La Paz, 09 de noviembre, (FmBolivia).- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) anunció que realizará una nueva inspección en el área minera Boopi, en el sector de Charoplaya, municipio de La Asunta, después de recibir denuncias sobre la presunta continuidad de actividades de explotación ilegal, pese a que en septiembre de 2025 dispuso la suspensión total de esas operaciones.
La respuesta, fechada el 26 de octubre de 2026 y dirigida al secretario general de la comunidad Charoplaya, Félix Quispe Atincore, confirma que la Dirección Departamental de La Paz de la AJAM emitió el 4 de septiembre de 2025 la Resolución Administrativa AJAM-DEP-LP/MIN-ILEGAL/RES-ADM/5/2025, mediante la cual ordenó suspender las actividades mineras ilegales en el área identificada con el Código Único 2020843.
Según el documento, los nuevos hechos denunciados serán remitidos a la instancia técnica competente para su evaluación y se coordinará una inspección in situ para verificar las condiciones del lugar, establecer si las operaciones persisten y determinar su eventual relación con el incumplimiento de la resolución de suspensión.
Los resultados de esa verificación serán incorporados a un informe técnico que servirá de base para definir posteriores actuaciones administrativas y eventuales comunicaciones a otras autoridades. La AJAM no precisó una fecha para realizar la inspección.
Sobre la solicitud de incautación de maquinaria y equipos, la institución sostuvo que esa medida debe distinguirse de sus competencias administrativas y que los elementos obtenidos serán puestos en conocimiento del Ministerio Público cuando corresponda.
La AJAM también confirmó que en sus antecedentes figura una denuncia penal formalizada el 18 de septiembre de 2025, registrada con el Código Único CUD 201102012506651. No obstante, aclaró que no puede certificar el estado actual de la investigación ni las actuaciones desarrolladas por la Fiscalía.
Finalmente, la respuesta indica que el trámite administrativo relacionado con el área se encuentra en etapa de consulta previa, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la legalidad de las actividades denunciadas.
