legitimación de ganancias ilícitas y por actividades que la Fiscalía vinculó al entorno de Marset.

Rony Suárez Milliet también fue procesado en 2023 dentro de las investigaciones patrimoniales y recibió detención preventiva.

Róger Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz cuando Marset escapó en 2023. Encabezó públicamente varias de las investigaciones, fue elegido fiscal general en octubre de 2024, fue acusado por Estados Unidos en septiembre de 2026 de solicitar y recibir sobornos vinculados al narcotráfico —acusación que rechazó— y fue aprehendido la noche del 30 de septiembre de 2026.

Alberto Zeballos fue designado fiscal departamental de Santa Cruz por Mariaca en octubre de 2024, participó en actuaciones posteriores a la captura de Marset y fue aprehendido junto al fiscal general en Viru Viru.

Julio César Porras, coordinador de la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz, participó en actuaciones relacionadas con las investigaciones posteriores a la captura y fue aprehendido durante el operativo de la noche del 30 de septiembre.

Eduardo Del Castillo fue ministro de Gobierno durante la fuga y persecución de Marset en 2023. Marset lo acusó públicamente ese mismo año. Un nuevo audio atribuido al uruguayo lo menciona en 2026 dentro de un supuesto acuerdo económico. Del Castillo fue aprehendido en La Paz durante la madrugada del 1 de octubre.

Rubén Aparicio Villarroel, capitán de Policía, aparece mencionado en el nuevo audio atribuido a Marset como supuesto intermediario. Su aprehensión también fue reportada durante los operativos.

Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior, fue alcanzado por restricciones migratorias estadounidenses y posteriormente aprehendido en los operativos del 30 de septiembre.

Ángel Morales, exautoridad policial vinculada a la lucha antidroga, fue incluido por reportes periodísticos entre los alcanzados por la operación de esa noche.

Ismael Villca, autoridad antidrogas durante la crisis de 2023, había sido mencionado por Marset en antiguas acusaciones sobre una supuesta alerta policial. Esas afirmaciones fueron cuestionadas por el Gobierno de entonces.

Livia Alarcón, jueza cuyo despacho fue sometido a revisión por el Consejo de la Magistratura después de versiones sobre una supuesta presencia cerca del inmueble de Marset, negó ser la persona mostrada en las imágenes y pidió verificación técnica.

Patricia Hermosa, entonces directora del Segip, fue una de las autoridades que explicó las irregularidades en la documentación boliviana de Marset y anunció la destitución de funcionarios.

Rebeca Barboza Achacollo, exfuncionaria de Migración, fue mencionada e investigada en relación con trámites documentales. Su aparición en la investigación no equivale a una sentencia ni demuestra por sí sola participación delictiva.

XLIII. LO QUE ESTÁ DEMOSTRADO

A esta altura existen hechos que no dependen de interpretaciones.

Marset ingresó a Bolivia en 2018.

Obtuvo documentación con una segunda identidad en 2019.

Fue detenido en Dubái en 2021.

Fue identificado como uno de los presuntos líderes de A Ultranza Py en 2022.

Regresó a Bolivia con otra identidad.

Escapó de un operativo policial en julio de 2023.

La Fiscalía de Santa Cruz abrió cinco investigaciones bajo la gestión de Róger Mariaca.

Marset permaneció prófugo durante casi tres años.

Mariaca fue elegido fiscal general en 2024.

Estados Unidos abrió formalmente un proceso federal contra Marset.

La Policía boliviana lo capturó el 13 de marzo de 2026.

Bolivia lo expulsó y entregó a la DEA.

Marset compareció ante un tribunal estadounidense el 16 de marzo.

Estados Unidos restringió la visa de Mariaca el 28 de septiembre y lo acusó públicamente de corrupción vinculada con el narcotráfico.

El 30 de septiembre comenzaron a difundirse videos y audios atribuidos a Marset.

Y esa misma noche Mariaca y varias autoridades, exautoridades, policías y fiscales fueron aprehendidos.

Todo eso puede documentarse.

XLIV. LO QUE TODAVÍA NO ESTÁ PROBADO

No está judicialmente probado, al momento de esta publicación, que Mariaca haya recibido dinero de Marset.

No está probado que Eduardo Del Castillo haya recibido los US$ 500.000 o mensualidades mencionados en el audio.

No está probado judicialmente que el capitán Aparicio haya funcionado como intermediario.

No está demostrada públicamente la supuesta reunión entre Mariaca y Marset mencionada por Amalia Pando; la Fiscalía la negó.

Tampoco puede darse por establecido, sin pericia, que todos los audios y videos divulgados estén completos, intactos y libres de edición.

Y las aprehensiones de la noche del 30 de septiembre tampoco constituyen sentencias.

Los investigados mantienen su presunción de inocencia.

XLV. LA PREGUNTA QUE QUEDA PARA BOLIVIA

Quizá la historia del caso Marset pueda resumirse en una contradicción.

Durante años, Sebastián Marset consiguió moverse utilizando nombres distintos.

Obtuvo documentos.

Entró y salió.

Residió en Santa Cruz.

Construyó relaciones.

Movió bienes.

Jugó fútbol.

Administró o utilizó empresas.

Escapó cuando estaba a punto de ser capturado.

Desapareció durante casi tres años.

Y cuando finalmente cayó, algunos de los hombres que públicamente habían tenido la misión de perseguirlo comenzaron a ser señalados.

Eso no demuestra que todos esos funcionarios hayan formado parte de una red criminal.

Pero sí obliga a investigar una pregunta que ya no puede contestarse únicamente con conferencias de prensa:

¿cómo pudo Sebastián Marset operar durante tanto tiempo en Bolivia?

Si existió protección institucional, ¿quién la dio?

Si hubo pagos, ¿cómo se hicieron?

Si existieron intermediarios, ¿quiénes fueron?

Si recibió información reservada, ¿desde qué oficinas salió?

Si hubo funcionarios honestos que intentaron capturarlo mientras otros filtraban información, ¿quién estaba de cada lado?

Y si las acusaciones difundidas en estas últimas horas son falsas, también debe establecerse mediante pruebas.

Porque el caso ya superó a Sebastián Marset.

Ahora examina a las instituciones que debían perseguirlo.

EPÍLOGO: DE INVESTIGADOR A INVESTIGADO

Hay una imagen que resume la transformación.

3 de agosto de 2023.

Róger Mariaca aparece frente a los medios en Santa Cruz.

Habla como fiscal departamental.

Informa de cinco investigaciones contra Sebastián Marset.

Promete llegar hasta los integrantes de la organización.

30 de septiembre de 2026.

Tres años y dos meses después.

Mariaca aterriza en Viru Viru.

Ya no es fiscal departamental.

Es fiscal general del Estado.

Pero esta vez no está esperando a los periodistas para informar sobre Marset.

Lo esperan efectivos de Inteligencia.

Es aprehendido.

Casi simultáneamente, la Policía ingresa a instalaciones de la Fiscalía.

En La Paz es aprehendido Eduardo Del Castillo.

En Santa Cruz son detenidos fiscales y policías.

Y mientras esas operaciones se ejecutan, circulan por teléfonos y redes sociales las palabras atribuidas al hombre que durante años todos decían perseguir.

Sebastián Marset.

El fugitivo había sido capturado seis meses antes.

Pero el caso Marset apenas estaba comenzando a revelar su capítulo más delicado.

El capítulo en el que la investigación dejó de mirar solamente al narcotraficante y comenzó a mirar hacia el interior del Estado boliviano.

Nota metodológica

Este reportaje fue reconstruido a partir de publicaciones oficiales del Ministerio Público boliviano, Ministerio Público de Paraguay, DEA y Departamento de Justicia de Estados Unidos; documentación y comunicaciones oficiales sobre operaciones antidroga; y publicaciones de Associated Press, ANF, ABI, El Deber, ERBOL, Red Uno, medios paraguayos y uruguayos. Las acusaciones contra personas que no cuentan con sentencia ejecutoriada se presentan como tales, respetando la presunción de inocencia.

Cierre de información: primeras horas del 1 de octubre de 2026. Debido a que las aprehensiones de Róger Mariaca, Eduardo Del Castillo y otros investigados se produjeron apenas horas antes de esta reconstrucción, todavía falta conocer públicamente en su integridad las órdenes, imputaciones, elementos probatorios y decisiones judiciales que determinarán la situación procesal de cada uno.

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